El "Nunca Más" a la deuda, ya es proyecto de ley

El senador oficialista, Adolfo Rodríguez Saá, propuso prohibir que los gobiernos tomen deuda externa sin pasar por el Congreso.

El puntano lo denominó el "Nunca más del endeudamiento", y se gestó tras varias reuniones con el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

El tema no es nuevo para el exgobernador de San Luis. En 2016 logró que el Senado aprobara una ley que obligaba a Mauricio Macri y a los directores de empresas públicas a pedir permiso a los legisladores ante cualquier toma de deuda de los organismos públicos.

El proyecto de Rodríguez Saá impide que un Gobierno tome deuda externa sin los dos tercios del Congreso y obliga a explicar las capacidades de pago de los vencimientos. Para Cambiemos es "técnicamente imposible". Se trataría después de la negociación con los bonistas.

La propuesta.

La iniciativa de Rodríguez Saá le impide a un presidente y a las empresas públicas tomar deuda pública "interna o externa en moneda de curso legal y/o extranjera", tal como señala el artículo 75 de la Constitución, que delega esa operación en el Congreso.

El artículo 3 habilita operaciones de crédito público o para "refinanciar, reperfilar o renegociar deuda pública", pero sólo cuando el Congreso lo autorice con una ley aprobada por dos tercios. Deberá especificar el monto máximo a tomar, la capacidad de pago proyectada y el destino de los fondos, "que no podrá tener otra aplicación que gastos de inversión".

A partir de la propuesta, no se podría volver a cubrir un bache fiscal en pesos con dólares, un mecanismo que en Cambiemos justificaban en la falta de un mercado de capitales en moneda local.
Rodríguez Saá ya no quiere ese dilema y en su proyecto veda la "prorroga de jurisdicción", como se conoce a los bonos emitidos bajo leyes de otros países como ocurre en Wall Street, epicentro de los acreedores que en estos días Guzmán intenta persuadir para reprogramar los vencimientos.

El proyecto que se debatirá en el Senado limita a 0.05% las comisiones bancarias por colocaciones de títulos, la mitad que las fijadas en la ley para la reprogramación sancionada hace dos semanas. Y prevé inhabilitación para ejercer cargos públicos y prisión "de ocho meses a tres años" a los funcionarios que violen estas reglas. Suficiente para que sea excarcelable y ayude a intimidar.

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