Proponen adherir a la ley de erradicación de la violencia de género

El concejal radical Pablo Pera Ibarguren, funcionario municipal hasta hace menos de dos meses, propuso en el Concejo Deliberante que la comuna adhiera a la Ley Provincial Nº 2550, que a su vez adhiere a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones Interpersonales.

Hizo hincapié en el rol que puede tener el municipio en la atención económica de las víctimas que queden desemparadas.

“Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”, recordó el edil.

Desde ya, en esa enumeración quedan comprendidas, también, las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

“Ser víctima de violencia física, psicológica y/o sexual es un factor de riesgo muy importante para la salud, pudiendo incrementar hasta en un 60% las enfermedades de carácter físico que llegan a sufrir. Las lesiones físicas, son las consecuencias más visibles de la violencia de género, pero no la única”, apuntó Pera Ibarguren.

Consideró que adherir a la ley provincial “es una obligacion” de la Municipalidad “a efectos de implementar verdaderas y eficientes políticas públicas que lleguen a las personas que son víctimas de violencia de género”.

Recordó que hoy muere una mujer cada 32 horas en manos de varones.

“Erradicar la violencia de género es un deber del Estado en todos sus órdenes administrativos. En ese sentido es que existe la posibilidad de aplicar sanciones a los agentes que ejerzan violencia contra las mujeres, sean éstas compañeras de trabajo, familiares, parejas”, enumeró el el edil.

Aclaró que el Estado “no puede pensar que avanza en la lucha contra este flagelo sólo con decretar, por ejemplo, la cesantía de un empleado que ejerció violencia contra una mujer. A ello deben sumarse numerosas medidas y acciones positivas enmarcadas en una política de Estado que contemple un abordaje integral, que dé contención en todos los aspectos de la vida y de la personalidad”.

“Una de las aristas que debe contemplar ese abordaje integral de la violencia de género es la situación económica de desamparo en la que quedaría la víctima de violencia ante la pérdida de la fuente laboral de su pareja, sean cónyuges o convivientes. A menudo ocurre que la sanción aplicada al agresor se termina trasladando a la víctima en aquellos supuestos en que aquel es el sustento económico del hogar. Así, no se consigue más que revictimizar a la mujer”, interpretó.

“La misma apreciación vale para quienes sin ser pareja del agresor, tienen una relación de dependencia económica, por cualquier motivo que fuera. Una herramienta que permitiría ayudar a la víctima a salir del círculo de violencia es tener estabilidad e independencia económica, la que el Estado Municipal podría brindar otorgando la vacante generada por la baja del agresor”, completó el exfuncionario del Ejecutivo.

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