Tierra y techo: el derecho y el aprovechamiento

Una de cal...

La comunidad instalada en el barrio popular de Chakra Raíz celebró con energías y sin disimulo la decisión del Poder Judicial que dejó a esas familias a salvo de un desalojo que seguía siendo motorizado por la Municipalidad de Toay.

Aunque la comuna tuvo en su momento motivaciones que hasta hicieron germinar una suerte de resentimiento, a esta altura de los hechos la ofensiva para concretar ese trámite lucía a todas luces desfasada, además de que por lo que señaló la intervención judicial el planteo tuvo defectos técnicos.

Para quienes residen en ese lugar es la victoria tras un tiempo de larga incertidumbre, en el que ya habían tenido que afrontar un juicio penal, puesto que el mismo Estado local había motorizado una persecución criminal.

Esa vez, el Poder Judicial también de modo contundente les dio la razón a los integrantes de ese espacio que se autodenominó ecoaldea y que es uno de los barrios populares reconocidos institucionalmente como tales en el mapa que elaboró el Estado nacional.

Esa comunidad se generó de modo genuino y de manera amigable con el ambiente y con otros vecinos y vecinas de la zona.

Desde los ámbitos que motorizaron la persecución hicieron una descripción maléfica del colectivo, describiendo a sus integrantes como un grupo de antisociales y etiquetando sus comportamientos como lo indeseable para la vida en comunidad.

Esas estigmatizaciones se cayeron con el correr del tiempo, frente a la evidencia demostrada en diversas instancias y circunstancias: se trata de familias que encontraron su lugar en el mundo, se instalaron, lo enriquecieron y lo desarrollaron, lo cuidaron como propio y lo protegieron de los ataques recibidos, especialmente de las agresiones burocráticas para echarlas del sitio.

Se produjo una suerte de efecto bumerán para las autoridades más entusiasmadas en ese ensañamiento: el colectivo que pretendía ser señalado como lo peor de todo, feo, sucio y malo, se concibe hoy ante la opinión pública como un espacio injustamente martirizado y perseguido.

Chakra Raíz obtuvo paradigmáticas victorias tribunalicias, además desde un lugar que no se sabe precisamente poderoso o conectado, por lo que no hay otra interpretación: las decisiones de las autoridades judiciales demuestran muy cabalmente que al barrio popular le asistía la razón.

La situación debería ser también una enseñanza para las autoridades políticas, que hicieron un papelón al meterse en una guerra impropia con derrota asegurada: sería el colmo del ridículo que a la luz de los hechos hubiera quienes se vieran tentados a intentar una apelación, sobre todo en un contexto en el que el negocio inmobiliario obligaría al funcionariaje a invertir atenciones y energías en otros asuntos.

…y una de arena…

Así como la situación de Chakra Raíz fue un exponente del déficit habitacional que sacudió -y sacude- a la provincia en los últimos años, en la semana que se fue hubo otra circunstancia explosiva, al salir a la luz la situación de un loteo irregular -también en Toay- y sus diversas aristas.

El caso expuesto por El Diario involucra numerosos costados de la vida social: el sueño de la casa propia de los sectores trabajadores, el rol o la pasividad del Estado y de sus funcionarios, el aprovechamiento de algunos sectores económicos, la naturalización de ciertas transgresiones, la complicidad de corporaciones poderosas con otros espacios de decisión, la frontera entre el negocio y los negociados.

Será extremadamente dificultoso que de ese combo salgan resultados saludables y alentadores, y más imposible resultará que todas las personas y los sectores involucrados salgan gananciosos.

En cambio, reina con firmeza la sensación -a la luz de los antecedentes- de que hay quienes tienen la vaca atada y nunca pierden.

Es posible que la mayoría de las 400 personas que se involucraron en la adquisición de predios en el loteo hayan actuado de buena fe, persiguiendo la ilusión de un lugar propio, en un contexto crítico que a las personas comunes no ofrece grandes oportunidades de acceso a la vivienda.

Además es lícito el debate que pueda haber respecto de la planificación del crecimiento de una ciudad, aunque esa discusión pública debe ser transparente y poner en primer plano el bien común, no solo ser el fruto del lobby de los dueños de la tierra.

También es probable que ante esa necesidad se mezclen ofertas lógicas y genuinas con maniobras oportunistas; personalidades respetables con personajes sugestivos; propuestas atendibles con situaciones bastante parecidas a la trampa.

En ese proceso intervino la Municipalidad de Toay (además, en dos gestiones diferentes), que así como esclareció algunas situaciones sin lugar a medias tintas porque incluso están escritas, dejó algunas ventanas abiertas a la libre interpretación, incluyendo en esas lecturas la apariencia de una incipiente simpatía por el proyecto.

Aun así, siempre estuvo claro que ese loteo estaba destinado a la constitución de chacras en el marco de un proyectado "parque agrario": por ahora la Municipalidad parece empeñada en defender su actuación en el proceso, reafirmando su posicionamiento y denunciando que hubo transgresiones al Código Urbano que asevera no reformará "a pedido".

En ese marco, los empresarios intervinientes dejan la idea de que al movilizar a compradores para meter presión sobre la comuna para forzarla a dar marcha atrás persiguen no el bien común y ni siquiera el beneficio de las personas bienintencionadamente compradoras, sino su propia conveniencia económica.

El tiempo dirá si los engaños que sienten algunos involucrados derivan en una mirada judicial, pero sí aparece seguro en el centro de la escena el rol social de los motorizadores de la maniobra, más aún cuando en algún caso están las implicancias de ser también el titular de un colegio corporativo.