La mano dura y un episodio paradigmático

En la columna editorial de cada lunes, La Arena Vernácula, un repaso a algunos de los temas que quedaron de la semana que se fue: la escalada del discurso a favor de la mano dura, y un nuevo capítulo en la crisis sanitaria de Santa Rosa.

Una de cal...

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Pese a las innegables y feroces presiones del poder político, una instancia superior del Poder Judicial estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de fijar posición frente a una problemática que necesariamente marcará el destino de los ciudadanos: ratificó, y en realidad agravó, el procesamiento del policía que baleó fatalmente por la espalda a un joven delincuente.

Ese efectivo, Luis Chocobar, quedó procesado por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

La medida judicial es también, y siempre salvando las distancias, un alivio para los pampeanos, puesto que en nuestra provincia -con la excusa de que las encuestas piden “mano dura”- hay una equivalente tendencia a liberar de culpa y cargo los excesos policiales, a ningunear la defensa de los Derechos Humanos y a facilitar mecanismos que por acción u omisión les otorguen una suerte de carta blanca a los uniformados.

Aunque las peores consecuencias de esa política se padecen en las grandes ciudades argentinas, en La Pampa no es un tema menor: hay más de 1.000 denuncias que involucran a policías por casos de violencia institucional.

Antes, durante y después de la decisión de la Sala VI de la Cámara de Casación, el Ejecutivo nacional no dudó en respaldar el violento accionar policial, al punto de convertirlo en una suerte de ejemplo de una “nueva doctrina de la seguridad”, propagandizada por la ministra del área, Patricia Bullrich, con el padrinazgo del presidente de la Nación y el constante guiño que para el caso de nuestra provincia se prodiga con su par Juan Carlos Tierno.

Las declaraciones de Mauricio Macri respecto del tema, incluso después de la decisión judicial, completaron un poco saludable combo que parece ir exactamente en contra de lo que esas mismas bocas prodigaban a modo de promesa en la campaña electoral: el “republicanismo”, el respeto a la ley, la “independencia de poderes” y, sobre todo, la idea de “unir a los argentinos”.

La propaganda de la violencia uniformada que hace el Gobierno Nacional no es gratuita ni sus consecuencias pueden medirse en el corto plazo, pero son claramente una decisión política: el macrismo defendió a la Gendarmería ante la desaparición de Santiago Maldonado, apoyó a la Prefectura tras el asesinato de Rafael Nahuel y respalda a Chocobar luego de este homicidio, un peligroso camino cargado de coherencia.

Esos episodios no solo no son aislados y van en un mismo sentido, sino que se compadecen con otros que marcan el camino sugerido para el futuro: la represión de la protesta social es un hecho y cuenta ya con varios ejemplos de un listado, desde Cresta Roja y Pepsico hasta las jornadas en que se debatió el ajuste sobre los jubilados.

Ese accionar, esa tensión que se respira en el aire de la relación entre el Estado y los ciudadanos más atacados por el plan económico, a su vez es bajada como política de Estado hacia las jurisdicciones provinciales y municipales: de ahí que, en un contexto en que poderosos sectores del Poder Judicial lucen dispuestos a avalar y exacerbar esa misma lógica, es un alivio que un organismo superior haya fallado tomando en cuenta la ley y la Constitución y no los deseos presidenciales.

...y una de arena

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Un episodio puntual, casi anecdótico, se volvió sin embargo paradigmático para las formas de funcionamiento estatal que tienen que soportar los vecinos de una ciudad (Santa Rosa) que supo ser ejemplo de vida saludable y que atraviesa posiblemente el peor momento de su historia.

Una ciudadana que desde hace meses le advierte al municipio sobre una pérdida de agua en la zona en que reside nunca fue tomada en cuenta por las autoridades, pese a que usó mil y un modos de comunicación para hacer notar esa anomalía que le provoca padecimientos personales, pero que en realidad perjudica a toda la comunidad.

Cuando se decidieron a intervenir las autoridades -sordas y mudas durante meses, se insiste- fue para aplicarle una multa a la misma vecina que hacía los avisos: la acusaron incorrectamente de un “derroche” que en realidad provenía de otro domicilio y dejaron que el inconveniente permaneciera, como si tal cosa, demostrando lo que la propia ciudadana bien definió como “terrible inoperencia”.

En la semana que se fue, al menos una voz oficialista -la de la concejala Claudia Giorgis- aceptó públicamente que la actual gestión comunal tiene serios problemas para dar respuesta a los reclamos vecinales: se adivinó por fin una autocrítica vinculada con la imposibilidad de soluciones concretas frente a las demandas de los habitantes.

Porque en general la administración de Leandro Altolaguirre ha esquivado sus propias responsabilidades en lo que es la situación de la capital pampeana: el jefe comunal se ha cansado de aludir a la “pesada herencia”, sobre la que le caben unas cuantas razones puesto que su inmediato antecesor en el cargo (Luis Larrañaga) fue ejemplo paradigmático de impericia y desidia, del mismo modo que otros intendentes tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias.

Pero tampoco puede ser la única respuesta de una gestión municipal la búsqueda de culpables que siempre están en otro lado: la comuna ha encontrado chivos expiatorios, según el caso, no solo en las gestiones del PJ de los 35 años de democracia (ese período de tiempo incluye el paso de Francisco Torroba), sino también en el Gobierno Provincial, la Cooperativa Popular de Electricidad, los empleados municipales y su organización sindical, la oposición legislativa (hasta los concejales oficialistas cayeron bajo la crítica de Altolaguirre), los propios vecinos, diversos organismos y hasta oficinas del Gobierno Nacional, según cómo estuvieran los humores ese día.

En la búsqueda de responsables, también cayeron algunas empresas, que ahora son protagonistas de una paradoja de difícil solución: la firma Jubete, denunciada penalmente por el municipio a raíz de las irregularidades cometidas en la obra de cloacas del barrio Butaló, es la que hizo la oferta más conveniente para afrontar la obra de remodelación de la Circunvalación, que es una de las más importantes que tiene para mostrar la administración actual.

Como sea, la gestión de Altolaguirre ya inició su tercer año de gestión, un tiempo suficiente como para tener un perfil propio y hacerse cargo, y un plazo lógico en el que deben darse respuestas concretas a las demandas sectoriales y de la comunidad en general.

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