Opinion

Control estatal y decisión política para buscar justicia social

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Desalojos de familias con hijos e hijas, personas en situación de calle, lobby inmobiliario y Ley de Alquileres.

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EL DIARIO digital

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Los números que reveló el defensor de Niñez y Adolescencia Juan Pablo Meaca respecto de la cantidad de desalojos judicializados durante el año pasado estremecen: hubo 215 situaciones de ese tipo en que se llegó a los estrados del Poder Judicial para sacar del hogar a familias con hijos o hijas.

La conmoción es mayor si se toma en cuenta que ese sombrío panorama se potenció en los últimos meses, en que la crisis social se viene haciendo más evidente y de la que hay cotidianas manifestaciones de explosión, también a partir de desalojos o conflictos similares.

En la semana se pusieron en evidencia nuevos casos en Santa Rosa: familias que quedan a la intemperie y desamparadas, personas en situación de calle que improvisan formas de instalarse en la vía pública. En síntesis, un panorama cargado de tristezas y complejidad.

A eso se suma que hay familias en mejor condición, con trabajo estable, que no la tienen nada fácil a la hora de garantizarse un techo bajo el cual vivir, puesto que entre la inflación y las ansias de rentabilidad de quienes manejan el negocio inmobiliario llegar al pago mensual de un alquiler se vuelve toda una presión, cuando no directamente un drama.

Hay en esas certezas varias puntas para reflexionar: las respuestas a los conflictos sociales profundísimos -que tienden a agravarse a medida que se haga más inaccesible el acceso a las necesidades básicas- no aparecerán de la mano del mercado, ni por obra y gracia del azar. Tampoco será posible encontrar un poco más de equidad si los organismos estatales juegan a la "objetividad" y el "punto medio" y no se definen en favor de quienes más necesitan de ese respaldo.

Ya bien se sabe que el déficit habitacional en La Pampa atraviesa uno de sus peores momentos a partir de la sequía a que la condenó el gobierno neoliberal, y a la imprevisión que sobre esa problemática tuvieron los gobiernos provinciales, ahora tratando de remontar la cuesta en base a distintos programas.

Pero además de esos años funestos hay otra realidad que incluso vuelve a estar en debate en el Congreso Nacional, que trata nuevamente la Ley de Alquileres, pero en principio no para garantizar más derechos del eslabón débil de la cadena (inquilinos e inquilinas) sino para salir en auxilio del descontento del poderoso lobby inmobiliario.

Santa Rosa es un ejemplo muy concreto y potente: existe esa ola de desalojos, existe una enorme cantidad de viviendas deshabitadas y ociosas, pero sin embargo alquilar una casa modesta y sencilla se ha vuelto una quimera, puesto que el solo hecho de encontrar un lugar digno es complicado y superado ese obstáculo los precios y las condiciones que se menejan son directamente inaccesibles.

La mayoría del poder político representativo, sin embargo, ha preferido calificar a la última Ley de Alquileres como un "fracaso", en lugar de reafirmar las herramientas estatales para ejercer controles firmes y sistemáticos que propicien un poco más de justicia social.

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