Una mano para sectores productivos alternativos y más leña al fuego de un conflicto

Una de cal…

El gobierno provincial decidió en la semana atender las necesidades urgentes de dos espacios productivos y de la vida comunitaria pampeana: anunció por un lado asistencia crediticia a las cooperativas de trabajo y definió, por otro lado, una prórroga a la ley que impide desalojos y remates de campos que ocupan históricos puesteros en el oeste.

Las dos medidas son, en principio, demostración de que el Ejecutivo pampeano reconoce en esos sectores a espacios de la vida pública que necesitan de una mano del tan mentado "Estado presente", a la vez que resulta necesario advertir sobre ciertas limitaciones que esos aportes pueden tener con una mirada de largo plazo.

Puntualmente sobre la circunstancia de quienes desde hace varias generaciones residen en el oeste, el gobernador Sergio Ziliotto cumple con la palabra que comprometió incluso antes de asumir en su cargo, pero el paso del tiempo ya vuelve imprescindible que la situación tenga una solución definitiva, para que a fines de 2026 estos pobladores no sean otra vez presas de la angustia, puesto que las prórrogas sucesivas de una normativa terminan dependiendo de voluntades políticas o hasta personales.

Lo indicado sería que se haga la tarea necesaria para que esos genuinos poseedores aparezcan formalmente como propietarios de las tierras que ocuparon sus ancestros y que ellos mismos trabajan hoy, una realidad que el Estado provincial y su conducción actual parecen haber advertido claramente y que fue argumentada de modo claro al determinar la nueva prórroga: esos mismos planteos, innegables, debieran ser los que conduzcan a una resolución más de fondo, porque la actual es insuficiente.

Los anuncios para las cooperativas de trabajo fueron muy positivos, porque se ofrecen préstamos con facilidades oportunas que permitirán a esos sectores afrontar necesidades de su producción cotidiana, como la compra de maquinaria, equipamiento o insumos, inversiones que apuntan a un crecimiento de ese modo de la economía social y solidaria.

Los comentarios que a propósito de esas medidas hicieron el gobernador y su ministro Ariel Rauschenberger también estuvieron muy a la altura de las circunstancias e implican no solo un posicionamiento sino la cabal comprensión de la realidad actual, en que la economía popular se ha convertido en un sector activo e imprescindible de la vida económica, con lógicas diferentes a las que manejan el empresariado o el Estado.

Esa realidad hizo que en La Pampa se crearan, casi todas en los últimos años, más de 50 cooperativas de trabajo, que conforman un colectivo de actividad intensa, que genera mano de obra y produce cotidianamente en diversas ramas y sectores, y que además exhibe una potencia política que está dando sus primeros pasos.

Un primer encuentro del sector marcó justamente una guía que el Estado pampeano podría seguir si de verdad termina de considerar a ese espacio como actor económico vital y parte de la economía provincial: hay demandas y planteos para que además de asistencia crediticia o de aportes económicos se tenga en cuenta de modo prioritario a las cooperativas de trabajo como proveedoras del Estado, ya que brindan bienes, servicios, trabajo, ideas, como parte de un círculo virtuoso que genera fuentes laborales y garantiza que esos recursos no se van de la provincia.

…y una de arena…

El arreglo entre la conducción de la Cooperativa Popular de Electricidad y la cúpula del gremio Luz y Fuerza Mercedes dejó un gusto amargo entre trabajadores y trabajadoras que desde hace largas semanas decidieron "autoconvocarse" para plantear demandas que tienen que ver con su realidad laboral en esa entidad solidaria que es a la vez la empresa más grande de la provincia.

El acuerdo fue presentado como si fuera un paso adelante y contara con respaldo y aval de las propias personas involucradas: se llevó hasta la Secretaría de Trabajo con la expectativa de que esa acción también diera a entender que el Estado estaba avalando lo convenido, pese a que no se conoció todavía ninguna posición oficial.

La buena noticia que de ese arreglo se desprende para trabajadores y trabajadoras en realidad se caía de madura: se garantiza la devolución de los injustos descuentos salariales que se les hicieron a raíz de su participación, durante el horario de trabajo, en asambleas que realizaron para analizar problemáticas vinculadas con su tarea.

Pero a la sombra de esa decisión de apariencia positiva, el acuerdo lo que hace es calificar negativamente el comportamiento de los "autoconvocados", fustigar su accionar, considerarlo ilegítimo y de alguna manera volver a dejar a esos trabajadores desprotegidos y abandonados a su suerte.

Estas líneas ya hicieron referencia a una realidad muy concreta e innegable: resulta dificultoso para cualquier empresa o institución atender reclamos particulares o personales que se salen de los carriles previstos por la ley, actualmente, para el tratamiento de exigencias salariales, asunto que se tramita en las negociaciones paritarias y que exigen la presencia de partes institucionales como son la patronal de la CPE y los sindicaros representativos del sector.

En ese sentido, es complejo considerar el planteo de los autoconvocados de ser considerados como un tercer sector en pugna, aunque eso no niega que sus ambiciones de mejoras salariales no sean legítimas y no tengan que ser atendidas tanto por la dirigencia gremial como por el Consejo de Administración de la CPE.

En ese marco, donde a cada quien asiste un poco de razón y donde el diálogo debe ser el que conduzca al mejor final del conflicto, el arreglo entre la CPE y Luz y Fuerza Mercedes apareció más bien como un pacto entre gallos y medianoche, y lejos de facilitar los entendimientos o acercar posiciones parece haber echado más leña al fuego: lo que la abogada Carina Salvay ha descripto públicamente como "complicidad", en voz baja llega a describirse como "traición" o una "carneada" que entrega a quienes, con los errores y limitaciones que puede tener toda conducta humana, lo único que hacen es reclamar por sus derechos.