La manta corta: una propuesta para zafar de la inequidad, pero que no alcanza

El gobierno provincial finalmente definió cuál es el mejor modo que encontró para tratar de saldar las asimetrías que generan los vigentes índices de coparticipación: el Ejecutivo se comprometió a aumentar la masa coparticipable con la creación de un nuevo fondo, bajo la idea de que ninguna comuna empiece el año que viene a percibir menos dineros de los que recibe en la actualidad.

La salida a un brete extendido y complejo busca así ser salomónica: que nadie se sienta especialmente perjudicado, por más que el mecanismo tampoco pueda garantizar que se haga justicia, y que además tampoco implique una reforma del fondo de la cuestión.

De algún modo, el gobernador Sergio Ziliotto dio a entender que eso es "lo que se puede" luego de varios intentos de cambiar las actuales herramientas, que aunque en su momento hayan sido positivas terminaron generando inequidades, desequilibrios y directamente tergiversaciones a la hora de definir el reparto de recursos.

Este tipo de medidas se toman a veces por cuestiones coyunturales, presiones de ocasión e intereses del momento y terminan padeciéndose en el mediano o largo plazo, a la vez que es lógico que en un país con la inestable economía de la Argentina aun las resoluciones sensatas y coherentes entran en crisis pasado un tiempo.

En gestiones anteriores, y fundamentalmente en las etapas en que gobernó Carlos Verna, hubo una tendencia a distribuir en beneficio de las comunas más pequeñas o menos pobladas, como consecuencia de una construcción política partidaria pero también bajo el interés de potenciar sectores geográficos históricamente postergados.

El mentado Fococo, el reparto de las regalías y el modo en que se genera el ranking que determina premios y castigos en el reparto de la coparticipación entró en crisis hace mucho tiempo, y sin embargo fueron pasando los meses, los años y las gestiones sin que se pudiera consensuar una salida lo menos traumática posible.

Durante los últimos años, ante el fracaso de las iniciativas para salir de esa encrucijada, hubo una especie de parálisis generalizada, tiempo durante el cual los índices siguieron siendo tan inequitativos como entonces, o más aún, porque hasta el oficialismo admite que se fue agrandando la brecha.

La propuesta oficial es que el nuevo fondo compense ventajas y desventajas, distribuyendo más recursos en los municipios que menos índice perciben si esas cuentas se sacan por habitante y por año: la lógica gubernamental es que así se modificará positivamente la situación de las ciudades más grandes, que están entre las perjudicadas actualmente.

En algún punto la Provincia se golpea el pecho con su decisión, con razones: nadie puede denunciar que se discrimine, por ejemplo, a comunas gobernadas por la oposición, ya que la medida tiende a un reparto automático y no discrecional y de ahí que el gobernador se haya jactado de que se trata de un paso adelante desde el punto de vista de la calidad institucional.

Se trata, además, de la creación de un fondo que a cifras del año que viene implicaría unos $3.500 millones que salen del bolsillo del Estado provincial para distribuirse entre los municipios pampeanos, una decisión que a primera vista va a contramano del ajuste que tanto promocionan algunos sectores políticos opositores como practican en la actualidad ciertos organismos del Estado nacional.

…y una de arena…

Santa Rosa, puntualmente, esperaba del gobierno provincial un anuncio que la dejara mejor parada: el intendente Luciano di Nápoli no dudó en hacer visible su disconformismo, primero con un faltazo al encuentro de intendencias donde el nuevo mecanismo se explicó con sus detalles técnicos, precisiones de aplicación y proyecciones a futuro; después con una exposición pública a la que no le faltan argumentaciones.

No hay dudas de que la capital viene siendo en ese sentido muy perjudicada, con el agregado de que gobernar ese distrito implica una serie de connotaciones de alto peso político, además de que Santa Rosa atraviesa emergencias de distinto tipo y afronta con su presupuesto la prestación de servicios públicos extraordinarios (la recolección de residuos, el barrido, la limpieza y el transporte urbano de pasajeros son los más visibles).

Según di Nápoli, la propuesta del gobierno provincial no revierte la tendencia a la inequidad: si bien reconoce que la iniciativa mejora en algún aspecto la realidad de Santa Rosa, se desechan las expectativas de una cuestión de fondo que se aproxime más a un reparto justo, puesto que el fondo que se incorpora para tratar de equilibrar el asunto tiene un monto insatisfactorio.

Mucho más allá de los dimes y diretes de tipo político, los posicionamientos que apuntan a ambiciones electorales del largo plazo, lo que existe es una discusión compleja, difícil de saldar y en la que a ambas partes asiste algo de razón: el Estado provincial decidió abrir su billetera para que no hubiera problemas con alguna comuna que perdiera fondos, pero terminó generando la reacción de la capital, nada menos, que tenía expectativas más firmes de una modificación duradera y sistemática y no de un mero "parche".

La capital tiene a mano algunas constancias de la inequidad: suena bastante insólito, realmente, que el índice coparticipable fuera tanto más importante hace una década y no ahora; se repite como cierto que La Pampa es la única provincia que le asigna tan poco porcentaje en el índice final a la cantidad de habitantes que tiene cada ciudad.

Por eso Santa Rosa plantea que cada vecino y vecina de la ciudad recibe de fondos de coparticipación quince veces menos de lo que le corresponde a cada habitante de la localidad más beneficiada en ese prorrateo.

Aunque cala hondo el argumento de otras comunas respecto de que la capital no debe ser privilegiada, sobre todo porque es evidente que en los últimos años ha encabezado las prioridades a la hora de definir la obra pública, también es verdad que las definiciones de años anteriores, se hicieron pensando en tirarle salvavidas a las localidades más pequeñas y menos pobladas.

El debate y la puja de intereses no va a frenar seguramente por un tiempo, pero quizá lo que a esta altura la discusión deja en evidencia es que en algún momento, si lo que se busca es hacer justicia, habrá que salir de los parches de ocasión para modificar la cuestión de fondo, aunque eso genere reacciones de algunos espacios que puedan resultar perjudicados en el corto plazo.