La casta avanza: autosalariazo y freno a la imprescindible obra pública
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una de cal…
El pampeano Alejandro Gigena terminó siendo protagonista en un episodio de gravedad institucional en el que los integrantes del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tuvieron que rechazar formalmente una intimidación del Grupo Clarín.
Gigena integra ese organismo en nombre del Congreso Nacional y no dudó en calificar la gravedad de lo que consideró una amenaza sobre sus bienes y sobre su libertad, porque la empresa Telecom mediante carta documento advirtió a las autoridades que no incurrieran en una decisión que pudiera perjudicar a la firma, por más que esa resolución fuera legal, oportuna y la que corresponde para el ejercicio del bien común.
De modo desembozado, la representación oligopólica intentó así impedir que se abriera una pequeña ventana a la posibilidad de que haya más competencia en el hegemonizado territorio de las telefónicas.
Mucho más allá del hecho puntual, y de las diversas interpretaciones que pueden hacerse respecto de si fue una presión, un lobby o un "apriete", lo que el episodio pone en evidencia es el manejo absolutamente impune de esas organizaciones corporativas, acostumbradas a ejercer en algunas oficinas públicas como si le pertenecieran.
Alguna vez Héctor Magnetto, el capo del Grupo Clarín, supo inmortalizar una frase en la que dio a entender que ser presidente de la Nación en la Argentina es un "puesto menor" en comparación con ser el comandante de los manejos de esa sideral empresa multimediática que desde ya extiende los tentáculos de sus negocios a numerosos rubros.
Es por estas razones que, desde ya, los medios del establishment lograron meter bajo la alfombra el tema y no se hicieron eco alguno de la situación, un modo de censura y manipulación que antes era más contundente, porque en esta era las redes sociales y los medios públicos y alternativos todavía permiten algún resquicio de oxígeno.
Si de ese asunto se trata, en la semana que se fue quedó patentizada la deuda pendiente del actual gobierno nacional con trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, que salieron a exponer la situación de precariedad que vive parte del personal y el cobro de salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Al celebrarse el día de quienes ejercen el Periodismo, el sindicato local respaldó la medida de visibilización que hicieron empleados y empleadas en conflicto, y que va en el mismo sentido que padece la mayoría de una clase trabajadora que en 2019 tenía mejores expectativas respecto de la actual gestión.
No obstante, y para contar la película completa, trabajadores y trabajadoras también advirtieron el severo temor que significa sospechar un regreso del mismo gobierno neoliberal que ya estuvo entre 2015 y 2019, y que en el caso de Radio Nacional lo que intentó fue su vaciamiento.
…y una de arena…
El Superior Tribunal de Justicia volvió a ponerse en las últimas semanas en el centro de la escena, tal como se reflejó la semana pasada en estas mismas líneas que refirieron a la vigente puja respecto de la perspectiva de género en el ámbito judicial, y que parece retroceder a partir de determinados fallos coincidentes.
En esta ocasión, la denuncia de un retroceso social vino de la mano de la decisión del máximo organismo judicial respecto de la caza con jauría: el STJ avaló la continuidad de esas prácticas, rechazadas de manera formal por las entidades que protegen a los animales, y a la vez defendida a capa y espada por sectores que representan a los propios cazadores.
El STJ, muy a su modo, hizo algunas gambetas y esquives para no meterse con el fondo del asunto y simplemente permitir que los hechos consumados sigan registrándose, pero rechazando las pretensiones de ponerle un freno a esas prácticas, como se había definido en una primera instancia a pedido de las organizaciones.
En el medio ocurrió algo nada menor: el gobierno provincial metió la cola desde el Ejecutivo, fijó posición y le pidió al Poder Judicial que fallara en ese sentido, cosa que le fue concedida por los ministros del máximo organismo.
No tardó en hacerse sentir la crítica de las entidades que habían tenido grandes y justificadas expectativas en que la salida de este expediente fuera en otro sentido y por otra puerta: la defensora civil Ana Carolina Díaz aseveró sin medias tintas que no solo fue una sentencia "arbitraria" sino además un fallo "político".
La vida institucional es una permanente puja entre los avances y los retrocesos, o entre el conservadurismo y el progresismo: el mismo STJ terminó de cerrar en las últimas horas una historia con final feliz para los vecinos del barrio Talleres, de General Pico, que se decidieron a dar una lucha muchas veces abandonada antes de tiempo porque se prevén resultados negativos.
Los habitantes de esa zona se animaron a reclamar que bajen una antena instalada en el club Ferro, bajo la certeza de que la contaminación generada por esa ofensiva de la empresa Torreseca Sociedad Anónima -firma controlada por una casa matriz en el Caribe- es perjudicial para la salud.
La acción vecinal tuvo impacto positivo en el Poder Judicial y de alguna manera marca un camino para el futuro, a partir de que la intervención del STJ genera jurisprudencia y pone en manos de las personas comunes una herramienta más para no caer en la idea de que los hechos consumados no pueden ser resistidos ni revisados.
