Opinion

El gobierno pampeano dejó muy claro su rechazo a la reforma laboral, por motivos ideológicos, económicos y hasta legales. Además, el Ejecutivo afronta rispideces lógicas con la representación sindical que esperaba un "bono de fin de año" impedido por la estrechez económica en la era libertaria.

El ajuste libertario en el Sistema del Manejo del Fuego es un obstáculo que no resultó insalvable porque en la provincia todavía hay organismos dispuestos, profesionales capacitados y una comunidad relativamente consciente; la reforma laboral, además de atacar derechos conquistados por el sector trabajador, esconde otro manotazo a las billeteras provinciales, y particularmente a la de La Pampa.

La provincia se las rebuscó en el fin de año para presentar algunas novedades positivas en el cierre de un año especialmente complicado, en el que además los casos de botulismo fatal le dieron más dolor y tristeza a la etapa.

Un diverso entramado social y político coincidió en plantarse para que la Ruta Nacional 151 vuelva a ser lo que corresponde y garantice seguridad vial y potencia productiva; mientras tanto, el Congreso Nacional avala políticas que pisotean derechos y esencialmente a la educación pública. 

La Legislatura dio sanción unánime al acuerdo con Nación para el pago de un tramo de la deuda, la Municipalidad avanza con la ley en la mano contra el abuso del Grupo Clarín; pero en el Congreso se traman retrocesos y ofensivas sobre derechos conquistados, mientras reaparece el fantasma de las coimas.

La Pampa quedó en el centro de la escena de la región por la organización de los Juegos de la Araucanía, que resultaron un golazo en diversas dimensiones; una mayoría de diputados y diputadas ningunearon una convocatoria institucional "histórica" del Tribunal de Cuentas.

El gobernador Sergio Ziliotto repitió, cara a cara con el ministro del Interior y el Jefe de Gabinete de la Nación, su reclamo de que le devuelvan a La Pampa lo que le están quitando; un tirón de orejas judicial advirtió sobre un Estado no presente en una instancia paradigmática sobre la violencia de género.

La Legislatura pampeana sancionó con el único voto del oficialismo una "ley de leyes" que otras provincias envidiarían, pero que a la oposición no la conforma. El informe del Comité contra la Tortura repitió recomendaciones a Estado provincial y reveló números que no son precisamente un orgullo.