Negociación sin perder dignidad y una ausencia injustificable
Escuchá esta nota
EL DIARIO digital
minutos
Una de cal…
La reciente aprobación por unanimidad en la Legislatura provincial del acuerdo entre el gobierno de La Pampa y la Nación, específicamente con ANSES, representa un triunfo significativo para la provincia. Este acuerdo reconoce el legítimo reclamo que la Provincia ha venido planteando en diversos foros y organismos, reivindicando su posicionamiento firme en la defensa de los intereses del territorio.
A través de esta gestión, La Pampa ratifica el éxito de su persistencia, un camino que incluyó hasta la Corte Suprema de Justicia, siempre con coherencia y convicción.
Lejos de la narrativa de quienes acusaban a las autoridades provinciales de cerrarse al diálogo, este logro demuestra que la disposición para negociar no implica doblegarse ante los caprichos de la Nación.
La Pampa, con paciencia pero sin transigir, logró que su voz fuera escuchada. Es un claro ejemplo de cómo la política, cuando se fundamenta en principios y en la defensa de la ley, puede prevalecer sobre las presiones externas.
Este acuerdo marca un precedente para otras provincias que, como La Pampa, deben estar atentas al juego de alianzas del gobierno nacional. Las promesas vacías y los pactos desiguales que han sido impuestos a otros aliados del gobierno nacional no parecen ser un modelo a seguir.
La Pampa demuestra que el diálogo no debe ser sinónimo de sumisión. Que es posible llegar a acuerdos sin renunciar a la autonomía provincial ni a la dignidad política.
En un tono similar, la Municipalidad de Santa Rosa también está llevando a cabo acciones concretas que refuerzan el cumplimiento de las normativas locales. Esta semana, comenzaron a retirarse los postes de telecomunicaciones ilegales instalados por el Grupo Clarín, que en su afán de expansión, no solo vulnera las leyes de la ciudad, sino que lo hace con la presunción de impunidad que le da su poderío económico.
El accionar comunal, respaldado por un marco legal sólido, refleja una postura de firmeza por parte del municipio en la defensa del orden público y la integridad de las regulaciones locales.
Ambos movimientos, el del gobierno provincial y el de la Municipalidad de Santa Rosa, demuestran que es posible actuar con integridad y coherencia, a pesar de las presiones externas, para garantizar que las leyes sean respetadas y que los intereses de la ciudadanía estén siempre por encima de las conveniencias corporativas o de poderosos actores políticos nacionales.
Este camino no solo debe ser respaldado, sino que debe servir como ejemplo de lo que se puede lograr cuando la gestión se ejerce con responsabilidad y sin bajar la guardia ante quienes buscan imponer sus condiciones sin tener en cuenta el bienestar de las comunidades.
…y una de arena…
Las calles se alzaron en protesta contra la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, al mismo tiempo que dieron un claro mensaje de rechazo al Presupuesto 2026 aprobado en la Cámara de Diputados, aunque con aspectos significativos frustrados.
La primera etapa de esas legislaciones en tratamiento, impulsadas por el oficialismo, ponen de manifiesto las tensiones entre el gobierno central y las provincias, en especial con aquellos que, como La Pampa, ven comprometidos sus intereses fundamentales.
Entre las figuras más polémicas en este escenario se encuentra Adrián Ravier, quien debutó como legislador con una actitud intransigente hacia los intereses pampeanos y, especialmente, en contra del futuro de las universidades.
Ravier, docente en la Universidad Nacional de La Pampa, mostró una sorprendente falta de compromiso con la institución que le da de comer al alinearse con el ajuste en el sistema educativo. Se mostró dispuesto a ser brazo ejecutor de las políticas de Milei, sin siquiera intentar justificar sus propuestas con un criterio propio ni con una visión que contemple el bienestar de la provincia que lo eligió.
En algún punto, su intervención y su arremetida contra un par de leyes legítimas que fueron sancionadas con insistencia, confirman el compromiso que había aceptado antes de asumir, que era convertirse en levantamanos de lo que dispusiera La Libertad Avanza.
La postura no solo le cuesta la crítica de colegas de la docencia, sino que también pone de manifiesto lo que muchos consideran un ataque directo a la autonomía de las provincias y a la dignidad de las instituciones educativas.
En ese contexto enrarecido, que en el Senado fue más caótico todavía, asoma una disposición oficialista a aplicar la política del "todo vale", tal como lo señala el senador peronista Paly Bensusán, que incluso advirtió sobre la posibilidad de recurrir a viejos métodos, como la Banelco (las coimas), para conseguir apoyo en la flexibilización de derechos laborales.
La reforma laboral y el ajuste en las universidades no son simples reformas administrativas; son movimientos que apuntan a cambiar las estructuras de poder en el país, favoreciendo a unos pocos a costa de los derechos y logros de la comunidad.
En este sentido, el gobierno nacional parece dispuesto a aplicar las mismas estrategias que han caracterizado su gestión: avanzar sin miramientos, sin tener en cuenta las particularidades provinciales ni los intereses genuinos de trabajadores y estudiantes.
La flexibilidad laboral que se busca implementar podría resultar en una precarización del empleo que afectaría gravemente a miles de pampeanos, al tiempo que debilitaría aún más a las instituciones que, como la UNLPam, constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de la provincia.
Desde el Congreso se busca imponer una agenda que pone en peligro derechos fundamentales de la población. Los retrocesos en áreas clave podrían resultar en un golpe a la dignidad de la provincia y de sus ciudadanos, abriendo la puerta a nuevas formas de control y sometimiento bajo el falso pretexto de la reforma.
