Falta de vivienda: una necesaria respuesta estatal

La problemática del déficit habitacional en la provincia, y especialmente en la capital provincial, volvió a hacerse visible en las últimas horas, a partir de que quienes pueblan el asentamiento conocido como "El Nuevo Salitral" decidieron movilizarse ante una nueva amenaza de desalojo y el temor a tener que dejar el lugar donde residen desde hace unos 3 años.

A partir de una nueva notificación de un propietario privado, abogado, que pretende quedarse con las tierras, vecinos y vecinas mediatizaron la situación, salieron a las calles e hicieron blanco de sus reclamos también al Estado.

Los asentamientos que se formaron en la ciudad fueron el fruto de una ausencia estatal, en sus diversos niveles: el gobierno nacional se borró de la política de vivienda durante los años del neoliberalismo, la Provincia no estuvo preparada para dar respuesta por su cuenta cuando esa carencia se evidenció y las comunas no tienen ni siquiera la tendencia a creer que el asunto del techo propio dependa de sus políticas.

Florecieron esos asentamientos (El Nuevo Salitral fue el primero y el más numeroso, pero de ninguna manera es el único) y la comunidad observó el fenómeno que se desarrollaba bajo la alfombra, pero lo hizo de manera espasmódica, durante un cierto tiempo, para que después la problemática cayera en una suerte de olvido.

En ese tiempo, las familias construyeron viviendas en el lugar, tal como ocurrió -incluso con mayor sistematización- en la zona del barrio Santa María de Las Pampa, aunque no hubiera servicios básicos a disposición y aunque desde el punto de vista legal no se conversaran las posibles soluciones.

También desde el punto de vista político hubo frente al tema una notoria ausencia: estas líneas ya han señalado las positivas políticas públicas que el Estado ha puesto a disposición de algunos sectores sociales que no pueden acceder a una vivienda, pero sigue habiendo limitaciones para los sectores más vulnerados, los que menos acomodados están en la pirámide social.

El nuevo ProCreAr está llegando de manera relativamente masiva a ciertos espacios, el programa Lote Propio que ideó el IPAV también es un avance, del mismo modo que la participación gremial en la construcción de más de 100 viviendas para sectores trabajadores, pero en todos los casos se trata de núcleos familiares con ingresos mensuales superiores a los $160 mil.

Mientras se recupera el rimo de la construcción de casas sociales -y siempre llama la atención la cantidad de personas anotadas que aun en condiciones de merecer una vivienda no la obtienen- es necesaria alguna otra salida para quienes peor la están pasando.

Esas familias piden que -también en respeto de las normativas constitucionales que determinan que la vivienda digna es un derecho- el Estado trame una idea para que los terrenos puedan ser accesibles de alguna manera: no piden regalos, sino una forma posible de hacerse de un lugarcito en el mundo.

Lo que puede ser presentado como un conflicto judicial entre un privado y un grupo de familias, es en realidad asunto de todos, y del poder político en particular: mucho más allá de que en la movida pueda haber sectores interesados partidariamente, conveniencias sectoriales o hasta personales, el Estado tiene también con esas familias una obligación da dar respuesta y decir presente.