Consenso para una lucha y un presupuesto con retrocesos
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EL DIARIO digital
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Una de cal...
La temporada de incendios volvió a poner a La Pampa frente a una de sus pruebas más duras y recurrentes. El avance del fuego en distintos puntos del territorio provincial dejó daños materiales, pérdidas productivas y una lógica zozobra social que se renueva cada verano.
Sin embargo, aun en ese contexto adverso, la respuesta articulada del Estado provincial, los bomberos provinciales o voluntarios de diversas jurisdicciones y el personal de Defensa Civil permitió contener situaciones que, de otro modo, podrían haber derivado en consecuencias aún más graves.
No se trata de minimizar lo ocurrido. Más de 140 mil hectáreas quemadas desde el inicio de la temporada representan un número que duele y que interpela. Cada incendio es, además de un problema ambiental y económico, un factor de angustia para las comunidades afectadas.
Pero también es justo reconocer que hubo una reacción oportuna y diligente frente a escenarios de alta complejidad, con recursos limitados y bajo condiciones climáticas poco favorables.
Esa tarea, además, debió enfrentarse a un fenómeno tan persistente como difícil de erradicar: la desidia y la desaprensión social. En la última semana, la ciudad de Santa Rosa fue escenario de quemazones iniciadas por supuestas "bromas", una irresponsabilidad que expone hasta qué punto la prevención sigue siendo una deuda colectiva.
Allí donde falla la conciencia ciudadana, cualquier sistema de control queda siempre en la frontera del desborde. En este marco, la provincia logró estar a la altura de las circunstancias incluso con un Estado nacional que, como en otros ámbitos, se ha retirado de manera notoria.
El recorte de más de la mitad del presupuesto destinado al Manejo del Fuego, en línea con las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno libertario, es una decisión que hoy se siente no solo en La Pampa, sino también en otros puntos críticos de la Patagonia. La falta de recursos y de una articulación fluida con Nación condiciona, objetivamente, la capacidad de respuesta.
También es cierto que no todo recayó sobre la acción estatal. Tal como señaló el gobernador Sergio Ziliotto, una porción significativa de los productores pampeanos ha asumido con responsabilidad su rol en la prevención, manteniendo picadas en condiciones y colaborando con las tareas de control. Esa conciencia es un activo clave que merece ser destacado.
La polémica política, alimentada en particular por la Asociación Agrícola Ganadera, aportó más ruido que soluciones. Si bien puso sobre la mesa falencias reales, su tono confrontativo pareció orientado más a golpear al gobierno provincial que a fortalecer una estrategia común.
Frente a un problema estructural como los incendios, la coordinación y el compromiso compartido siguen siendo el único camino posible.
...y una de arena...
La reforma laboral que el gobierno nacional intenta presentar como una iniciativa "modernizadora" avanza envuelta en más interrogantes que certezas. Bajo una retórica que promete eficiencia y actualización normativa, el proyecto parece esconder, en realidad, una combinación de recortes de derechos laborales y efectos colaterales que poco tienen que ver con un beneficio tangible para la comunidad en su conjunto.
Hasta ahora, al menos, cuesta encontrar en la propuesta elementos que expliquen de qué modo mejoraría la calidad del empleo o se impulsaría la generación de nuevos puestos de trabajo.
En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto encendió una señal de alarma adicional al advertir que la reforma no solo impactaría sobre trabajadores y trabajadoras, sino también sobre las arcas provinciales.
Los cálculos difundidos por el Ejecutivo pampeano hablan de una merma en los fondos coparticipables que podría oscilar entre los 20.000 y los 35.000 millones de pesos anuales, una cifra de enorme gravedad para un distrito que ya enfrenta las consecuencias del ajuste nacional y la discrtiminación en múltiples áreas sensibles.
Ese "manotazo" a las finanzas provinciales aparece, además, disimulado dentro de una ley más amplia, lo que refuerza la sensación de una maniobra poco transparente.
En el plano legislativo, el oficialismo libertario parece contar con los votos necesarios para avanzar sin mayores sobresaltos en el Senado. El escenario podría ser distinto en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde se anticipan resistencias que, al menos, abran la puerta a modificaciones.
Sin embargo, aun ese eventual debate no garantiza que se corrija el sesgo central de una iniciativa que, por lo visto hasta ahora, busca congraciarse con el establishment económico y el gran empresariado, principales aliados políticos del actual gobierno.
Resulta difícil sostener que esta reforma esté pensada para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan un contexto recesivo y de caída del consumo. Mucho menos puede afirmarse que contemple las necesidades de empleados y empleadas del común, a quienes se les propone resignar conquistas laborales logradas tras décadas de luchas históricas, y que que significaron mejoras concretas en la calidad de vida de la sociedad argentina.
En este escenario, también será determinante el papel que asuman las centrales sindicales. Su posicionamiento frente a la reforma dejará en evidencia si la dirigencia gremial está dispuesta a ponerse a la altura de la historia o si, por el contrario, prevalecerá la lógica de las cúpulas, más preocupadas por preservar cajas y vínculos políticos que por defender el futuro de quienes dicen representar.
