Opinion

Laudo cantado y celebrado y el fantasma de un retroceso en la Justicia

La situación de Portezuelo del Viento finalmente se formalizó y la Nación le dio la razón a La Pampa en su disputa con Mendoza, aunque el oficialismo cuyano no se da por vencido; dos fallos absolutorios en causas de abuso sexual que tuvieron alta visibilidad refrescan la operación mediática y corporativa contra la perspectiva de género en el Poder Judicial. 

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

El gobierno nacional terminó por formalizar lo que desde hace tiempo se sabía y se había anunciado: el laudo presidencial en favor de la postura pampeana en el marco de la discusión respecto de la inviable obra de Portezuelo del Viento.

El presidente Alberto Fernández dictaminó que, tal como lo viene planteando nuestra provincia, es necesario un estudio de impacto ambiental actualizado, amplio y serio que demuestre las consecuencias de la puesta en marcha de ese emprendimiento, y que además sea considerado suficiente por las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Aunque el trámite lejos está de representar una novedad, significa sí un final aparentemente definitivo, al menos desde el punto de vista de la legalidad, la coherencia política y el sentido común, para las ambiciones mendocinas de pasar por encima de cualquier cosa con tal de conseguir esa construcción, que además es un negocio agitado especialmente durante la administración macrista.

Sin embargo, o por eso mismo, la postura nacional activó las peores partes de la dirigencia política mendocina, cuyo mayor grado de agresividad está representado por el oficialismo de Juntos por el Cambio.

El que salió a vituperar la decisión, pero además haciendo uso de falsedades y tergiversaciones, fue el candidato a gobernador Alfredo Cornejo, uno de los líderes del radicalismo y que hoy ocupa una banca en el Senado, que repitió como loro una serie de argumentaciones que los gobiernos de la provincia cuyana vienen sosteniendo sin ton ni son durante los últimos años.

Eso pese a los reveses institucionales que la provincia cosecha en distintos ámbitos, y que se da el lujo de ningunear porque en la práctica reina una impunidad insostenible en un país que se precie -como gusta de promover ese mismo sector político- de democrático y republicano.

Cornejo culpa desembozadamente a La Pampa de las demoras de una obra que se ha demostrado inviable desde todo punto de vista: técnico, político, ambiental.

En lugar de asumir el fracaso de una propuesta que el oficialismo mendocino sostiene en campaña al modo de los espejitos de colores, cargan las tintas contra la movida de una provincia que no solo desde su gobierno sino desde sus entidades intermedias y desde su población en general, se concientizó por fin sobre la necesidad de defender sus recursos hídricos y no dejarse pisotear.

Lo peligroso de un planteo de este tipo es que queda en evidencia que Mendoza es capaz de cualquier maniobra con tal de acceder a sus conveniencias, sin reparar en el daño que se cause al resto de las provincias involucradas; sin preocuparse por el ambiente y si es necesario aprovechándose de los vínculos políticos que hipotéticamente podría tener si en el futuro es gobierno el espacio político que hoy es opositor.

…y una de arena…

En la semana que se fue un par de fallos judiciales, en distintas instancias y de distinto tipo pero con fuerte impacto en la opinión pública, marcaron un retroceso respecto del modo en que en general el Poder Judicial viene abordando las cuestiones que implican violencia de género.

Dos episodios de abuso sexual, que se insiste fueron en diferentes tiempos y circunstancias, quedaron en la impunidad y los dos acusados resultados liberados de culpa y cargo, para dolor de quienes impulsaron la investigación.

Esas decisiones pueden ser una mera casualidad, pero no está mal poner el ojo sobre una posible tendencia que sea el fruto de una permeabilidad del sistema judicial a un desembozado lobby que se viene gestando desde hace tiempo desde algunas usinas mediáticas y desde un sector de la corporación de la abogacía.

No es ningún secreto esa ofensiva encarada con denuedo para hacer mella sobre la perspectiva de género de una serie de fallos judiciales referidos a este tipo de episodios.

Casualidad o no, el fallo del STJ respecto de un hecho ocurrido hace más de una década en Eduardo Castex y la decisión del Tribunal que determinó la absolución del médico Jorge Rigutto, beneficia a personas que no son precisamente necesitadas, que tienen incidencia social y comodidad económica.

Casualidad o no, en ambos casos se sostiene la tesis de que hay que fallar privilegiando el posicionamiento del "beneficio de la duda", que desde ya juega en favor de las personas sentadas en el banquillo.

Eso implica, en la práctica, restar credibilidad desde el punto de vista técnico a lo que es prueba fundamental: el testimonio de la víctima.

El STJ se permitió revocar una condena con el argumento de que no estaba vigente la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Lo curioso es que el máximo organismo judicial adopta semejante decisión por un período "ventana", ya que -aduce- la reglamentación de la normativa ocurrió en julio de 2010 y el hecho investigado sucedió antes de ese momento.

El procurador general Mario Bongianino cruzó con criterio esa postura, que parece desestimar la obligación legal que tiene el Poder Judicial de priorizar el necesario cambio de paradigma para evitar revictimizaciones.

Porque además esa ley no es que modificó artículos del Código Penal, sino que es más bien un llamado a que operadores y operadoras judiciales se sumen a la obligación convencional de deconstruir el discurso jurídico para erradicar prácticas que pretenden fundamentar una teoría del caso a partir de la desacreditación de la víctima o de su testimonio.

Mucho más allá de las referencias técnicas que ambos fallos puedan contener, su coincidencia en el tiempo, en el perfil de los beneficiados, en la argumentación utilizada y en el hecho de que son casos de alta exposición pública, generan necesariamente la sugestiva sensación de que aquella maniobra contra los fallos con perspectiva de género dio ciertos frutos y hoy se hacen presentes sus fantasmas.

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