Una discusión a cielo abierto y un avasallamiento intragable

Una de cal…

La Legislatura pampeana vivió una semana de esas que dejan marca: largas sesiones, pasillos espesos, miradas que dicen más que varias páginas del presupuesto y un clima enrarecido que terminó iluminando el debate de fondo.

Hubo internas en el oficialismo y chicanas opositoras de manual, pero nada de eso logró tapar lo esencial: la posibilidad de discutir a cielo abierto cómo se van a invertir los recursos de todo un año. Ese es el verdadero nervio expuesto. Y que haya quedado a la vista, con todos sus matices y espinas, tiene un valor que no siempre la política se anima a reivindicar.

El picanteo, por momentos desbordado, es parte del reglamento no escrito de la casa. Puede irritar, puede agotar, pero también empuja a que los representantes de la ciudadanía afinen argumentos, revisen supuestos y expliquen con mayor precisión por qué un peso va a un lado y no al otro.

Es, en definitiva, la fricción que obliga a sacarle brillo a la responsabilidad institucional. Y conviene no perder eso de vista, incluso cuando las discusiones se empantanan o cuando el ruido parece ganarle a la sustancia.

Hay, en este presupuesto, rasgos que se naturalizaron tanto que corren riesgo de pasar inadvertidos. Lo más saludable —y casi excepcional en el mapa nacional— es que se trata de un presupuesto equilibrado, con previsibilidad y otra vez sin endeudamiento.

Algo que a lo mejor en otras provincias sería titular de tapa, en La Pampa se da por descontado.

Hubo, además, un gesto que merecía llegar y se tomó su tiempo: la exposición del secretario General de la Gobernación, José Vanini, que por fin se subió al estrado para dar explicaciones vinculadas con su área.

El que se sabe que es un funcionario central del actual gobierno, cumplió con el deber de rendir cuentas. Celebrable la decisión; inaceptable la demora, que fue el motor de varias de las chicanas que tuvo que afrontar.

Mientras el oficialismo ordenaba su propio tablero, la interna pegó un salto visible con la propuesta ultravernista de fijar un nuevo índice para repartir a los municipios fondos que no integran la masa coparticipable.

Un movimiento audaz, sí; detonador de tensiones también. Será, como debe ser, el juego democrático de los números, los argumentos y la política el que defina si ese camino se abre, se ajusta o se archiva.

En una semana donde sobraron electricidad estática y pasajes de alto voltaje, la Legislatura mostró, aun en su agite, que la discusión pública sigue siendo el mejor escenario para que el presupuesto no sea un mero expediente técnico y sea la hoja de ruta de toda la provincia.

 …y una de arena

En la semana que se fue, en Santa Rosa volvió a repetirse un capítulo que no admite matices ni dobles lecturas: el avance impune del Grupo Clarín sobre el espacio público.

Sin permiso, sin habilitación y sin respeto por la normativa municipal, las cuadrillas de Movistar siguen colocando postes, cableando a mansalva y pretendiendo imponer, por cansancio, un hecho consumado. Lo vienen intentando desde hace semanas: operar primero, explicar después.

La postal se volvió habitual. Inspectores que llegan a barrios donde aparecen mástiles nuevos como hongos después de la lluvia; vecinos sorprendidos; vehículos de la empresa estacionados como si fuese territorio liberado.

Las advertencias están dadas, las infracciones están labradas y los secuestros administrativos se multiplican. Pero del otro lado, la estrategia es eludir, negar, reintentar. En una palabra: avasallar. El oligopolio actúa como si la ley fuera un estorbo y no un límite.

Una situación parecida tiene lugar en Toay, aunque el intendente Ariel Rojas asegura que en ese caso la empresa frenó su accionar a poco de ser advertida, pese a lo que dicen otros residentes de la ciudad.

No se trata de un conflicto técnico ni de una disputa burocrática. Lo que está en juego es la potestad básica del municipio, o más que del municipio de la propia ciudadanía, de ordenar su propio espacio urbano.

Si una empresa multinacional decide avanzar igual, aun sabiendo que hay normas precisas y resoluciones firmes que lo prohíben, el mensaje es inquietante: la voluntad empresarial no puede pesar más que la autoridad institucional. Y si, aun así, continúa haciéndolo, el problema ya no es solo la desobediencia sino la pedagogía del atropello.

La asimetría es evidente. De un lado, un Estado local que debe argumentar cada acto administrativo, encuadrarlo en la ordenanza y explicarlo cara a cara ante la ciudadanía. Del otro, una corporación multimillonaria con reflejos de vieja escuela: entrar primero, preguntar nunca, litigar después.

Santa Rosa ya vio ese libreto en tiempos en que el oligopolio creía que la provincia era una zona gris donde todo era negociable. No lo era entonces y no lo es ahora.

También está la cuestión simbólica. Mientras la Legislatura puede discutir a cielo abierto dónde va cada peso del presupuesto, con sus tensiones visibles, el Grupo Clarín actúa como si la ciudad fuera su laboratorio privado: pone un poste aquí, baja fibra allá, ignora la orden de detenerse aunque el municipio se lo repita en todos los tonos. Y cuando la Municipalidad logra frenar un avance irregular, esa misma empresa vuelve a la carga en otra esquina, como si nada hubiese ocurrido.

Se revela una cara central del ejercicio del poder: la que no se juega en discursos ni en debates, sino en la decisión concreta de una empresa de pasar por arriba de la autoridad pública. Lo que está sobre la mesa es, ni más ni menos, la vigencia de la ley frente a un actor que se comporta de acuerdo a sus caprichos.