Proyecto colectivo y sentido común vs. la ideología del control remoto
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
La Pampa encontró por fin un eco en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Después de meses de reclamos y silencios oficiales, el Gobierno nacional reconoció la legitimidad del planteo pampeano por el déficit previsional, una deuda que se arrastra desde hace años y que hasta ahora había sido ignorada o postergada bajo pretextos administrativos.
En la audiencia de este martes, la representación nacional se presentó con funcionarios de segundo orden, un gesto que pudo interpretarse como desinterés. Pero en el expediente quedó registrado lo verdaderamente relevante: la admisión explícita de que el reclamo tiene fundamentos.
Fue, en términos políticos, una primera grieta en el muro de indiferencia que la administración libertaria levantó frente a las provincias, y particularmente frente a La Pampa.
Del otro lado, la delegación pampeana se mostró con toda su musculatura institucional. No solo estuvieron los equipos técnicos necesarios para la ocasión, sino que el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Hacienda Guido Bisterfeld se hicieron presentes en persona, para dotar de densidad política y de sentido federal a la gestión.
Con su presencia, La Pampa marcó que este no es un expediente contable más, sino un asunto que toca la médula de su autonomía y de la equidad entre jurisdicciones.
Un antecedente inmediato —la frustrada promesa del llamado Plan Canje— deja en claro que los gestos no alcanzan. De nada servirían las palabras bonitas "para la galería" si no vienen acompañadas de una decisión concreta de pago, con cifras, plazos y previsibilidad. Lo que se espera ahora es que la administración central convierta en hechos la admisión jurídica de su deuda.
Si eso ocurriera, se estaría ante una corrección saludable: el principio de una relación más razonable entre Nación y provincias, después de meses de maltrato político y financiero. El solo hecho de que el reclamo pampeano haya sido escuchado y validado ya representa un cambio de tono. Falta que esa modificación se traduzca en recursos y en respeto efectivo por el federalismo.
Por ahora, el panorama es de cautela esperanzada: un paso institucional que, sin ser definitivo, corta por un momento la racha de malas noticias que llegan desde Buenos Aires.
…y una de arena…
No es novedad, pero sigue siendo intolerable: el Grupo Clarín volvió a actuar como si el territorio pampeano fuera tierra de nadie. En Santa Rosa, el oligopolio mediático lanzó un despliegue impune de cableado e instalación de postes sin contar con ninguna autorización municipal, avanzando sobre veredas, frentes y espacios públicos como si se tratara de una propiedad privada.
El atropello no es solo físico: es institucional, un desprecio abierto por las normas y por la comunidad que las sostiene.
Todo comenzó después de una reunión cordial con autoridades locales, en la que se presentaron las intenciones empresariales de la firma Telefónica. Después de esa conversación, la compañía salió a las calles con cuadrillas y camiones, ignorando que tres proyectos sobre el tema permanecían aún en tratamiento dentro del Concejo Deliberante.
Esa secuencia desnuda la lógica con la que se manejan estos gigantes: primero hacen, después explican, y solo si los descubren.
La Municipalidad ya labró al menos 23 actas por infracciones, pero la empresa desoyó cada una de ellas. Actúa como si la ciudad fuera una estancia propia, donde las reglas las impone el patrón.
Es el reflejo más nítido de un tiempo en que el mercado y la desregulación se elevan al rango de deidad, y donde el poder económico pretende sustituir al Estado en la toma de decisiones.
Ante semejante escenario, resulta imprescindible que las instituciones pampeanas —políticas, judiciales y sociales— hagan valer el rigor de la ley. No se trata solo de un conflicto administrativo: está en juego la soberanía de una comunidad para ordenar su territorio y decidir sobre su propio desarrollo.
La respuesta social no se hizo esperar. Desde la Cooperativa Popular de Electricidad, desde la Universidad Nacional de La Pampa, desde organizaciones sociales, políticas y cooperativas, comenzó a levantarse una voz colectiva que exige freno y sanción. Esa es la potencia que Santa Rosa tiene para ofrecer: la que proviene de su trama solidaria e histórica, no de los balances de una multinacional.
En contraste, el Concejo Deliberante quedó en evidencia. En lugar de marcar límites claros, eligió un atajo de contradicción y pasividad, delegando en el Ejecutivo lo que bien podría haber tomado como responsabilidad institucional. Decidió archivar los proyectos, que es lavarse las manos y mirar para otro lado cuando la ciudad necesitaba firmeza.
Como advirtió el gobernador Sergio Ziliotto, estos pulpos no llegan solo a colonizar la rentabilidad: también buscan colonizar las conciencias. Frente a eso, la respuesta no puede ser la resignación ni la indiferencia. Santa Rosa tiene con qué ponerles límite.
