"Los promotores del golpe hoy manejan los resortes del poder"

En la reanudación de las audiencias del juicio de la Subzona 14 II, Miguel Ángel Mingote, un estudiante universitario secuestrado durante tres años y medio, confió que siente "frustración y dolor" por las consecuencias aun vigentes de la última dictadura.

Una de las víctimas de la última dictadura militar, Miguel Ángel Mingote, que declaró este martes en el juicio de la Subzona 14 II, sostuvo que siente “dolor y frustración” porque, según interpretó, los “factores que promovieron” el último golpe militar en el país, continúan actualmente “manejando los resortes del poder”.

Mingote fue uno de los tres testigos que declaró durante la reanudación del debate. Era estudiante universitario, de la Facultad de Económicas, y tenía militancia política, cuando en febrero del ‘77 fue citado a la Seccional Primera y lo detuvieron. Encapuchado, lo interrogaron ese mismo día y quedó secuestrado. Recuperó la libertad recién después de tres años y medio.

Frente a los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, el testigo reveló que le aplicaron picana y golpes durante al menos dos interrogatorios. Prefirió ahondar en detalles de la tortura. “Me preguntaban si tenía militancia política, si hacia actividad en contra del gobierno, qué contactos tenía”, contó.

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En la Primera estuvo en un calabozo, siempre con los ojos vendados, donde, dijo, pasó mucho miedo. Sus familiares hablaron con los militares Luis Enrique Baraldini y Amarante para reclamar por su situación, según contó, aunque aclaró que sus captores directos nunca se identificaron ni pudo verlos.

Luego de diez días lo trasladaron a la Unidad 4. Y después de unos meses lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata, en avión, esposado y encadenado, con golpes durante la travesía. Resultó finalmente absuelto en una causa por asociación ilícita que llevó adelante el juez Federal, Walter Lema, una vez que blanquearon su detención.

Recién salió en libertad vigilada en junio de 1980, cuando retomó los estudios y se recibió de contador, para volver a 9 de Julio. “No me considero ni víctima ni héroe. De algún modo siento más frustración y dolor por aquellos ideales de la juventud, vista la realidad que soporta nuestro país, una sociedad donde se sigue incrementando la pobreza y la desigualdad social, y se violan los derechos humanos en democracia. Los factores que promovieron aquel golpe de estado son los que hoy manejan los resortes del poder”, señaló ante los jueces.

“Si bien hay un juzgamiento, no tengo odio, ni rencor, ni venganza, sí quiero que haya justicia y que los acusados gocen de la presunción de inocencia que nosotros no tuvimos”, completó.

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Días “terribles”

También declaró Dora Haydée Zapata, una mujer que en el ’77 viajó desde Buenos Aires con sus dos niños y su marido, Carlos Alberto Enrique, para visitar a un tío en General Pico. Sin orden judicial, los demoraron “por extremista”, aunque ella negó esa acusación que querían que admitiera firmando una declaración. Djio que no tenían participación política.

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La trasladaron a Santa Rosa. “Me hicieron pasar unos días terribles. Estuve mal mucho tiempo, me separaron de mis hijos, me la pasaba llorando. Fue algo injusto porque no sabía nada. Una novela, la verdad. Estaba sola, en un calabozo, incomunicada”, recordó.

Finalmente, un militar la llevó al primer piso a las dos de la mañana y allí, otro represor, que la atendió de espaldas en un escritorio, le dijo que firmara un papel porque quedaba libre. No sabe cuantos días permaneció secuestrada: “Lo borré”. Si que su esposo estuvo un “tiempo más”, lo llevaron a Morón y allí lo liberaron.

Palazzani

Este martes el pampeano Miguel Palazzani, parte de la querella en el primer histórico juicio de 2010, se hizo cargo de la fiscalía en remplazo de Alejandro Cantaro, de licencia. El abogado defensor Pedro Mercado intentó recusarlo porque intervino en una etapa anterior. Pero eso fue rechazado por el tribunal. También actuó el fiscal del juzgado federal de Santa Rosa, Leonel Gómez Barbella, designado en la fiscalía natural de la causa. 

