El fiscal pidió entre 3 y 4 años de cárcel para diez policías por sedición

El fiscal pidió penas de prisión efectiva para los policías sediciosos. Desvinculó a dos de los efectivos que habían llegado imputados al juicio.

El fiscal general Guillermo Sancho pidió este martes entre 3 y 4 años de cárcel para diez de los policías imputados por el delito de sedición a partir de levantamiento armado y violento de diciembre de 2013. No hubo agravante del delito en el requerimiento porque no utilizaron las armas de las que disponían. Sancho utilizó dos audios para sostener su teoría del caso. Y no mantuvo la acusación contra dos de los imputados, los policías Bartolomé Mora y Rojas.

Como cabecillas de la sedición, Sancho pidió 4 años de prisión y el doble de inhabilitación para Julián Giménez, Carlos Mendibe y Luis Bruno. Pidió 3 años y 8 meses para Fernando Rolhaiser; 3 años y 6 meses para Carlos Daniel Gatica; y 3 años de prisión efectiva para Marcelo Cisneros, José Luis Furriol, Daniel Narciso López y Luis Wigenhauser (en todos los casos, el doble de inhabilitación).
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El fiscal Martín Ongaro alegó por la absolución para todos. Los jueces Carlos Besi, Gastón Boulenaz y Gabriel Tedin darán a conocer la sentencia el martes 6 de marzo a las 12.30 horas. Hay dos policías declarados en rebeldía, que no estuvieron en el juicio, Pablo Montes (estaría en el exterior) y Jeremías Matías Salvatierra (atrapado hace cuatro días en San Luis).

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"Apuren que empiezan los saqueos"

El funcionario judicial recordó que el 11 de diciembre hubo una manifestación de policía y civiles con un petitorio con 12 puntos, entre ellos un reclamo salarial, que entregaron en Casa de Gobierno. Como no los recibió el ministro de Gobierno, Leonardo Villalva, se retiraron a Jefatura.

“Acá no se criminaliza la protesta, bajo ese paraguas no se pueden avalar delitos, la violencia y la toma de edificios públicos”, aclaró, en referencia a la posterior toma “violenta” de Jefatura, Comunicaciones y el CECOM. “Se insubordinaron a la cadena de mandos, en forma hostil, para arrancar, por lo menos, una mejora salarial”, indicó.

“Esta situación se vio agravada con la toma del CECOM, donde el 101 dejó de ser atendido hasta pasadas las 00 horas del 13 de diciembre. Hubo un plan para tener la herramienta de la comunicación”, puntualizó.

Sostuvo que los acusados “participaron activamente en este accionar”, e incluso Montes rompió un candado en Vialidad Provincial y cargó nafta en un patrullero mediante intimidación.

“Los acuartelados dejaron desprotegida a la sociedad. En esas condiciones se llevaron a cabo las negociaciones”, apuntó, en referencia a la reunión “tensa y hostil” con el ministro que forzaron aquella madrugada en la misma Jefatura. “Apuren porque empiezan los saqueos. Así negociaban. Aprovecharon que en 21 provincias hubo acuartelamientos exigiendo incrementos salariales, con saqueos y muertos en Córdoba”, añadió.

“La policía debe subordinarse siempre al imperio de la ley y al Ejecutivo. No se admiten suspensión ni postergación de su función”, remarcó, en referencia a la normativa que regula la función policial. “Fue gravísimo, algo que nunca había ocurrido”, dijo.

Sobre los policías que participaron de la manifestación, pero no están imputados, explicó que “no pudieron ser identificados”. Pero consideró que “ese no es el problema, sino demostrar que los que están imputados han cometido este delito”.

Sancho valoró las declaraciones del exgobernador Jorge, que confió que se sintió “extorsionado”, y el resto de las autoridades políticas y policiales que desfilaron en el juicio. También reafirmó que quedó probado que ingresaron por la fuerza en la Jefatura y el CECOM.

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“Los sacaron de las pestañas”

En cuanto a la situación personal de los acusados, Sancho dijo que, de acuerdo a los testigos, Rolhaiser, apodado “El Gordo”, junto a Mendibe y Bruno, participó de la reducción física del comisario Eloy Rodríguez, en la toma del CECOM. En segundo término ingresaron más manifestantes, rompiendo la puerta, y los testigos reconocieron a Diego López. En ese caso ordenaron dejar de atender el 101. Allí sacaron “por el aire” al jefe del servicio, que terminó hospitalizado con un pico de presión.

En el ingreso a la Jefatura, según varios testigos, al comisario Eloy Rodríguez lo empujaron y lo tiraron al piso Rolhaiser, Giménez, Mendibe, Daniel López y Gatica. “Terminó internado en la Asistencia. ¿Eso es pacífico?”, se preguntó.

En Comunicaciones, los testigos identificaron a Furriol, entre los ocupantes del área. En el episodio violento de Vialidad Provincial, los testigos reconocieron a Montes amenazando con el fierro en la mano y a Rojas al mando del patrullero insubordinado.

La comprobada interrupción del servicio del 101, que dejó de ser atendido, “es de lo más grave que sucedió”, subrayó el fiscal. “Nada fue espontáneo. Fue esencial para presionar al Ejecutivo”, indicó.

El fiscal reprodujo durante el alegato la grabación de audios en los que cortaban la comunicación ante las llamadas. Pero alguien atendió a otro policía cuando reconoció su número de teléfono. “Negativo, no estamos atendiendo. A los jefes los sacaron de las pestañas acá, se armó lindo”, le explica el operador a su camarada.

Según el fiscal, la “voz cantante” la llevaron Giménez, Mendibe y Bruno, “caras visibles” del acuartelamiento. Y aseveró que el resto participó del accionar violento, en distintas responsabilidades.

