Mano dura y más restricciones: así será el nuevo Código Penal de Milei
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EL DIARIO digital
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La Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ubicarse en el centro de la agenda política provincial. La Provincia, encabezada por el gobernador Martín Llaryora, advierte que se encamina a un "precipicio" financiero debido a la suspensión de los giros de la Nación destinados a cubrir el déficit previsional, una situación que ya ocurrió durante la gestión de Amado Boudou.
El proyecto de Presupuesto 2026 expuso la magnitud del problema: el gasto total del sistema previsional provincial ascenderá a $2,63 billones, mientras que los aportes y contribuciones de los activos solo alcanzarán $1,81 billones, cubriendo apenas el 69% del total. El rojo operativo proyectado trepa así a $821.292 millones. Adicionalmente, Córdoba reclama a la Nación una deuda incobrable de $1 billón de pesos.
La Nación no garantiza los giros
El cálculo de 2026 incluye un dato clave: la Provincia prevé financiar con recursos propios al menos $417.292 millones, lo que representa el 51% del déficit, ya que la Nación no garantiza los giros que históricamente reconocían el desfasaje previsional de Córdoba tras la armonización de su sistema.
Aunque en 2025, tras una intervención de la Corte Suprema, la Nación había comenzado a enviar $5000 millones en 12 cuotas fijas, ahora hasta esta cifra está en duda. Los técnicos de la Caja estiman que el monto necesario para sostener el sistema rondaría los $20.000 millones mensuales, cuatro veces más de lo comprometido.
Amenaza de "emergencia" y ajuste a jubilaciones altas
En este escenario de crisis, el legislador socialista y aliado al PJ, Matías Chamorro, presentó un proyecto para declarar la "Emergencia de la Caja de Jubilaciones", buscando presionar a los gremios estatales.
El objetivo del Gobierno sería garantizar que el grueso de los jubilados (el 85%) recupere el 82% móvil a través de un adicional no remunerativo. Sin embargo, aplicaría una cláusula de "solidaridad previsional" para los haberes más altos: quienes cobren más de $2,5 millones recibirían el excedente en Títulos de Cancelación Previsional, instrumentos transferibles con una tasa equivalente a la pasiva promedio. Esta medida impactaría fuertemente en gremios combativos —como Luz y Fuerza y los municipales de la ciudad de Córdoba— y en el sector judicial.
El presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, llevó el relato al extremo al afirmar que la Caja se encuentra "ante una situación crítica" y que, sin una intervención urgente, "ya se empieza a ver el precipicio".
Torres defiende aumentar los aportes personales un 4%, una medida que se aplicaría sobre municipales de la ciudad, Luz y Fuerza y bancarios. Esta confrontación se considera una estrategia política, ya que el Gobierno descarta ampliar los aportantes, prolongando la vida activa de los 25.000 policías y 50.000 docentes, que representan casi el 80 por ciento de la planta.
A diferencia de la crisis de 2012, cuando José Manuel de la Sota confrontó con Amado Boudou y Cristina Fernández y creó la "tasa vial" (un impuesto de guerra), Llaryora debe enfrentar al vencedor en Córdoba de las elecciones nacionales sin margen para crear un nuevo impuesto.
