Piden revisar la normativa que les da un tiro de gracia a las escuelas hogares

Las escuelas hogares de La Pampa van camino a su desaparición y hay una normativa que se puso en vigencia en 2019 que es un auténtico tiro de gracia: sectores que trabajan en ese ámbito exigen por eso mismo, ahora con más fuerzas, que se revea la resolución que impide que esos establecimientos sean parte de la oferta educativa.

Docentes, trabajadores y trabajadoras de la Educación sostienen desde hace tiempo la necesidad de un encuentro con las autoridades ministeriales, pero la respuesta de la cartera a cargo de Pablo Maccione ha sido dilatar la cuestión.

A tal punto que se niega a atender a un grupo de docentes que están conformando un sindicato del sector (ver aparte). Les dice que solo abrirá las puertas de su despacho cuando tengan Personería Jurídica. Aunque están haciendo los trámites, ya les hicieron saber que esa Personería no saldrá antes de los próximos 5 años.

Es posible que para ese momento, si se reproducen y potencian las condiciones actuales, ya no haya escuelas hogares en la provincia.

Ahora se están juntando firmas en distintas poblaciones para que la normativa sea revisada.

Ofensiva incomprensible

En diálogo con El Diario, Ana Claudia Rodríguez, directora de la Escuela Hogar N° 50 de Ojeda, alerta: “estamos recontra preocupados por estas infancias con derechos vulnerados y familias que piden el ingreso y no son tenidas en cuenta. Hay establecimientos con una infraestructura tremenda, hay personal docente y no docente, hay proyecto educativo, hay gente comprometida. No se entiende”.

“La normativa que tienen en vigencia es excluyente. Nos dicen que no se cierran las escuelas, pero es como si las fueran dejando morir…”, reflexiona ante la consulta de este medio Héctor González, docente de Educación Agraria de la Escuela Hogar número 73, de Utracán.

La explicación oficial, más allá del silencio público, es que rige “otro paradigma”. Las autoridades se amparan en la ley de protección a la Niñez. Bajo el argumento de que niños y niñas son sujetos de derecho y tienen que permanecer en sus casas con los padres y madres, se utilizan todos los mecanismos a mano para evitar la concurrencia a las escuelas hogares.

Quienes conocen el territorio advierten que una decisión de ese tipo puede convertirse en otra vulneración a las infancias si se naturalizan casos de violencia o mala alimentación. “Se discrimina más a los que menos tienen”, insiste Ana Claudia Rodríguez.

Cierres y riesgos

Hace poco cerraron sus puertas la escuela de La Pastoril (la decisión se tomó cuando quedó un solo alumno y ahora está deshabitada); la de Colonia San José (aun con 5 alumnos dejó de funcionar y reubicaron a los y las estudiantes). También cerró -ya de manera definitiva- una escuela rural de La Maruja.

Y hay otros establecimientos que aparecen en el centro del blanco y están en riesgo: en árbol Solo y en Utracán hay 3 estudiantes, en Ojeda 5. En el resto de las 24 escuelas hay a veces una decena o un poco más. A esas escuelas hogares que tienen ciertos contextos diferentes desde el Ministerio les plantean convertirlas en establecimientos de “jornada completa”.

El camino de la restricción en las inscripciones se viene haciendo desde 2017. Pero la normativa que impuso las nuevas condiciones es del año 2019.

La normativa 44/19 determina que solo pueden concurrir a las escuelas hogares quienes residan en el zonas rurales. Antes ese requisito -o limitación- no existía. No es un secreto que cada vez hay menos población en el campo. Aun en esos casos, madre o padre deben exhibir el certificado que demuestre que viven en zona rural.

Los otros estudiantes que pueden sumarse a una escuela hogar son quienes viven en un pueblo pero se considera que tienen "derechos vulnerados". Eso requiere de un paso burocrático complejo: la intervención de los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. "Es una cosa que es casi imposible, es muy difícil también para las familias hacer eso", dice González.

No obstante, "hay muchos chicos con vulneración de derechos. Pero al haber ministerios encargados de eso, a las escuelas nos dejan en segundo plano. Y somos una herramienta que puede ayudar y favorecer, trabajar en conjunto, sino estamos sacando las herramientas. Son todas trabas. Es burocracia y trabas para las familias. Hay ministerios que trabajan muy bien, y que han hecho informes puntillosos sobre derechos vulnerados, pero aun así no pueden ingresar. Es confuso".

Ana Claudia Rodríguez reafirma: "Nosotros ya hemos realizado 6 trámites de ingreso, por ejemplo. Están presentados y esperando. Pero tiene que haber una voluntad política y sensibilidad social".

Rica historia

La docente remarca además la rica historia que tienen las escuelas hogares en la provincia. En algún momento fue hacer patria desde la educación pública. Y hay generaciones agradecidas a ese trabajo de la comunidad.

Tampoco es que hayan existido variantes en la mirada oficial después de la pandemia, una realidad que modificó el modo de ver tantos asuntos, pero que sin embargo en esta cuestión puntual no provocó el más mínimo cambio.

Rodríguez asevera: “Acá hay un error, hay una visión acotada, o recortada, no sé cómo llamarla. Yo he estado abierta a reveer cosas al interior de las escuelas hogares… en el perfil de estudiantes, en la pedagogía, en la estructura, en lo que sea. Pero para eso hay que hacer una mesa de diálogo. Ni siquiera debería discutirse si deben o no estar abiertas”.

Discriminación y desigualdad

El docente González plantea otra cuestión de fondo: "¿por qué las escuelas hogares no son de libre acceso, no pueden ser elegidas, por qué no estamos en las ofertas pedagógicas como las demás escuelas? Tenemos una oferta pedagógica distinta, con horario extendido y residencia. No solo chicos con derechos vulnerados pueden venir, aunque desde ya que la escuela es primordial en esas situaciones. Pero además, quienes quieran darle una oferta pedagógica distinta a sus hijos e hijas, ¿por qué no pueden hacerlo? Lo veo como una discriminación".

Aunque el reclamo se ha hecho de diversos modos, docentes y trabajadores y trabajadoras sienten que no hay eco en el Ministerio, que es el que maneja el asunto, y más allá de las promesas del año pasado (ver aparte): "Sentimos que no somos escuchados, la población tampoco. Es poco entendible, nos da mucha impotencia y bronca".

La directora de la escuela de Ojeda reafirma esa visión: "Todos los años viven con angustia, porque no saben qué va a pasar con la Escuela. Además hay una situación de desigualdad para los chicos, a los que les quitan por ejemplo el derecho de tener Educación Física".