"Colectivismo ambiental sin ancla"

Durante las últimas dos décadas, la opinión pública global, y particularmente la argentina, ha sido testigo del surgimiento y consolidación de lo que se ha dado en llamar "colectivos sociales". Esta denominación hace referencia a agrupamientos ciudadanos que se organizan en torno a una causa común, ya sea social, política, ambiental, cultural o económica, buscando incidir en la agenda pública a través de manifestaciones, campañas de comunicación, producción de contenidos e incluso litigios estratégicos o presión directa sobre actores políticos.

En muchos casos, estos colectivos cumplen un rol valioso: visibilizan causas legítimas, exponen problemáticas subestimadas por las instituciones tradicionales y, ocasionalmente, impulsan cambios normativos positivos. Sin embargo, como toda construcción social sin control, también pueden transformarse en vehículos de desinformación, radicalización o manipulación, especialmente cuando operan sin rendición de cuentas ni anclaje técnico-científico.

En Argentina, el llamado "colectivo ambiental" ha ganado protagonismo con un discurso anti-extractivista que, aunque bien intencionado en muchos de sus postulados, ha mostrado una preocupante tendencia a bloquear sistemáticamente toda iniciativa productiva relacionada con el aprovechamiento de los recursos naturales. Solo basta realizar una simple búsqueda en medios digitales para identificar una larga lista de oposiciones categóricas que han articulado desde estos espacios:

1.Explotación petrolera offshore.

2.Hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica.

3.Instalación de salmoneras en la Patagonia.

4.Minería metalífera en zonas cordilleranas.

5.Avance legal de la frontera agrícola en zonas de desmonte autorizado.

6.Proyectos de reforestación en zonas marginales.

7.Uso de agroquímicos aprobados por autoridades sanitarias.

8.Producción de ganadería bobina extensiva e intensiva.

9.Mega granjas porcinas.

10.Construcción o ampliación de puertos agroindustriales.

11.Implementación de leyes de humedales sin análisis de impacto económico.

En este contexto, surgen algunas preguntas inevitables: ¿Es legítima la preocupación ambiental o existen intereses externos que buscan condicionar el desarrollo de un país con enorme potencial productivo? ¿Quién financia, coordina y sostiene a estos colectivos? ¿Cuál es la base té.cnica que respalda sus posiciones? ¿Tiene real dimensión de costo oculto que representa frenar la producción en un país con recursos naturales subutilizados?

Las organizaciones ambientales que han alcanzado notoriedad mediática suelen invisibilizar sus estructuras internas, muchas veces verticalistas, y no declaran con claridad sus fuentes de financiamiento, lo que compromete su credibilidad. En algunos casos, su activismo parece responder más a agendas globales, que no siempre contemplan el contexto socioeconómico argentino, que a una evaluación racional y contextualizada del impacto ambiental real. 

El caso agrícola es paradigmático. Argentina es una nación cuya principal ventaja comparativa es su dotación de recursos naturales: suelos fértiles, vastas extensiones cultivables, agua subterránea, régimen térmico ideal y, sobre todo, una intensidad de radiación solar que permite hasta dos cosechas anuales en muchas regiones. La energía solar, que es el motor de la fotosíntesis, es un recurso que, si no se capta mediante la biomasa vegetal, se pierde. La postergación de decisiones estratégicas vinculadas a la expansión productiva implica un derroche silencioso pero irreversible: millones de megajoules de energía solar desperdiciados cada día.

Para tomar dimensión: según el INTA, solo el 40% de la superficie con aptitud agrícola en Argentina se encuentra efectivamente cultivada. En provincias como La Pampa, donde el suelo de clase II y III representa más del 60% de la superficie provincial, aún existen más de un millón de hectáreas con potencial agrícola que permanecen subutilizadas. Si a ello se le suma la disponibilidad de agua subterránea para riego suplementario en el este pampeano (mediante sistemas presurizados de riego por goteo extensivo), el rezago en términos de desarrollo productivo es inaceptable.

Además, según el Observatorio de la Cadena Agroindustrial Argentina, el agro aporta más del 70% de las divisas netas que ingresan al país. Este dato es crucial: en una economía crónicamente restringida por falta de dólares, frenar el desarrollo agroindustrial es, lisa y llanamente, empobrecer al país. Resulta insostenible que Argentina, con 45 millones de habitantes, más del 30% de pobreza y una deuda pública que compromete su futuro, bloquee proyectos que podrían generar empleo, inversión y desarrollo local, bajo el argumento de un ambientalismo sin respaldo técnico ni propuestas superadoras.

Algunos argumentan que el mercado internacional exige estándares ambientales cada vez más estrictos. Sin embargo, la evidencia empírica desmiente que exista una demanda genuina y masiva por productos "verdes" cuando ello implica encarecimiento de precios o cambios significativos en la logística. Basta recordar lo ocurrido en Santa Rosa (La Pampa), donde un intento del gobierno municipal por eliminar las bolsas plásticas fue rechazado por la población hasta que debió retrotraerse. Del mismo modo, el porcentaje de hogares que efectivamente separan residuos en origen no supera el 10% en la mayoría de las ciudades argentinas, según datos del Ministerio de Ambiente. 

Nada de esto implica ignorar la necesidad de preservar el ambiente. Todo lo contrario: el desafío es integrar desarrollo y sustentabilidad bajo marcos normativos técnicos, realistas y adaptados al contexto local. Es posible, por ejemplo, explotar petróleo offshore con sistemas de control ambiental que ya han sido implementados exitosamente en Noruega o Canadá. También se puede desarrollar agricultura extensiva con manejos integrados de plagas, rotación de cultivos, siembra directa y otras prácticas que incluso mejoran los balances de carbono.

Lo que no puede aceptarse es la parálisis. Argentina necesita crecer. Y para crecer, debe usar con inteligencia sus recursos naturales. Postergar indefinidamente la producción por el temor a una crítica ideológica, o a un activismo mediático ruidoso pero minoritario, es condenar al país a un estancamiento estructural. La pobreza no se combate con slogans ni asambleas, sino con trabajo, inversión y conocimiento aplicado.

Tal vez hoy, el fenómeno del ambientalismo ideologizado esté transitando su punto de inflexión. Como Medusa en la mitología griega, cuyo poder residía en su mirada petrificante, estos colectivos pierden poder cuando se los enfrenta con el reflejo de la razón y el espejo del dato. La sociedad argentina está comenzando a distinguir entre ambientalismo técnico y ambientalismo obstructivo. Y esa madurez cívica puede ser el punto de partida de un nuevo contrato social: uno en el que la producción no sea un pecado, sino una responsabilidad compartida.

(*) Ingeniero Agrónomo  (MP: 607 CIALP) -Posgrado en Agronegocios y Alimentos- @MARIANOFAVLP