Negociación sin perder dignidad y una ausencia injustificable

Una de cal…

El gobernador Sergio Ziliotto volvió a dejar en claro que la defensa del interés provincial no queda en la puerta de la Casa Rosada.

Llegó a la reunión con el ministro del Interior Diego Santilli y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni con la disposición institucional que exige el diálogo, pero también con la firmeza de quien reclama un derecho y no una concesión.

Repitió que La Pampa solo exige lo que le corresponde por ley y que ese principio no admite "toma y daca" alguno. El inicio de conversaciones no implica, para él ni para los representantes pampeanos en el Congreso, levantar la mano a favor de un Presupuesto que hasta ahora desconoce las necesidades de las provincias.

A la salida del encuentro, Ziliotto fue consultado por periodistas porteños que, en su afán interpretativo, hicieron visible el desconocimiento sobre cuestiones federales. El mandatario respondió que la Nación no puede sorprenderse por los planteos pampeanos.

Es que, amén de los planteos judiciales que integran distintos expedientes, ya fueron expuestos formalmente ante el Ministerio de Economía cuando se lanzó con gran despliegue el llamado "Plan Canje". Aquel esquema terminó aplicándose solo a las jurisdicciones que la Casa Rosada consideró convenientes, mientras que La Pampa quedó al margen sin explicación y con la misma discriminación que hoy denuncia.

Ese antecedente habilita dudas razonables sobre el nuevo intento de acercamiento. Cuando un gobierno nacional decide condicionar el trato según conveniencias coyunturales, cualquier expectativa de solución se vuelve incierta.

Aun así, para la provincia resulta significativo que Ziliotto no haya alterado su mirada sobre el modelo económico y que conserve argumentos similares a los que sostenía antes del 26 de octubre, cuando su discurso estaba centrado en la resistencia a un rumbo que consideraba perjudicial para "el interior".

Ese punto subraya una diferencia visible con otros mandatarios provinciales, incluso algunos que se reivindican peronistas y que, en pocas semanas, adoptaron posiciones acomodadas al clima político nacional.

En contraste, la estrategia pampeana se sostiene en la combinación de diálogo y firmeza: negociar porque es parte del funcionamiento del federalismo, pero sin resignar la dignidad que implica reclamar derechos y no favores. En tiempos de presiones explícitas y alineamientos rápidos, la Provincia eligió un camino más incómodo, pero más coherente con su historia institucional.

 …y una de arena…

La contracara de aquella firmeza política aparece en un ámbito donde el Estado debería mostrarse con idéntica convicción, pero no lo hizo.

El fallo por el femicidio de Raquel Amaya, cometido en Monte Nievas y por el cual fue condenado Fabricio Borges, expuso una situación que incomoda por donde se la mire: la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad llegó tarde, mal y con un nivel de inacción tal que obligó al propio Poder Judicial a dejar asentado en la sentencia un cuestionamiento inusualmente explícito.

Los magistrados no solo remarcaron deficiencias evidentes en la intervención del organismo, sino que señalaron que, pese a presentarse como querellante, la dependencia ni siquiera asistió a una sola audiencia del juicio oral.

Ese detalle, que en cualquier causa sería grave, en un caso de violencia de género adquiere una dimensión mayor. La Secretaría de la Mujer es, por mandato institucional y por responsabilidad política, la encargada de sostener la representación del Estado en procesos donde la vulnerabilidad de las víctimas exige acompañamiento real, no apenas formal.

El Tribunal entendió que la ausencia reiterada y la falta de participación activa podrían configurar no solo una omisión administrativa, sino incluso un comportamiento a revisar penalmente. Por eso habilitó a la Fiscalía a investigar si hubo alguna conducta delictiva o, al menos, negligente.

La situación se agrava por otra ausencia: la de una explicación pública. La Secretaría que conduce Gabriela Labourié no emitió ningún comunicado, no ofreció una versión propia ni planteó siquiera un gesto de autocrítica.

En un tema tan sensible, donde la legitimidad estatal se construye con acciones concretas y no con slogans, el silencio es tan elocuente como la inacción. Si la oficina encargada de responder ante situaciones de violencia de género no logra justificar su propio desempeño en un caso paradigmático, la confianza social se resiente.

El gobierno provincial viene insistiendo en la necesidad de políticas públicas basadas en un Estado presente y eficiente. Pero esta causa dejó al descubierto que, al menos en esta área, la presencia fue apenas una formalidad y la eficiencia brilló por su ausencia.

Entre lo que exige la ley, lo que reclaman las víctimas y lo que se espera de un Estado que se declara comprometido con la perspectiva de género, la distancia quedó crudamente expuesta. Y ninguna política pública puede sostenerse si esa distancia no se reduce con decisiones concretas, responsabilidad política y presencia real.