La justicia investiga a las autoridades de la CPE por el derrumbe del techo

El fiscal Facundo Bon Dergham investiga a las autoridades de la Cooperatia Popular de Elecricidad por el presunto delito de estrago culposo, a partir del derrumbe del techo de la sede central de la entidad ocurrida hace un mes, el domingo 1 de enero por la mañana. La justicia había iniciado una investigación de oficio. Pero tres socios, exempleados, también hicieron una presentación.

El viernes el fiscal encabezó un allanamiento en la CPE. Según confirmó a El Diario, ya se citaron testigos. Secuestraron documentos, celulares y computadoras. La investigación determinará si existe un "nexo causal" entre el derrumbe y negligencias, irregularidades u omisiones de los directivos.

Testigos y allanamiento

El funcionario judicial contó que la investigación se inició de oficio con el siniestro. De todos modos, también está impulsada los primeros días de enero por la denuncia de tres socios, Hugo Zalabardo, Manolo Otero y Darío Diéguez.  Ya se citaron a varios testigos, más de diez trabajadores del área donde se provocó el derrumbe, que tienen conocimiento del estado previo de la obra. También se citará al ingeniero bahiense que realiza una auditoría externa.

El viernes se hizo un allanamiento. Las autoridades colaboraron con la medida y se secuestró documentación, que tiene que ver con informes y libros de actas, dónde buscarán denuncias o alarmas previas de fallas edilicias. "Estamos investigando algún tipo de omisión por parte de las autoridades de la CPE", señalaron fuentes judiciales.

Se secuestraron registros fílmicos sobre el derrumbe del techo realizados por el área informática de la cooperativa.

Qué se investiga

"Se investiga un hecho caratulado como estrago culposo. No tenemos duda del estrago en sí, el derrumbe, la caída de ese techo. Eso no está en tela de juicio, es un hecho concreto que sucedió. Pero tenemos que determinar si hubo una conducta imprudente o negligente o antirreglamentaria por parte de las autoridades de la CPE",  explicó a El Diario el fiscal.

"En caso de que exista, si hay un nexo causal directo entre esa conducta y la omisión y el resultado final. Si existe esa relación, habrá algún tipo de responsabilidad para quien corresponda porque son diferentes autoridades las involucradas en la investigación", añadió.

Las áreas involucradas en  la investigación son la presidencia del Consejo de Administración, ejercida por Alfredo Carrascal; la del gerente general, Luis Usero;  la gerencia de Recursos Humanos, de Javier Rojas; y la sindicatura de Raúl Pedernera. El exgerente Ariel Martínez ocupó ese cargo hasta fines del año pasado, cuando se jubiló.

La CPE "colabora"

Este martes al mediodía la CPE emitió un comunicado para remarcar que "colabora con los requerimientos judiciales".

Las autoridades indicaron que sostienen "su postura de colaboración permanente con todas las investigaciones y peritajes que se realizan para conocer las causas del derrumbe y delimitar responsabilidades".

Apuntaron que vienen "informando de todas las acciones dispuestas para establecer causas y eventuales responsabilidades por lo acontecido el domingo 1 de enero en horas de la mañana, tanto al Cuerpo de Delegados/as como a la sociedad en general. En forma simultánea, frente a la denuncia realizada en sede judicial días después del derrumbe, la CPE ha ratificado su predisposición a colaborar en forma estrecha, aportando toda la información y elementos que se requieran", insistieron.

"El colapso de la mencionada losa ha sido y es motivo de numerosas medidas —además del aspecto estrictamente informativo— como por ejemplo la contratación, en Bahía Blanca, del ingeniero civil Enrique Gil, experto en este tipo de abordajes; junto a una escribana, estuvo desarrollando tareas de peritaje que puedan ayudar a establecer las causas del derrumbe y el impacto en las estructuras aledañas. También se han solicitado informes a áreas internas vinculadas al mantenimiento de los edificios de la CPE, tareas todas que están en etapa de requerimientos de ampliación y aclaraciones", detalló la cooperativa.

"La responsabilidad asumida por este Consejo de Administración pretende llevar tranquilidad al conjunto de las y los asociados para lo cual resulta indispensable aportar toda la información necesaria, pero también la confianza institucional en que este lamentable acontecimiento quede totalmente aclarado", concluyó.

La tragedia que no fue

Cabe recordar que el azar estuvo del lado de la comunidad y el episodio -que perfectamente podría haber sido una tragedia- no se cobró víctimas humanas prácticamente por milagro. 

Aún así, el derrumbe del techo de la Cooperativa Popular de Electricidad dejó una sensación de inseguridad e impactó de lleno a partir de las imágenes impresionantes de la destrucción de esas oficinas donde cotidianamente circulan decenas de trabajadores y trabajadoras y centenas de clientes de la entidad solidaria.

Las primeras explicaciones de la dirigencia responsable de la conducción, lógicamente, no pudieron profundizar sobre las hipotéticas razones de semejante episodio, y tampoco estuvieron muy a la altura de la demanda ciudadana al momento de analizar implicancias e impactos del hecho.

Transcurridos algunos días de la sorpresa y la estupefacción, la CPE se dio la posibilidad de estudiar el panorama y definir en el seno de su cuerpo de delegados algunos pasos a seguir, entre ellos el de ordenar una pericia para determinar qué desidia o negligencia pudo haberse cruzado en el camino.

Ese estudio está en manos de profesionales que no son de la provincia, aparentemente porque en La Pampa no había quienes aceptaran encargarse de la tarea, quizá ante la sensibilidad que podría implicar llegar a algunas conclusiones como parte de ese análisis.

El presidente del Consejo, Alfredo Carrascal, aseveró que en ese cuerpo de conducción nadie estaba al tanto de alguna necesidad urgente de tomar decisiones vinculadas con esa estructura: de ese modo deslindó responsabilidades, o al menos dejó a salvo el rol que cumplió la dirigencia.

Sin embargo, ya en las primeras horas posteriores al hecho florecían versiones y comentarios de que el techo estaba apuntalado desde hace años, aseveraciones de que su estado no era el mejor y relatos sobre la caída de mampostería en las jornadas previas al desenlace. Esa mirada fue ratificada por el trabajador Horacio Ramos, del área de Obras Civiles en una denuncia pública. "Se sabía que en algún momento el techo iba a colapsar", aseguró.

Aseguró que hace cinco años participó de los trabajos de apuntalamiento del techo que se cayó el domingo pasado en la sede central y afirmó que "se sabía que en algún momento podía colapsar". Sostuvo que hubo "negligencia" porque no se reparó adecuadamente a pesar del paso del tiempo.

Ramos dio su testimonio en LU 100, todavía shoqueado por lo que sucedió. "Los dirigentes que iban y venían querían tapar, que nada se vea", aseguró, respecto a los trabajos de cerramiento que se hicieron el mismo domingo, para el cual fue convocado.

"Yo fui uno de los que apuntaló el techo junto a compañeros de Obras Civiles. Hace como mínimo cinco años que hicimos el trabajo. Es más, después se adornaron esos puntales con motivos navideños, pareciera que iba a quedar así para siempre", relató Ramos en la radio. "Se sabía que en cualquier momento iba a colapsar", aseguró.