La resistencia, la incertidumbre, las primeras traiciones

Una de cal…

El gobierno provincial no dejó pasar el tiempo y presentó en la semana que se fue el mentado presupuesto "para la resistencia", el anunciado "Plan B" del gobernador Sergio Ziliotto, a partir de que el balotaje quedó en manos de la propuesta ajustadora del candidato de la Libertad Avanza Javier Milei.

En un contexto que promete achiques y recortes, lo que hizo el gobierno pampeano fue asimilar rápidamente la derrota, adaptarse a las nuevas condiciones que parecen venir -aunque en un marco de absoluta incertidumbre- y garantizar los aspectos elementales que la población necesita del Estado: la Salud, la Educación, la Seguridad y sobre todo el alimento de lo sectores más vulnerados, que además visto el contexto pueden empezar a sufrir más.

Las básicas previsiones del oficialismo también permiten evaluar con antelación el reparto de coparticipación para que los municipios evalúen sus posibilidades de inversión, en un marco de generalizadas incógnitas en el nivel nacional.

Justamente esa relativa desorganización en el gobierno central debiera hacer que se afronte no con indulgencia pero sí con sensatez el alivio que significa el hecho de que la Provincia trabaje su propia administración y manejo de fondos con seriedad y con racionalidad, sin escatimar información a los actores políticos.

Esa situación no es mérito ni virtud de una persona, ni siquiera de un gabinete o de un gobierno, sino de una historia que la provincia tiene incorporada como natural, no sólo en los niveles responsables de la gestión, sino en la administración pública en general e incluso en la comunidad toda.

Eso no impide que al oficialismo local le haya tocado también anunciar algunas noticias que no son las mejores, o por lo menos abrir el paraguas frente a situaciones que se ven modificadas por los nuevos valores políticos que se han puesto en juego: el incremento salarial de estatales, atado a una cláusula gatillo parecía un derecho conquistado, pero las partes en juego en esa paritaria saben también que hubo anticipos sobre el impacto y las derivaciones que podría haber en el caso de que desembarcara un gobierno ajustador.

Al margen de lo que ocurra con los sueldos básicos de ese sector y las políticas salariales, ya se dan por hecho algunos recortes de beneficios que se interpretaban como habituales, que pasan por el pago de horas extras, la distribución de viáticos u otras inversiones estatales que ahora parecen irse por la canaleta del recorte para atender las necesidades sociales más básicas.

En ese marco, la expectativa es que, como ha sido estilo en La Pampa, la nueva forma de distribución sea lo menos dañina posible para los espacios más desprotegidos, y que esos golpes se administren del modo más aliviado, equitativo y justo posible, aún cuando está muy claro que no es esa mirada humana la que se pretende derramar desde la jurisdicción nacional.

…y una de arena…

En la semana que se fue, además de la noción de la derrota electoral, La Pampa también padeció el cachetazo de realidad que significó que el presidente electo ratificara, aunque entre ambigüedades y contradicciones, algunas de sus propuestas electorales más repetidas en campaña, como por ejemplo la eliminación de la obra pública.

Javier Milei dijo primero que a partir de que asumiera el cargo el Estado se desentendería de esa tarea que parece hasta una de sus razones de ser, pero poco después fue más allá: anunció que también interrumpiría las tareas que ya están en marcha, dando por tierra con contratos y licitaciones en curso.

Este último punto habilita el planteo de que se vulnera la seguridad jurídica más básica, uno de los planteos que de modo más remanido e insistente hicieron en los últimos años los sectores que eran oposición y que ahora se están realineando en un curioso y todavía pantanoso filooficialismo.

La eliminación de la obra pública tal como la conocemos hasta hoy para reducirla a futuro a que se trate de meros proyectos privados que persigan el lucro y la rentabilidad, no sólo es una mirada que va a contramano de lo que ya es una costumbre y cultura general, sino que además es absolutamente porteñocéntrica, puesto que sólo en las grandes urbes y poblaciones, con extendidos mercados, puede pretenderse que exista ese nivel de interés de parte de sectores empresariales.

¿Cuál sería la conveniencia desde el punto de vista de la rentabilidad de una firma, de hacer un acueducto que lleve el agua a las poblaciones del norte pampeano? ¿Por qué le interesaría a una empresa privada terminar una terminal en una pequeña capital de provincia donde se mueve menos población que en un barrio del AMBA? ¿Por qué le interesaría a una sociedad anónima hacer un hospital en una ciudad como Santa Rosa?

Esa serie de obras son únicamente interesantes siempre y cuando se considere que la prioridad es la calidad de vida de las personas y no el bolsillo de los negociantes; la salud, o la educación, o el bienestar general de la población, y no la pura ganancia de grupos económicos. 

En síntesis: esa es la puja que se puso en juego en las últimas elecciones, y en la que el voto popular se puso del lado que fogoneó la "motosierra" y que interpretó que las acciones estatales en general no están destinadas para facilitar y desarrollar la vida de las personas sino para garantizar privilegios de la casta.

Milei todavía no asumió su cargo, pero en fiel respeto a la impronta de lo peor de la llamada clase política, ya vulneró su promesa más repetida: la de no aliarse con esa "casta" que ahora le intervino el gobierno, le marca la cancha y lo tiene de rehén de sus acciones, situación que desde un análisis objetivo hasta era previsible porque en realidad el presidente electo es antes que eso un personaje mediático, cuya prestación principal ha sido en beneficio, justamente, de la casta económica.