De la bravuconada a la hipocresía

Los insólitos dichos que el ministro de Hacienda Ernesto Franco pronunció el mes de diciembre del año pasado ante la Legislatura ("vamos todos presos") no le hacen bien a nadie. Pero ya no quedan dudas de que hay sectores políticos deseosos de sacar un provecho oportunista de esa circunstancia.

Estas mismas líneas han fijado posición respecto de la intervención ministerial: una bravuconada jactanciosa innecesaria e incomprensible, un error político mayúsculo también derivado de la sensación de impunidad.

Como bien ha señalado en las últimas horas el propio síndico de Pampetrol, esa verborragia descontrolada tiene las actuales derivaciones: una situación que pone en jaque el propio buen nombre de la empresa mixta y complica su gestión cotidiana, distraída en asuntos que de ningún modo son urgentes ni prioritarios.

Todos los actores (desde el oficialismo acérrimo hasta la oposición más radical) coinciden en admitir que no se adivina en ese proceso algún hecho de corrupción o ilegalidad, y de hecho el fondo de la cuestión es un acuerdo contractual que data del año 2017, aprobado por la comisión Interpoderes y por todos los bloques de la Cámara de Diputados y Diputadas.

La única excepción al respecto es la de la fundación macrista "Apolo", cuya tarea es desconocida en la provincia, que decidió impulsar una denuncia penal.

También el bloque del radicalismo empuja un Juicio Político, aunque las explicaciones para ese trámite asoman confusas e incluso contradictorias con comportamientos y dichos de sus propios impulsores.

El jefe del bloque radical Francisco Torroba usa como argumento que Franco con sus dichos perjudicó a Pampetrol, aunque lo deja bien a salvo de cualquier sospecha respecto de corrupciones o ilegalidades.

En ese papel, la UCR parece plegarse a un juego de simulaciones y apariencias, puesto que si tan grave considera que han sido las aseveraciones del ministro, ¿por qué no actuó en el momento en que, frente a sus propios diputados y diputadas, el funcionario dijo lo que dijo?

Suena a demasía convertir en un proceso de destitución -como si se pusiera en duda la honestidad- lo que podría ser una severa crítica política, un cuestionamiento furioso, o incluso un pedido de que abandone el cargo.

La reacción "a pedir de" las redes sociales y con la excusa de que es un daño a la empresa la repercusión en "los medios nacionales" (que no son nacionales, sino porteños) potencia las hipocresías y propicia que la dirigencia política se rebaje a conductas berretas, tal como ya ocurrió durante la campaña electoral del año pasado.

Si la UCR cree, además, que determinados dichos perjudican a Pampetrol, ¿qué debería hacer con su propio representante en el directorio, Hugo Pérez, que sin prueba alguna vociferó que determinados fondos de la empresa se habían destinado a "la campaña", cuando en realidad él mismo había dado aprobación a ese gasto en el pago de alquileres?

Flaco favor se hace la dirigencia política cuando, sea del sector político que sea, se deja llevar de las narices por los sectores que para juntar adhesiones practican el "vale todo", metiendo todo en la misma bolsa y sin tener en cuenta las historias ni los porvenires.