La casta avanza: autosalariazo y freno a la imprescindible obra pública
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
La decisión del gobierno provincial de empezar a medir con sus propias metodologías y recursos la vulnerabilidad social en las localidades pampeanas, obteniendo así entre otras variables índices de pobreza e indigencia que varían respectos de los que relevan organismos nacionales, disparó cuestionamientos al gobierno provincial, algunos de ellos posiblemente genuinos, los más sonoros interesados.
El oficialismo explicó su medición con argumentación atendible: la Provincia tiene el derecho de medirse a sí misma, aspira a tener en ese sentido una soberanía política que también es estadística y no intenta "competir" con lo que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sino tener información de primera mano para tomar decisiones y controlar la gestión.
Esa explicación la tuvo que dar el gobernador Sergio Ziliotto, cuando ya el tema había explotado en los medios del establishment porteño, que siempre aprovechan zonas grises o problemas de comunicación para arriar agua a su molino y practicar el centralismo que les es característico.
Las expectativas que el gobierno pampeano le pone a esa nueva herramienta de medición, que bien hecha siempre es bienvenida, contrastan con las escasas explicaciones públicas que se dieron respecto de las maneras en que se toman esos guarismos.
A la vez, el gobierno hizo tanto esfuerzo en negar una confrontación con los números del INDEC que necesariamente se genera en la opinión pública una confusión, puesto que hay números muy diferentes que describen un mismo fenómeno para idéntica zona geográfica.
A primera vista, queda la sensación de que si el oficialismo local tiene dudas sobre los métodos de Nación para llegar a sus conclusiones, lo mejor que podría hacer es transparentarlas para facilitar una mirada crítica de la comunidad.
Sí es oportuno lo que la Provincia anticipó y por ahora no tiene otro carácter que el de anuncio: la decisión de que la medición se haga en todo el territorio pampeano y no únicamente en el conglomerado Santa Rosa-Toay.
La posibilidad de que La Pampa se genere una estadística propia había sido planteada por la propia oposición: la diputada del PRO María Laura Trapaglia agitó esa proposición de manera reiterada.
Así como no puede ignorarse el rol de los medios del establishment y sus políticos asociados de parte de la oposición -que aun desde la ignorancia salieron con los tapones de punta a vituperar la propuesta provincial- tampoco puede disimularse que el gobierno decidió difundir su nueva idea, con primeros resultados incluidos, tan luego en la semana en que el INDEC explicó que la pobreza en Santa Rosa-Toay estuvo a fin de año por encima de la media nacional.
…y una de arena…
Los mismos medios porteños y dirigentes políticos pampeanos que responden al macrismo y que de modo altisonante torpedearon el índice de vulnerabilidad pampeano, hicieron un vergonzoso silencio respecto de lo que pasó en el Senado nacional, donde la oposición brindó un triste espectáculo que impidió la sanción de leyes que la comunidad pedía a gritos.
La Pampa tiene una especial incidencia en toda esa historia, puesto que las dos normativas más importantes que se esperaban aprobar y que quedaron paralizadas por la irresponsabilidad opositora germinaron de alguna manera en nuestra provincia.
La sanción de la "Ley Lucio", de manera insólito, quedó impedida a partir del comportamiento de la representación de Juntos por el Cambio, pese a que fue el diputado nacional de ese espacio Martín Maquieyra quien le sacó provecho al asesinato del niño, con una propuesta que propagandizó con intensidad y que los medios que lo cubren pusieron en portada de modo sistemático.
El nivel de hipocresía que se puso en evidencia es record, pero aun desde la culpa la dirigencia del PRO que militó el desembarco de dirigentes para que vinieran a hablar de Lucio y la falta de respuestas del Estado pampeano, gambeteó la posibilidad de autocrítica, metió el tema bajo la alfombra, no dio explicaciones ni a la familia del pibe y se puso a hablar de otros temas para tapar el sol con las manos.
El PRO ya sufrió en carne propia el aprovechamiento político que hizo del tema, una situación que se notó hasta en las elecciones internas opositoras en General Pico, donde de algún modo hubo un voto castigo a esa explotación mezquina del a escenario, que también había ido menguando las movilizaciones de vecinos y vecinas pidiendo justicia.
Sin embargo, la política sigue metiéndose de modo parecido: esta vez, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, se prestó para la foto y las declaraciones en compañía de dirigentes del bando justicialista, para testimoniar su descontento con el insólito plantón de quienes antes eran sus dirigentes de supuesta confianza.
La otra ley congelada por la conducta opositora es la de Alcohol Cero, militada desde La Pampa por Silvia González como presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, que sí consiguió ponerla en vigencia rápidamente en nuestra provincia y en municipios importantes, pero que a nivel nacional viene chocando de modo reiterado con distintos obstáculos semana tras semana.
En este caso la irresponsabilidad de Juntos por el Cambio también otorga un privilegio al empresariado bodeguero que viene haciendo lobby para que esa normativa no cobre vigencia, porque supuestamente puede perjudicar su negocio, independientemente de que salve vidas.
Las maniobras, avivadas y jugarretas en la política con moneda corriente, y hasta pueden considerarse a veces parte de un simpático folclore, pero esta vez la oposición superó esa frontera y decidió jugar mezquinamente y posicionarse en la vereda de enfrente de una comunidad que, fuera del ruido politiquero, pedía en esos casos soluciones concretas a problemas reales.