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Dos sobreseídos

El fiscal no mantuvo la acusación contra los policías Roberto Mora Bartolomé y Silvio Rojas. Reconoció que durante el debate no juntó pruebas suficientes para mantener la acusación contra Bartolomé Mora porque ”Eloy Rodríguez no pudo reconocerlo como su agresor y él declaró que estaba en Speluzzi en ese momento”. Lo mismo sucedió con Rojas, porque se vio involucrado involuntariamente en el accionar violento de Montes en Vialidad y los jefes declararon que no estaba de acuerdo con la toma y quiso salir a patrullar.

Inseguridad y desprotección

Sancho dijo que hubo una situación de “desprotección” de la población ante el levantamiento y la toma de Jefatura y la interrupción de las comunicaciones. Los patrullajes los hicieron los propios oficiales. Por eso se convocó a 700 gendarmes para garantizar la seguridad en la ciudad.

Para ratificar la situación “de extrema gravedad” que se vivió, el fiscal hizo escuchar un audio de un reportaje al imputado Bruno, en pleno levantamiento. “Que traigan Gendarmería para que cumpla la función que no estamos cumpliendo. No queremos un enfrentamiento”, reclamaba el sedicioso en declaraciones a los medios.

“La policía no brindaba seguridad y la situación era tensa, hostil. Está claro que la sociedad estuvo desprotegida. La situación no era normal”, evaluó el fiscal. “Si ese día alguien reventaba una vidriera en el centro, no quedaba un negocio sin ser saqueado”, conjeturó.

Incluso puntualizó que las seccionales Primera, Segunda, Tercera y Sexta también estuvieron tomadas y ni siquiera se asentaban las novedades en el libro de guardias, aunque no llevó acusados al banquillo por esa situación.

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La defensa, por la absolución

El defensor oficial Martín Ongaro alegó por la absolución de los policías acusados. Atacó “defectos de la acusación” como la falta de definición de los autores concretos del delito y la “selección arbitraria” de los imputados. “¿Si ingresaron 40 al CECOM cómo hay acusados diez? Esto dista de ser un juicio lógico”, se preguntó.

El funcionario dijo que la protesta expresaba “un descontento de un colectivo” y el reclamo fue “legítimo y sectorial”. “No se comprometió la seguridad ciudadana, existieron recorridas y cobertura de seguridad como dijeron los jefes. Ni siquiera hubo sanciones para el personal subalterno que se adhirió”, remarcó.

Dijo que en el Centro Sanitario se atendió un caso de herido de arma blanca, los negocios no sufrieron saqueos y la actividad judicial se llevó adelante normalmente. “Cualquier alteración del orden público no implica el compromiso de la seguridad”, argumentó. “Si no quedaría afectada la libertad de expresión. Acá hubo una negociación”, insistió.

Ongaro cuestionó que no se describió claramente las acciones de cada uno de los imputados, que no quedaron bien definidas. Incluso dijo que podrían haberles achacado incumplimientos de funcionarios públicos. “La fiscalía buscó culpables y después indagó el delito que cometieron. Al revés de lo que debe hacerse”, criticó.

Sostuvo que no hubo sedición porque no se intentó deponer a las autoridades. Y porque inclusive el gobernador firmó un decreto que no anuló en forma posterior al levantamiento. “Fue una protesta social”, diferenció.

Reprochó también a la fiscalía no haber podido identificar un liderazgo o un cabecilla del levantamiento. “No es serio que digan que hubo una voz cantante”, replicó. “Era un grupo innominado, no había interlocutores válidos, según reconocen los propios funcionarios. Nadie podía ordenar el diálogo”, remarcó.

El defensor puso en duda que no se haya atendido el 101 y afirmó que hubo una cobertura “mínima” de la seguridad en la ciudad. También realzó los testigos que describieron como “pacífica” la protesta. "No hubo exhibición de armas ni intimidación", señaló sobre la toma de la jefatura y los testigos escuchados en el debate.

Destacó la “legitimidad de una protesta sectorial, de valor simbólico, para poner en agenda la problemática de un colectivo de personas”. “Fue una negociación en el tiempo”, reafirmó, además de mencionar que se habían agotado otras vías para solucionar el conflicto. Recordó, finalmente, el debate sobre la prohibición y necesidad de sindicalización de las fuerzas de seguridad.

"Tienen restricción a los derechos de asociación y sindicalización, pero eso no quiere decir que estén suprimidos. Hay un déficit legislativo de regulación de esa restricción", completó. Y aseguró que en numerosas oportunidades se dan negociaciones "informales", de hecho, entre representantes de las filas policiales y los gobiernos. En esa tónica intentó inscribir lo ocurrido en 2013.

"En ningún caso estuvo comprometido el orden institucional. Fue una protesta legítima", concluyó. 

 

Última palabra

Antes de escuchar el veredicto, los policías tuvieron derecho a una última palabra. “Soy inocente, no he hecho nada”, dijo Rolhaiser. Diego López aseguró: “Declaré la verdad”. Por su parte, Giménez consideró que “si cabe alguna acusación, ya hemos sido acusados por la opinión pública”. Gatica dijo: "Somos inocentes. Fue un justo reclamo. Dependerá de usted señor juez condenarnos o no”.·

Por su parte, Mendibe alegó que dejaron “todo en la policía, dejamos de estar con nuestras familias y nos vemos en este juicio, somos inocentes”.  “No soy una persona antidemocrática, juré y dije la verdad. Yo no estuve en Comunicaciones”, reafirmó Furriol.

Cisneros declaró: “Somos inocentes”. Finalmente, Wigenhauser dijo lo suyo: “Inocente, señor presidente”.

 

 

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