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EL DIARIO digital
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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa rechazó un recurso extraordinario federal presentado por el Ministerio Público Fiscal contra una resolución que permitió reconocer los cursos y capacitaciones realizados por un detenido durante su prisión preventiva para reducir los plazos de acceso a las salidas transitorias.
La decisión fue adoptada el 4 de noviembre por la Sala B del STJ, en el legajo de Brian Nicolás Muñoz, y mantiene vigente el criterio aplicado por la jueza de primera instancia y confirmado posteriormente por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP).
La controversia comenzó cuando la defensa de Muñoz solicitó que las actividades educativas realizadas mientras permanecía detenido preventivamente fueran reconocidas mediante el régimen de estímulo educativo previsto en el artículo 140 de la Ley Nacional 24.660, que regula la ejecución de las penas privativas de la libertad.
Ese mecanismo permite reducir los plazos necesarios para avanzar dentro del régimen progresivo de cumplimiento de la condena, entre ellos los correspondientes al acceso a las salidas transitorias.
Postura de fiscales
El fiscal general Máximo Paulucci y la fiscal sustituta Marisol Rodríguez cuestionaron esa interpretación. Sostuvieron que los cursos realizados durante la prisión preventiva no podían utilizarse posteriormente para reducir los plazos de una condena que todavía no se encontraba en ejecución.
Según argumentaron, el estímulo educativo no constituye un crédito que pueda acumularse durante la investigación penal para descontarlo de una eventual condena futura.
También señalaron que durante la prisión preventiva interviene un juez de control y no un juez de ejecución penal, por lo que las capacitaciones realizadas en esa etapa no estaban sometidas al seguimiento de un programa penitenciario individualizado.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que la decisión vulneraba el principio de legalidad y modificaba por vía judicial las condiciones establecidas por la legislación nacional.
Además, advirtieron que el criterio podía extenderse a otros casos y alterar la interpretación del régimen federal de ejecución penal.
Decisión del STJ
La Sala B rechazó los argumentos de la Fiscalía y consideró que no existían razones suficientes para habilitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal recordó que el recurso de casación presentado anteriormente por los fiscales había sido declarado inadmisible por defectos formales y que esa resolución no reunía las condiciones necesarias para ser considerada una sentencia definitiva susceptible de revisión extraordinaria.
Sin embargo, también examinó los cuestionamientos constitucionales y señaló que la interpretación realizada por la jueza de primera instancia y confirmada por el TIP se había basado en una lectura integral de la legislación penitenciaria, el Código Penal y el derecho constitucional a la educación.
Para el STJ, los fiscales no lograron demostrar que esa interpretación fuera arbitraria o contraria a las normas vigentes.
En particular, consideró que los planteos expresaban una discrepancia con el criterio judicial adoptado, pero no acreditaban una cuestión federal suficiente para justificar la intervención de la Corte Suprema.
El Tribunal también descartó la existencia de gravedad institucional, al entender que el caso no reunía las condiciones excepcionales necesarias para aplicar esa doctrina.
Finalmente, resolvió rechazar el recurso extraordinario federal presentado por el Ministerio Público Fiscal y disponer el archivo de las actuaciones una vez cumplidas las notificaciones correspondientes.
