El Estado como última protección contra un ajuste desquiciado y violento

Una de cal…

La Pampa es la provincia mejor preparada para resistir y zafar del impacto negativo del ajuste que se viene aplicando de la mano del gobierno de Javier Milei.

Así lo determinó un estudio del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que pertenece a la Fundación Mediterránea, y por lo tanto parece bastante lejos de una organización de orientación populista.

Sin embargo, una de las deducciones que permite el análisis es que justamente uno de los aspectos ineludibles de la realidad pampeana, desde el costado económico pero también desde las otras dimensiones desde donde quiera abordarse esa realidad, es que no está en duda la presencia estatal, su incidencia en distintos aspectos de la estructura social y de la vida cotidiana.

El ranking que elaboró la consultora, y que prontamente el gobernador Sergio Ziliotto aprovechó para difundir en sus redes sociales, tiene en cuenta para sus conclusiones la cantidad de recursos, el nivel de endeudamiento de dada provincia, el gasto corriente de las jurisdicciones, la dependencia de los fondos del gobierno central y hasta las exportaciones que ostenta cada región.

La Pampa sale muy bien parada de ese estudio, pero eso no quiere decir que no vaya a padecer, o que no esté sufriendo ya mismo, las consecuencias de un ajuste que se anuncia dañino y que sus propios promotores anticipan como la cara supuestamente menos traumática de una "catástrofe social de proporciones bíblicas", según la consideración amenazante del propio presidente.

La provincia, como todo el país, está lamentando en cuestiones concretas el rumbo que indicaron las urnas el pasado 19 de noviembre, cuando prefirieron el llamado "cambio" en combate contra la supuesta "casta", que ahora es abrigo y sostén de Milei, con la presencia de figuras rutilantes que le hacen de escudo en los distintos poderes.

Lo más claro como ejemplo al alcance de la mano: el despido de más de un centenar de trabajadores de la construcción en las obras de los barrios ProCreAr en Santa Rosa, Toay y General Pico, a raíz de que el gobierno nacional gambeteó todos los pagos desde su asunción, y además no da respuestas respecto de sus intenciones de continuar o no con la obra.

La idea de todos modos salta a la vista en la decisión de degradar también el Ministerio de Infraestructura después de que fuera echado Guillermo Ferraro.

La sombra del recorte aparece en el cambio de política salarial del gobierno pampeano, que este mes ofreció sólo un 10% de aumento y ya no pudo seguir el tren al que se había acostumbrado, de incrementar sueldos en la misma proporción que la inflación de cada mes.

Otras consecuencias del ajuste en la provincia irán notándose poco a poco en la vida cotidiana, mientras las arcas estatales ya lo padecen en el recorte de fondos no reintegrables, ahora bautizados "discrecionales", que permiten la financiación de programas diversos, del subsidio al transporte o el incentivo docente.

…y una de arena…

Como encima también hay una caída de los fondos coparticipables en términos reales, ya que el gobierno distribuye menos dinero porque funciona con una réplica del presupuesto del año anterior, La Pampa tuvo que apelar a sus ahorros: el mentado fondo anticíclico, que se armó por decisión oportuna de las autoridades y con esfuerzo de la población, empieza a reducirse como consecuencia de las políticas de achicamiento que derraman desde el gobierno central.

Otras jurisdicciones no tienen la misma "suerte" que La Pampa de contar con una caja de ese tipo, que por un lado alivia el sablazo y por otro permite una relativa soberanía política a la hora de los acuerdos, que Milei pretende que sean en realidad sumisiones a su objetivo madre: transferir ingresos de las provincias al gobierno central y de los bolsillos populares a las corporaciones.

Aunque a simple vista -en la calle, en las oficinas, en los lugares comunes y en las encuestas- ya se nota la tristeza y la bronca que causan algunas medidas, y por lo tanto una caída de la imagen positiva presidencial a menos de dos meses de haber asumido, el ajuste va viento en popa, porque la mayoría del Congreso Nacional levantó sus manos para aprobar una Ley Ómnibus que potenciará esos efectos y que faculta al Ejecutivo a tomar decisiones severísimas en ese sentido.

A grandes rasgos, el oficialismo y sus fuerzas terrenales aliadas privilegiaron la excusa de que son necesarias "herramientas para la gobernabilidad", aunque para ello hubiera que desatender el federalismo más elemental e incluso la historia reciente que demuestra de qué modo terminan los procesos en que se aplican este tipo de recetas.

La variable de esta nueva ofensiva, desquiciada, es su velocidad y su tono: el extremismo, con dosis de fanatismo mesiánico, marca el andar del núcleo de gobierno más íntimo, que en inédito desempeño político bañó de agresiones e improperios a los propios legisladores, incluso los que resultaron sus socios, acusándolos de coimeros y valijeros, o pegándoles un humillante apriete en público desde las redes sociales antes de que levantaran la mano.

Ese escenario, con claras tendencias antidemocráticas, tuvo su correlato en las calles, donde la manifestación de sectores ni siquiera tan masivos fue reprimida de modo literalmente brutal con palazos, machetazos, gases y balazos de goma: esa violencia, aunque es naturalizada, impactó de lleno en más de dos docenas de trabajadores y trabajadoras de prensa, con lo cual es una pregunta válida qué destino queda para el resto de las personas con menos herramientas de protección y visibilización.

Tres referencias de La Pampa levantaron sus manos en pacto con La Libertad Avanza: quedan anotados en la memoria popular los nombres de los diputados del PRO Martín Maquieyra y Martín Ardohain, que parecieron votar con mucho gusto, casi en tono oficialista; y la radical Marcela Coli, que hizo discursos críticos y sonó culposa, pero a la hora de los bifes contradijo con su mano lo que había pronunciado su boca.