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EL DIARIO digital
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La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), junto con SITRASAP y otras organizaciones, llevó al Concejo Deliberante de Santa Rosa una serie de propuestas vinculadas con el acceso a la tierra, el hábitat y el desarrollo urbano. Las presentaciones fueron impulsadas por Iñaki Esponda Fernández y otros dirigentes sociales y quedaron incorporadas al temario legislativo como cuatro asuntos particulares.
Los planteos ingresaron el pasado jueves para que lo traten en comisiones del Concejo Deliberante. Tienen un eje común: fortalecer la intervención del Estado municipal en la planificación del territorio y ampliar la información pública disponible sobre la propiedad de la tierra. También buscan que el Concejo tome posición frente a iniciativas nacionales que, según las organizaciones, podrían restringir herramientas estatales para intervenir sobre el suelo.
Una de las notas solicita que el cuerpo deliberativo impulse mecanismos para conocer y hacer pública la información sobre inmuebles ubicados dentro del ejido de Santa Rosa que estén en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras.
El pedido se enmarca en la Jornada Federal "Argentina no está en venta", impulsada por la UTT y el Observatorio de Tierras junto con organizaciones sociales, ambientales y académicas.
Según la documentación acompañada, Santa Rosa registra alrededor del 1% de su superficie en manos extranjeras. El anexo incorporado a la presentación precisa una superficie total de 249.761,03 hectáreas y 2.274,34 hectáreas extranjerizadas, equivalente al 0,91%.
Las organizaciones pidieron que, si no existen registros municipales sistematizados con ese grado de detalle, se realicen gestiones ante otros organismos para avanzar en la producción, actualización y publicación periódica de esos datos.
El objetivo, plantearon, es que la información sea accesible y sirva para investigaciones, diagnósticos urbanos y elaboración de políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, la planificación ambiental y el desarrollo urbano.
Rechazo a una ley nacional
Otra de las notas reclama que el Concejo Deliberante se pronuncie en rechazo al proyecto denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada".
Los firmantes sostuvieron que una eventual aprobación significaría un retroceso en materia de acceso democrático al suelo, ordenamiento territorial y capacidad de intervención del Estado.
Entre los puntos cuestionados mencionaron la eliminación de límites para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y mecanismos que, según el documento, podrían agilizar desalojos y debilitar garantías de comunidades campesinas, pueblos originarios, pequeños productores, familias que trabajan la tierra e inquilinos e inquilinas.
También advirtieron sobre eventuales efectos en áreas consideradas estratégicas, como zonas de frontera, fuentes de agua y otros bienes comunes.
El planteo sostiene que la discusión no corresponde únicamente al Congreso Nacional y que los municipios también tienen responsabilidades directas en materia de suelo, planificación urbana, regularización dominial, infraestructura y producción de hábitat.
Por ese motivo, pidieron que el Concejo santarroseño exprese una posición institucional y se sume a las manifestaciones realizadas en el marco de la jornada "Argentina no está en venta".
Banco de Tierras y una empresa municipal
Las organizaciones también presentaron propuestas destinadas a modificar herramientas municipales vinculadas con el acceso al suelo.
Uno de los ejes apunta a cambios en las ordenanzas Nº 6361/2020 y Nº 5665/2017, relacionadas con el Banco Municipal de Tierras.
La propuesta sobre la Ordenanza Nº 6361/2020 plantea incrementar los porcentajes de cesión de suelo correspondientes a nuevos loteos privados. El objetivo sería aumentar la disponibilidad de tierras públicas destinadas a políticas habitacionales, proyectos sociales, equipamiento comunitario y planificación urbana.
En tanto, para la Ordenanza Nº 5665/2017 se propone ampliar el universo de posibles beneficiarios del Banco Municipal de Tierras e incorporar expresamente a cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales.
Además, se plantea crear una Empresa Municipal de Desarrollo Urbano como instrumento para que el Estado local pueda promover, planificar, gestionar y ejecutar políticas vinculadas con suelo, vivienda y hábitat.
Entre las funciones mencionadas aparecen la realización de proyectos urbanos, obras de infraestructura y urbanización, desarrollo de loteos sociales, administración de inmuebles destinados a proyectos de interés público y generación de nuevas alternativas de suelo accesible.
La propuesta apunta especialmente a trabajadores y trabajadoras, jóvenes, familias de ingresos medios y bajos y otros sectores que enfrentan dificultades para ingresar al mercado inmobiliario formal.
Reclamo por una mesa de diálogo
La cuarta presentación busca darle continuidad institucional a esos planteos.
Esponda Fernández y Funes solicitaron una reunión con representantes del Concejo Deliberante para analizar las distintas propuestas y avanzar en una agenda de trabajo.
En el escrito recordaron que el 16 de junio la UTT, Futuro en Común y la Intersindical ya habían presentado iniciativas relacionadas con las ordenanzas del Banco Municipal de Tierras y con la creación de una empresa pública de desarrollo urbano.
Ahora solicitaron que el Concejo tome conocimiento formal de los proyectos y genere un ámbito de diálogo con las organizaciones impulsoras.
Las cuatro presentaciones insisten en una misma idea: ampliar las herramientas con las que cuenta el municipio para intervenir sobre el territorio y abrir una discusión sobre el acceso al suelo y la vivienda.
"Las propuestas presentadas buscan aportar herramientas concretas para fortalecer las políticas municipales de suelo y hábitat", expresaron en uno de los documentos, en el que remarcaron la necesidad de políticas públicas sostenidas, planificación territorial y participación de las instituciones locales.
El paquete de pedidos quedó ahora en manos del Concejo Deliberante, que deberá definir el tratamiento de cada una de las iniciativas y si abre una instancia específica de discusión con las organizaciones.
