Una lección en las calles y en las plazas, mientras la motosierra amputa futuros

Una de cal…

Los actos por el Día de la Memoria volvieron a mostrar, en Santa Rosa, en la provincia y en todo el país, la vigencia de un reclamo que atraviesa generaciones: que no haya impunidad para la última dictadura cívico-militar.

Las multitudes que colmaron calles y plazas no solo actualizaron esa demanda, sino que la reafirmaron como una causa transversal, sostenida por distintos sectores sociales, económicos y políticos.

En La Pampa, esa expresión colectiva tuvo además un respaldo institucional claro. Los gobiernos provincial y municipal se sumaron con actos oficiales y homenajes que pusieron en primer plano a figuras ligadas a la defensa del sistema democrático.

Ese gesto no fue menor: implica asumir, desde el Estado, la responsabilidad de sostener la memoria como política pública y de reafirmar que no hay espacio para el olvido ni para el perdón frente a los crímenes de lesa humanidad.

En ese marco, uno de los momentos más significativos se vivió durante el acto en el Parque de la Memoria, donde el testimonio de Omar Guardia permitió visibilizar un aspecto menos expuesto del terrorismo de Estado: el padecimiento de quienes eran niños y niñas cuando sus padres fueron secuestrados.

Su relato volvió a poner en palabras el impacto profundo y persistente de aquellos años, y recordó que las consecuencias del horror no se agotaron en el tiempo, sino que se proyectan hasta el presente.

La tradicional movilización de los organismos de derechos humanos entre la Plaza San Martín y el Parque de la Memoria, volvió a ser una de las columnas vertebrales de la jornada. Pero no fue la única.

En el barrio Regazzoli, otro encuentro aportó una dimensión complementaria: la memoria como ejercicio colectivo que también puede ser abrazo, comunidad y futuro. Allí, la inauguración de una obra pública en un territorio popular se combinó con la presencia de artistas y vecinos, en una jornada que mezcló recuerdo, compromiso y un clima de encuentro que no reniega del dolor, pero tampoco queda atrapado en él.

Esa escena, lejos de diluir el sentido de la fecha, lo potencia: demuestra que la memoria no es un ritual congelado, sino una práctica viva que se resignifica en cada generación y en cada territorio. Que puede ser, al mismo tiempo, denuncia del pasado y construcción de un presente más justo.

En contraste con esa potencia colectiva, también resultó elocuente el silencio de algunos actores políticos. Referentes que en otros momentos eligieron la provocación, el negacionismo o incluso la reivindicación de la dictadura, como el diputado nacional libertario Adrián Ravier, esta vez optaron por correrse de la escena. Ni siquiera acompañaron el intento del gobierno nacional de reinstalar la teoría de los dos demonios a través de un mensaje que no logró arraigo.

La calle habló más fuerte. Y lo hizo con una claridad difícil de relativizar: la memoria sigue siendo un punto de encuentro social, una bandera vigente y una lección que se renueva cada año.

…y una de arena…

Si hubo en estos días una señal especialmente preocupante, esa fue la que dejaron en Santa Rosa los rectores de universidades de todo el país al ponerle números, datos y diagnóstico preciso al deterioro del sistema universitario argentino.

No se trató de una novedad, pero tampoco de una advertencia declamativa ni de una exageración corporativa: lo que expusieron fue la dimensión concreta de un plan de desfinanciamiento que, por su profundidad y su persistencia, no encuentra antecedentes desde el regreso de la democracia.

El gobierno nacional libertario eligió a la universidad pública como uno de sus blancos predilectos. No sólo la desatiende: la ataca en el discurso, la desfinancia en los hechos y la empuja a una situación crítica que compromete su funcionamiento cotidiano.

La escena ya no admite eufemismos. Las casas de estudio atraviesan una asfixia que pone en riesgo desde el pago de servicios básicos hasta la continuidad de tareas esenciales de docencia, investigación y extensión.

El cuadro que presentaron las autoridades universitarias fue terminante. Los salarios docentes y no docentes quedaron pulverizados, al punto de que muchos trabajadores se ven forzados a buscar otras ocupaciones para subsistir, con el consiguiente vaciamiento de experiencia, formación y calidad académica.

Los estudiantes, por su parte, también sufren en carne propia ese ajuste: cada vez más jóvenes interrumpen o abandonan sus carreras porque no pueden pagar alquileres, transporte, materiales o comida. Las becas, lejos de compensar esa crisis, se volvieron insuficientes hasta el absurdo.

El golpe también alcanza a la ciencia y a la técnica, dos áreas que durante décadas fueron motivo de orgullo nacional. La investigación perdió financiamiento, los equipos carecen de respaldo, la infraestructura se resiente y el sistema científico queda condenado a una precariedad que no sólo afecta a quienes trabajan en él, sino al país entero.

Cuando se castiga a la universidad pública, no se recorta un gasto superfluo: se debilita una de las herramientas más eficaces para producir conocimiento, formar profesionales y ampliar derechos.

Lo más grave es que este vaciamiento no parece un daño colateral de la política económica, sino un objetivo en sí mismo. Hay una decisión ideológica de arrinconar a la educación pública, de deslegitimarla ante la sociedad y de erosionar uno de los mecanismos más concretos de movilidad social ascendente que tuvo y todavía tiene la Argentina.

En un país donde generaciones enteras de familias trabajadoras llegaron a la universidad como forma de progreso, ese ataque no es neutro: castiga, sobre todo, a quienes más necesitan de un Estado presente para igualar oportunidades.

Por eso, el plenario de rectores realizado en Santa Rosa también dejó planteada una necesidad política. El Consejo Interuniversitario Nacional no puede limitarse a describir la catástrofe: necesita asumir un papel más activo en la defensa del sistema, incluso ocupando el vacío que deja una Secretaría de Políticas Universitarias ausente, ineficaz o directamente alineada con el desguace.

También será imprescindible reforzar el vínculo entre las universidades y sus comunidades, para que quede todavía más claro que lo que está en juego no es un interés sectorial, sino un patrimonio colectivo.

El Gobierno nacional no sólo desoye el reclamo: además incumple con la obligación de sostener un sistema que la sociedad ya demostró valorar, defender y necesitar. Cuando la motosierra se descarga sobre la educación superior, no se está corrigiendo ningún privilegio: se está amputando futuro. Y esa es, probablemente, una de las formas más brutales de la injusticia.