El orgullo de un encuentro deportivo y una extraña ausencia legislativa
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una de cal…
El Foro de la Patagonia, realizado en Colonia 25 de Mayo, dejó una señal en medio del desinterés oficial: el reclamo por la reconstrucción de la Ruta Nacional 151 empezó a ordenar voluntades distintas detrás de una urgencia concreta.
La 151 no es un debate de banquinas ni un capricho de ocasión. Es un corredor estratégico donde la inseguridad vial hace estragos y donde el abandono también erosiona una potencia productiva que mira hacia Vaca Muerta.
La cumbre mostró algo más importante que un documento: un entramado amplio, diverso y con capacidad de sostener la demanda sin importar banderías. Hubo autoridades del Estado, cámaras empresariales, sindicatos en representación del trabajo, intendencias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, familiares de víctimas de siniestros viales y organizaciones que los representan.
No fue un detalle: esas familias fueron las que mantuvieron el tema vivo cuando la agenda miraba para otro lado. Esa mezcla explica por qué el reclamo crece: cuando una ruta se transforma en riesgo permanente, la demanda deja de ser sectorial y pasa a ser comunitaria y regional, con seguridad, logística y trabajo en la misma frase.
También hubo un dato político: el consenso fue tan generalizado que alcanzó, incluso, a referentes que suelen apurarse a testimoniar simpatía con el gobierno libertario. En ese clima terminó aflorando lo obvio: no hay argumento defendible para el abandono que la gestión de Javier Milei le dedicó a la 151, un patrón que se repite en otras rutas y en la obra pública en general.
Que esa admisión se escuche —con matices, cálculos y contradicciones— ayuda a sacar la discusión del barro de la chicana y llevarla al terreno de lo impostergable.
Como en toda foto grande, también asoman mezquindades y operaciones. Pero aun con ese condimento infaltable, el encuentro abrió una puerta política: el diputado nacional Martín Ardohain encontró un rol para hacerse visible y gestionó una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.
De esa instancia, al menos según dejó trascender el intendente Leonel Monsalve, surgieron aspectos alentadores. Nadie debería confundir una reunión con una obra, pero la sola posibilidad de que Nación empiece a atender el reclamo ya corre el eje: del ninguneo a la obligación.
La pelea no se resuelve con gestos ni con trascendidos. Se resuelve con decisiones, presupuesto, plazos y máquinas en el camino. El Foro de la Patagonia dejó una base: una lucha federal por una ruta decente, que garantice seguridad y sostenga producción, ya no camina sola.
…y una de arena
El Senado nacional aprobó un Presupuesto 2026 que ajusta en múltiples espacios de la vida en comunidad, pero especialmente sobre la Educación Pública. Y el dato, lejos de clausurar una discusión, abre un capítulo áspero.
En su confección, el gobierno de Javier Milei no solo dejó afuera las demandas de las provincias, de La Pampa en particular, sino que también buscó, desde el arranque, avanzar sobre derechos conquistados y dar por tierra con leyes en las que el Congreso había insistido de modo reiterado.
El trámite parlamentario, entonces, quedó atravesado por una duda incómoda: si se vota un plan de gastos o un paquete de retrocesos.
La fijación del régimen libertario con la educación pública ya parece tema de diván. Como vienen señalando actores del sistema educativo, el accionar del oficialismo se parece bastante a una venganza hacia un sector de la comunidad que supo pararse en la vereda de la resistencia y que insiste, sin cesar, ya sea en las calles, en las bancas o ante el Poder Judicial.
Los episodios recientes son concretos, pero el fondo del conflicto seguirá siendo protagonista en las sesiones por venir, porque no se discute solo presupuesto: se discute el lugar de la educación pública como derecho y como motor de movilidad social.
En ese tablero, los legisladores de La Pampa tienen un rol que no se puede patear. Se demostrará, voto a voto, si están a la altura de las circunstancias o si se resignan a la disciplina de las jefaturas.
El caso del diputado Adrián Ravier, recién asumido, ya expone esa tensión. Docentes y estudiantes le reprochan haberse convertido en vocero de argumentos contra la universidad pública, incluso cuando él mismo integra esa comunidad. El repudio no se explica por una diferencia de matices, sino por la señal política que deja: renegar de pertenencias para tributar obediencia a los cacicazgos violetas.
La ofensiva, además, se produce en paralelo con otras avanzadas sobre sectores populares, trabajadores o directamente vulnerados. La reforma laboral aparece, en ese sentido, como una propuesta para eliminar derechos bajo el rótulo de modernización.
Y además asoma una sospecha que vuelve a ensuciar el escenario: la mención del senador Daniel Bensusán sobre una posible "Banelco" —en criollo, coimas— para lograr la aprobación de una nueva flexibilización, como ocurrió en 2001.
Si la política vuelve a ese atajo, o si no sale de él, el problema no será solo lo que se vote, sino el costo institucional con el que se pretende hacerlo. En nombre del ajuste, la aprobación en general del Presupuesto corre el eje del debate y vuelve a tensionar el federalismo: las provincias reclaman, la Nación decide, y grandes logros históricos como la inversión en educación quedan como blanco preferido.