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La red de espionaje

También declaró en la jornada del juicio l historiadora Claudia Bellingeri, que está a cargo del archivo encontrado en la exDirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), desde 2005. Tiene a su cargo la desclasificación de esos documentos. En 2015 y 2016 respondió un pedido de informe de la fiscalía y reveló que el “70%” de un listado de 239 víctimas de la represión en La Pampa, aparecen en los legajos e informes de inteligencia porque fueron sometidos al espionaje del aparato represivo.

“Como parte de la comunidad informativa, que integraba la inteligencia de todas las fuerzas armadas y de seguridad, la DIPBA también recibía partes de otros organismos del estado de diferentes regiones del país”, explicó sobre ese punto.

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En ese sentido, la testigo recordó que durante la represión el territorio del país se dividió en cinco zonas. La Zona 1 abarcaba casi toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa. “Tenían un comando de ejecución de las operaciones que estaba al cargo del Primer Cuerpo de Ejército. Como era tan amplio, se dividió. La Subzona 1.4 corresponde a La Pampa. Las fuerzas policiales le suministraban mano de obra”, indicó.

La perito señaló que “la comunidad informativa no aparece en ninguna estructura, es una representación de la unidad de las voluntades de las inteligencias en los territorios. Hay comunidad informativa en todos los niveles. La primera la componen todas las fuerzas de inteligencia a nivel nacional, pero eso se traslada a las zonas y subzonas. La Pampa tenía su propia comunidad informativa. La Inteligencia del Ejército y de la Policía se juntaban para intercambiar información para avanzar en ese plan sistemático que tenían predeterminado”, remarcó.

Respecto a la inteligencia militar, en La Pampa operó el Batallón 601 y el destacamento 101, con sede en La Plata. Los miembros del PCI (Personal Civil de Inteligencia) que actuaron en la provincia dependían del 601.

El espionaje estaba dirigido a “factores”, por eso las fichas se dividían en estudiantes, sacerdotes vinculados con la opción por los pobres, gremialistas y políticos. Pero luego, indicó Bellingieri, había mesas de trabajo que catalogaba a algunas de esas víctimas como “enemigos”, “delincuentes subversivos”. El archivo tiene 35 mil legajos elaborados a partir de la década del ’60.

Precisó que la mayoría de los pampeanos tienen legajos realizados a partir del momento de la detención. “En un 70% fueron detenidos por el Ejército. Es un registro ilegal de la detención, por lo tanto en algunos casos figura la verdadera fecha del secuestro y no el del decreto que los blanquea a disposición del PEN”, indicó.

Finalmente, Bellingieri contó que la DIBA recién se cerró después del advenimiento de la democracia, en la gobernación de Eduardo Duhalde, a partir del asesinato de José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias incinerado en una cava de Pinamar en enero del ‘97.

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Fiorucci, afuera

Este martes el juicio se desarrolló ya con un acusado menos, el represor Roberto Fiorucci. El viernes pasado, la Cámara de Casación Penal lo dejó afuera del juicio. La decisión se fundamentó en el dictamen de los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que establecieron un deterioro cognitivo de Fiorucci: padece un deterioro mental por el que no entiende lo que se debate.

Ahora quedan 14 imputados. Son el excoronel y exsecretario general de la Gobernación Néstor Omar Greppi, el exmayor del Ejército y exjefe de la Policía de La Pampa Luis Enrique Baraldini; Carlos Roberto Reinhart, oficial del grupo; Antonio Oscar Yorio, oficial; Néstor Bonifacio Cenizo, oficial; Hugo Roberto Marenchino, oficial; Oscar Alberto López, oficial; Athos Reta, oficial; el exagente Orlando Osmar Pérez; el exoficial de la Seccional Primera de Santa Rosa Miguel Ángel Ochoa; el exoficial de la Primera Jorge Osvaldo Quinteros; el exoficial de la Comisaría de Toay y de la Primera de Santa Rosa Juan Domingo Gatica; el exoficial del Departamento de Informaciones Policiales Luis Horacio Lucero; y el exmédico policial Máximo Alfredo Pérez Oneto.

 

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