Un presupuesto tironeado pero en marcha y los padecimientos del eslabón más débil de la cadena

Una de cal…

En la Legislatura se escribió otro capítulo de una época donde nada parece sencillo, aunque hay ciertas cosas que igual terminan ocurriendo. El Presupuesto provincial salió con lo justo, sostenido únicamente por el oficialismo y en medio de esos tironeos domésticos que el peronismo aprendió a administrar casi como un hábito.

Pese a los chispazos previos, la pulseada interna no pasó a mayores: los cuestionamientos del ultravernismo, las advertencias sobre el control semanal de las reestructuraciones y la idea de fijar un índice propio para el FODECO quedaron anotadas en la libreta de pendientes, pero no alcanzaron para bloquear la ley.

Del otro lado, la oposición volvió a mostrarse agrupada en el "no", como si también estuviera ensayando para un escenario que cada vez se parece más a un frente antiperonista rumbo al 2027.

Esta vez al PJ ni siquiera le hizo falta que la vicegobernadora Alicia Mayoral desempatara: la ausencia de un diputado del PRO terminó inclinando la balanza de un modo menos dramático del esperado.

El proyecto enviado por Sergio Ziliotto venía con marcas de la coyuntura. No es el presupuesto expansivo de otros años, ni el que sueña un gobierno acostumbrado a planificar con holgura.

Pero aun así conserva un rasgo que muchas provincias mirarían con una mezcla de sorpresa y deseo: no necesita endeudarse para sostenerse en pie. En un país donde el rojo fiscal suele ser parte del paisaje, La Pampa volvió a plantarse desde una lógica distinta, exhibiendo equilibrio en un contexto que empuja a administrar escasez.

El oficialismo apuró ese contraste con la Nación, subrayando que el presupuesto preserva la prioridad política que Ziliotto viene proclamando desde el inicio de su gestión: proteger a quienes están más abajo en la escalera social.

En un tiempo donde la desigualdad se ensancha y la caída del poder adquisitivo perfora cualquier previsión doméstica, el gobierno provincial insiste en mantener amortiguadores, reforzar programas sociales y sostener una estructura que intenta evitar que los sectores vulnerables queden a la intemperie.

Hay otra carta que no es menor: la promesa de que la obra pública, aun sin el ritmo de épocas mejores, no quedará reducida a un gesto testimonial. Si algo mostró la historia reciente es que cada metro de asfalto, cada ampliación de infraestructura o cada mejora en servicios básicos tiene un efecto inmediato en el empleo y la actividad.

En un escenario nacional donde la inversión pública quedó relegada a los márgenes, que La Pampa pueda garantizar un piso propio es, en sí mismo, un dato político.

En definitiva, la "ley de leyes" avanzó en un terreno áspero, con tensiones explícitas y alianzas bajo observación. Pero avanzó. Y en estos tiempos, que una provincia pueda planificar su año sin mirar la puerta de los acreedores es, aunque sea por contraste, una buena noticia.

…y una de arena

La otra cara de la semana llegó desde un lugar donde las excusas se desgastan rápido. El informe de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura volvió a advertir sobre un problema que ya no sorprende pero que sí se agrava: la sobrepoblación en comisarías y alcaidías pampeanas se naturaliza, se expande y se consolida como un rasgo estructural.

En espacios que legalmente no deberían alojar a personas condenadas, la mayoría de los detenidos convive con un nivel de hacinamiento que excede en casi un 50% la capacidad real de esos lugares. Esa cifra, en crecimiento año tras año, es también el reflejo de responsabilidades diversas que se acumulan sin resolución.

Una de las recomendaciones históricas del organismo —la creación de un servicio penitenciario provincial que ordene y gestione mejor la situación— sigue sin materializarse. El gobierno atendió esa demanda en su momento y explicó que la situación económica vuelve imposible cualquier inversión de esa magnitud.

Pero la dificultad presupuestaria no modifica la vida cotidiana de quienes transitan ese encierro impropio, quienes cargan con la parte más dura de un sistema que no los contempla y que reproduce condiciones de alojamiento que no resisten el menor examen.

El informe pone el foco, además, en otro punto sensible: la infraestructura de los lugares de detención. La necesidad de mejoras es insistente, documentada y reiterada.

Y junto a ese apartado aparece un dato que atraviesa cualquier justificación burocrática: el año pasado hubo cuatro muertes de personas bajo custodia policial. No son estadísticas menores ni episodios aislados; son la evidencia concreta de limitaciones, fallas y responsabilidades que interpelan directamente a quienes tienen a su cargo esa custodia.

La mirada del Comité no se limita al sistema penal. El documento aborda también la situación de la Salud Mental y el universo de la Niñez y la Adolescencia. En este último terreno reconoce políticas que funcionan, admite avances y señala un rumbo que, al menos allí, aparece más nítido.

Ese contraste interno del propio informe vuelve más evidente la deuda en el ámbito de las detenciones: cuando hay voluntad, decisión y recursos, las mejoras aparecen; cuando no, el deterioro se acumula sin pausa.

Es cierto que el contexto económico condiciona y que las demandas se multiplican. Pero también es cierto que las recomendaciones no buscan grandes obras ni transformaciones épicas, sino algo más básico: mejorar la calidad de vida de quienes peor la pasan, esos eslabones más frágiles de la cadena comunitaria que, paradójicamente, dependen por completo del Estado.

Ignorar esa lista de advertencias no resolverá el problema; apenas prolongará un cuadro que ya lleva demasiados años pidiendo lo mismo.