Opinion

Violencia de género: no hay plan sin voluntad y sin presupuesto

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En torno a la presentación oficial en Santa Rosa después de los tres femicidios que conmovieron a la provincia.

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EL DIARIO digital

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Santa Rosa fue sede este martes del formal lanzamiento de las discusiones para armar un Plan de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género, un encuentro en el que hubo representación estatal de los distintos niveles y también presencia legislativa y de organizaciones de la comunidad.

El planteo de las funcionarias que tomaron la palabra aludió -porque era imposible no hacerlo- a los tres femicidios que se produjeron en tres meses en la provincia, y más puntualmente en el conglomerado que integran Santa Rosa y Toay.

Se escuchó cierta voz autocrítica, que admitió que por alguna razón las víctimas de violencia evidentemente no confían en las instituciones del Estado, puesto que en al menos dos circunstancias de las referidas no hubo ningún tipo de aviso o alerta por medio de las diferentes vías habilitadas para denunciar o generar alarma.

Esa falta de confianza en los organismos estatales es, lógicamente, consecuencia de algunas desidias de las propias instituciones y de ciertas perezas de las políticas públicas.

Conspiran contra la generación de esa seguridad la ausencia de una sede concreta donde acudir, la escasez de las campañas públicas preventivas, las flojas respuestas para la protección una vez sucedidos los hechos, o el funcionamiento irregular de las líneas telefónicas que prometen estar activas para atender a las víctimas.

Más exacerbada está la susceptibilidad cuando, como ocurrió en dos de los tres crímenes, los femicidas son nada menos que integrantes de fuerzas de seguridad estatales que portan armas reglamentarias.

Esa sola circunstancia avisa sobre la necesidad de que el Estado en pleno no se desligue de las cuestiones vinculadas con la "violencia de género" y las deje en las exclusivas manos de las áreas específicas, puesto que hay numerosas carteras, oficinas públicas y dependencias gubernamentales que tienen obligaciones que ejercer en estos casos.

Si bien el plan que vaya a generarse para los próximos dos años se supone que está dando sus primeros pasos, durante el encuentro los ejes fueron mencionados de manera muy general y sin puntualizaciones concretas que permitan aventurar cómo continuará la implementación de las herramientas necesarias.

No obstante, y como lo han planteado múltiples organizaciones -que en el acto recibieron mimos discursivos de las autoridades- las claves no son precisamente un secreto: voluntad política, que incluye la necesidad del trabajo territorial, y presupuesto que permita afrontar tareas preventivas eficientes y remedios efectivos que de verdad lleguen a las víctimas a la hora de la protección.

En síntesis, y como ya han dicho estas líneas en otra oportunidad: existe la clara misión de pasar de las palabras a los hechos.

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