Opinion

Editorial: Guerras, violencias y batallas culturales

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En la agenda de la semana que se fue quedó la respuesta insatisfactoria del Estado ante los femicidios, ahora bajo el compromiso de articular esfuerzos; en un contexto de crisis de todo tipo, vuelve a aflorar el interés sectorial de los sectores económicos más acomodados.

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EL DIARIO digital

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Una de cal...

En medio de un mundo que no abandonó aún la pandemia y parece entrar en una guerra, las convulsiones del espacio político a veces no dejan lugar para tomar en cuenta las preocupaciones más básicas y cotidianas, porque las energías y los recursos se distraen en macroasuntos.

Sin embargo, durante la semana que se fue resultó interesante -aunque de anuncio casi sorpresivo- que Santa Rosa resultara sede de las deliberaciones del Consejo de Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, con la presencia de tres autoridades de rango ministerial nacional.

Ese tipo de visitas, por un lado, muestran algún gesto de federalismo por parte del Gobierno central, aunque más no sea acercándose al territorio y compartiendo visiones, ideas y escuchas con referencias públicas que no son las de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, dejan siempre la sensación de que se trata de arribos urgentes, de pocas horas, en los que hay mucho de puesta en escena y expectativa mediática, sin grandes momentos para profundizar algunas cuestiones, porque el libreto ya está armado y los vuelos regresan rápido.

Aun en ese marco resultó por lo menos coherente que la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, admitiera que la creación del Consejo y su puesta en funcionamiento fueron consecuencia de un fracaso del propio Estado, que no puede coordinar como corresponde la tarea entre distintos organismos teóricamente ocupados de una problemática escalofriante.

Un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) reveló que el año pasado se registraron 289 femicidios, lo que promedia un crimen cada 30 horas, donde en el 57 por ciento de los casos el asesino era la pareja o expareja de la víctima.

El número es similar al de 2020, cuando el organismo contabilizó 295 casos; en los años 2018 y 2019 se registraron 281 y 280 femicidios.

Hay otro número del dolor: durante 2021, 177 hijos e hijas perdieron a sus madres a causa de femicidios.

Algunos avances culturales que se han hecho en todo este tiempo han contribuido a generar conciencia y visibilidad, posiblemente también a que haya mejores respuestas comunitarias ante esa triste violencia, pero sin embargo el Estado no ha estado completamente a la altura de las circunstancias, tal como en ese mismo contexto lo reconoció Liliana Robledo como secretaria provincial de la Mujer, Género y Diversidad: "El Estado muchas veces llega tarde", admitió.

En el encuentro de autoridades nacionales fue notable también la imposibilidad de salir del guión que necesariamente denuncia las inacciones o desastres de la gestión macrista (la presencia del ministro Aníbal Fernández es una garantía de ese tipo de espectáculo), una manía que la mayoría de las veces es razonable, pero encierra el riesgo de sonar a un puro pretexto.

Como dijo el propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, si los femicidios son un desafío, así tienen que abordarse desde las políticas públicas, y no con excusas.

... y una de arena...

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Aun en un panorama con múltiples desolaciones y dolores, en el país y en nuestro territorio asoman actitudes sectoriales de enorme egoísmo, en encendida defensa de intereses y conveniencias de personas y espacios que no son justamente quienes más necesitan, sino incluso quienes disfrutan de muy claros privilegios.

Argentina atraviesa aún la pandemia, que desgarra la convivencia y obliga a utilizar recursos sociales en prevención y tratamiento; y padece en estas horas otro tipo de tragedias, como los incendios de Corrientes o de Misiones, que conmueven y movilizan, ya sea en el mejor de los sentidos como con la presencia de bomberos pampeanos dando cátedra en esos territorios, o del peor modo con el aprovechamiento político que pretenden hacer no solo algunos dirigentes sino especialmente los medios del establishment porteño.

En ese contexto hay patronales agropecuarias que atienden su juego y pretenden quedar a salvo del pago de retenciones, motorizando un recurso de amparo que debe ser resuelto por un Poder Judicial que en diversos ámbitos y circunstancias también ha dado muestras de actuaciones muy alejadas de los intereses populares.

De la mano de la Sociedad Rural Argentina, que tiene su enorme simbolismo como entidad y carga con la mochila de su historia, varias organizaciones que representan a los dueños de la tierra hicieron esa movida ante la Justicia Federal de la provincia de Córdoba, bajo el argumento de que el tributo a la exportación es inconstitucional.

La pretensión de desfinanciar al Gobierno en un clima político enrarecido -en el que además el Ejecutivo intenta conformar a propios y extraños sobre la necesidad de un pacto con el Fondo Monetario Internacional- tiene una lógica intención política, cuyo alcance solo podrá ser medido con el paso del tiempo.

La teoría de que las retenciones deberían ser directamente "0" aprovecha la ola de mala prensa que se ha hecho de los impuestos, cualquiera que sean esos impuestos, como si los Estados para garantizar determinadas equidades y justicias sociales pudieran obtener sus recursos de un repollo y no debieran ir a buscarlos justamente en los bolsillos más acaudalados.

A esa campaña contribuyen situaciones tan disímiles como la campaña de la alianza de derecha basada en la repetición de su ¿propuesta? de no pagar más impuestos, como las recientes declaraciones de un futbolero popular como "El Kun" Agüero, que se puso del lado de quienes ostentan patrimonio para promocionar su queja por el pago de algunos impuestos.

En ese marco, el diputado nacional Hernán Pérez Araujo y la diputada nacional Varinia Marín aparecieron en conjunto para desempolvar una práctica que fue exitosa y tendió a una distribución más igualitaria e incluso más eficiente de los recursos.

Los legisladores pidieron el regreso del "Fondo Sojero", que con el nombre formal de Fondo Federal Solidario, en días no tan lejanos -pero que en comparación de los últimos años parecen buenos viejos tiempos- sirvió para que provincias y municipios recibieran en sus arcas fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones, lo cual en general permitió el financiamiento de importantes obras.

Esa herramienta de justicia, como tantas otras, fue directamente eliminada de cuajo por el macrismo en el año 2018.

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