Casación anuló la absolución de diez imputados por delitos de lesa humanidad en Neuquén

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos interpuestos por la defensa de los condenados por delitos de lesa humanidad en el marco del juicio "La Escuelita IV", anuló las absoluciones y reenvio la causa para que el Tribunal Oral Federal de Neuquén dicte un nuevo pronunciamiento.

De esta manera, el tribunal hizo lugar parcialmente a la presentación efectuada por el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, Miguel Ángel Palazzani, y el titular de la Fiscalía general N° 4 ante la ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, y las querellas que representan a organismos de derechos humanos.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemingnani anularon las absoluciones dispuestas y el rechazo a la aplicación del artículo 19° inc. 4° del Código Penal y reenviaron la causa para que el Tribunal Oral Federal de Neuquén dicte un nuevo pronunciamiento.

El 30 de noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a los ex militares Oscar Lorenzo Reinhold, Néstor Rubén Castelli, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Hilarión de la Pas Sosa, Gustavo Viton, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Jorge Héctor Di Pasquale, Sergio Adolfo San Martín y Raúl Antonio Guglielminetti; a los ex policías de la provincia de Río Negro Antonio Alberto Camarelli, Miguel Ángel Quiñones y Saturnino Martínez; al ex policía de la Provincia de Neuquén José Emilio Rozar; y a los ex policías federales Jorge Alberto Soza y Miguel Ángel Cancrini, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención denominado "La Escuelita IV", que funcionó bajo la órbita del Ejército en la provincia de Neuquén.

Asimismo, los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido absolvieron a Luis Sires –ex teniente Primero- y a los ex policías Gerónimo Enerio Huircaín, Julio Héctor Villalobo y Gustavo Alberto Sommer.

Igual temperamento adoptaron respecto de los condenados, quienes fueron absueltos en relación a las imputaciones de aplicación de tormentos agravada por resultar la víctima un perseguido político, abuso deshonesto y violación doblemente agravada por ser el encargado de la guarda y con el concurso de dos o más personas y privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia.

La decisión fue recurrida por las querellas que representaban organismos de Derechos Humanos, por el fiscal general Palazzani –a cargo de la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de Neuquén-, y por las defensas técnicas de los condenados: los recursos fueron concedidos y mantenidos en la instancia oportuna por el fiscal general De Luca.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal solicitaba la revocatoria de las absoluciones dictadas en favor de Cancrini, Di Pasquale, Laurella, Molina Ezcurra, Reinhold, Rozar, San Martín, Sommer y Soza.

Asimismo, adujo que la sentencia recurrida comportaba una errónea interpretación del Código Penal, y tildó de "arbitraria la valoración de la prueba plasmada en la sentencia", indicó el sitio oficial del Ministerio Público.

La Sala IV analizó las absoluciones por cada víctima y sostuvo que "el razonamiento seguido por el Tribunal en relación con la absolución del imputado, en orden a los delitos de privación ilegal de la liberad agravada por el empleo de violencia y tormentos agravados por resultar la víctima perseguido político, carece de fundamentación necesaria para ser considerado como acto jurisdiccional válido".

"De la confrontación de las circunstancias fácticas del caso y los fundamentos brindados por el sentenciante para el explicar el delito de tormentos, se advierte una contradicción con las consideraciones luego esgrimidas que llevaron a desechar la verificación del delito de tormentos agravados", indicó.

También se hizo lugar al recurso en lo relativo a la absolución de los imputados por los hechos de violación en forma reiterada y abuso sexual "pues el a quo no valoró debidamente las particularidades propias de esta clase de delitos –que afectan la integridad sexual- en donde la declaración de la propia víctima resulta un elemento de prueba sustancial, a los efectos de la acreditación de los hechos denunciados".

Asimismo, en relación al delito de tormentos, cuestionó que no se considerara "la jerarquía funcional que detentaba el encartado, su conocimiento acerca del plan de ataque sistemático a la población y/o el estrecho vínculo entre la Jefatura de Policía y el Comando de Brigada de Montaña IV de Neuquén, a fin de evaluar su conocimiento relativo a que a las víctimas puestas a disposición del Ejercito se les aplicarían tormentos". .

Finalmente, la Sala IV sostuvo "que la imbricación de los hechos de violación dentro del plan es una circunstancia objetiva que no puede quedar de soslayo, y ésta es la razón que impone considerar que los hechos sean interpretados como parte del plan" y agregó que "la verificación de la existencia del plan es lo que otorga a los hechos la calificación de injustos imprescriptibles, puesto que en el marco de ese mismo plan han sido perpetrados".

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