La Ley ómnibus, la ciencia y la educación
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
Después de una larga expectativa, que implicó para el caso de la familia una prolongación del dolor y la tristeza, comenzó en la semana que se fue el juicio por el infanticidio de Lucio Dupuy, ese asesinato que conmovió especialmente a Santa Rosa, y que sería interesante que representara un antes y un después en algunas de las acciones de la sociedad y del Estado.
La intervención del Poder Judicial, según han estimado las propias personas involucradas, permitirá llegar a una decisión que quizá aporte algo de alivio, bajo la segura claridad de que la vida del niño no puede recuperarse y de que sus derechos ya fueron vulnerados de manera cruel.
Las audiencias, relativamente públicas, son por un lado un trámite formal necesario para que se concrete el acto de lo que se llama "hacer justicia", pero a la vez pueden resultar un ámbito valorable para que las personas que llevan consigo el peor sufrimiento hagan una suerte de catarsis lo más civilizada y racional posible.
La intervención de esas instituciones, además, garantiza que las personas acusadas tendrán su legítimo derecho a la defensa, puesto que las decisiones que se tomen, por fortuna no pueden ir en el mismo sentido que el odio proferido en las redes sociales, que así como estallaron de ira el día en que se conoció el crimen vuelven a replicar algunas de esas tendencias en estas horas.
En ese sentido, ha sido de destacable madurez y valía el posicionamiento público que han tenido los familiares paternos de Lucio, que lejos de agitar la sed de venganza en todo momento manifestaron -desde su profundo dolor- el deseo de que todo ocurra en paz, sin incidentes ni revanchismos.
Alertados del clima social actual, que replica el momento de la conmoción inicial, también actores del Poder Judicial –más precisamente del Ministerio Público Fiscal- actuaron de modo oportuno con la idea de difundir a la comunidad la información básica sobre la situación, incluso adelantando cuál será la petición, tomando en cuenta el material probatorio acumulado.
Casi en paralelo con el comienzo del juicio, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación dio aprobación al proyecto que germinó justamente a partir de la tragedia, y que implica la obligación de que autoridades de distintos niveles y jerarquías se capaciten respecto de los derechos de las niñeces y adolescencias.
La iniciativa encontró un respaldo unánime, con destacadas intervenciones orales en la sesión por parte de legisladores y legisladoras de todos los bloques, que además en el proceso de debate y enriquecimiento de la propuesta definieron que la normativa no llevara el nombre de Lucio ni de ninguna otra persona en particular.
La sesión se cerró con un emocionado abrazo del abuelo de Lucio con la presidenta de la Cámara, que de alguna manera es una de las formas en las que -aunque ni sane ni consuele- el Estado reconoce sus negligencias y asuntos pendientes.
…y una de arena…
El diputado nacional pampeano Martín Maquieyra fue impulsor de esa legislación, a la que aún después de definidas esas reglas de juego insistió en bautizar como "Ley Lucio" en sus comunicados de prensa y propaganda, difundiendo las fotografías con la familia y promoviendo la noticia en el marco del comienzo del juicio.
Uno de los costados siempre inevitables de este tipo de tragedias, que generan honda conmoción social, es el aprovechamiento político; del mismo modo que suelen ser este tipo de episodios los que se convierten en bisagra para la modificación de determinadas políticas públicas, o para la puesta en marcha de medidas que no se estaban implementando.
En el banquillo de las acusadas están las personas directamente imputadas por el infanticidio, pero no todo el sistema público que por acción u omisión facilitó que ocurriera el peor de los desenlaces: desde ya que la muerte de Lucio fue fruto directo del daño intencionado de dos personas adultas, pero también fue consecuencia de un cúmulo de negligencias, desidias y desatenciones.
Aunque autoridades de distintas áreas dieron explicaciones públicas e incluso llegó a haber interpelaciones legislativas, quedó la sensación de que hubo pocas revisiones y nulas sanciones internas en las áreas que tendrían que haber dado respuesta directa antes de que ocurriera la tragedia.
Si los organismos públicos hubieran funcionado como corresponde, un alerta debería haber sonado en distintas instancias, puesto que por un lado el destino del niño estuvo en manos del Poder Judicial y por otro atravesó instancias de supuesto control e intervención de áreas de Desarrollo Social, Educación y Salud.
Esa inacción estatal, o la falta de oportunidad de sus aportes, también merecen una mirada que vaya más allá del episodio puntual o del oportunismo político, y que generen la convicción de que los derechos de las niñeces deben atenderse especialmente.
En la semana surgió un caso incomparable al de Lucio, pero que vuelve a poner en la picota los desmanejos existentes en relación a la intervención de familias sustitutas y de los regímenes de adopción.
Un párrafo aparte merece la actuación mediática frente al tema: en el momento en que se produjo el crimen hubo un festival de sensacionalismo en el que también cayeron algunos medios locales, en general por la manía de imitar tendencias de los medios porteños más consumidos.
Justamente en esta hora hay en Santa Rosa un desembarco de canales televisivos centralistas a los que poco y nada suele interesarles la vida pampeana, pero que se pavonean obscenamente con la sangre que sube el rating: se repiten algunas de aquellas posturas, que prefieren hacer de la noticia no un servicio a la comunidad sino un espectáculo morboso que procure consumos masivos, aun a riesgo de generar violencia.
Los medios de comunicación implican en su razón de ser actuar de modo responsable, con la idea de esclarecer, no de escandalizar, aunque también son aprovechados por otros actores que -tal como ha ocurrido en este caso- difunden datos escabrosos que vulneran la intimidad del propio Lucio.
