La canasta quedó por encima de la inflación: cuánto necesitó una familia para no ser pobre
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EL DIARIO digital
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La reforma laboral incluida en el proyecto de ley ha generado un fuerte debate interno y político debido a las restricciones que impone al mecanismo de financiamiento de los sindicatos, conocido como cuota solidaria. Si bien el Gobierno eliminó la propuesta más dura que condicionaba el pago al consentimiento explícito del trabajador —un gesto hacia la CGT—, mantuvo otros artículos que limitan significativamente la recaudación de estos aportes.
La cuota solidaria consiste en un porcentaje (que oscila entre el 1% y, en algunos casos, el 4%) que se descuenta de forma obligatoria de los sueldos de todos los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados al gremio, dado que se pacta en los convenios colectivos de trabajo con los empresarios.
La nueva redacción del proyecto pondría en riesgo las arcas sindicales, ya que elimina la obligación del empleador de actuar como agente de retención para estas cuotas.
El cambio clave en la retención
La ley actual establece que "los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes, deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial".
En contraste, el nuevo proyecto modifica esta obligación de manera crucial:
El empleador "podrá actuar como agente de retención" solo para las cuotas de afiliación (no para "otros aportes", como la cuota solidaria), siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes.
Se añade el requisito de contar con una resolución de la Secretaría de Trabajo que lo autorice.
Cualquiera de las partes del contrato podrá dejar sin efecto el acuerdo con 30 días de anticipación.
Esto significa que, si se aprueba la ley, los gremios deberán buscar otro mecanismo para recaudar no solo las millonarias cuotas solidarias, sino también la cuota sindical voluntaria, ya que se elimina la obligación de la empresa de actuar como intermediaria. Además, el proyecto pone un tope del 20% a las retenciones que pueden hacerse a los salarios.
La presión política y el alto costo de los "peajes sindicales"
La primera versión del texto, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscaba condicionar estos aportes al consentimiento explícito, una medida rechazada por la CGT. Hubo fuertes tensiones dentro del Gobierno, con el ala política (incluyendo a Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem) presionando para suavizar la restricción frente a la postura del ala dura (como Sturzenegger). Finalmente, se retiró la propuesta más dura, pero el impedimento a la retención se mantuvo.
Sturzenegger, durante el Coloquio de IDEA el pasado octubre, calificó las cuotas solidarias como "peajes sindicales" e "impuestos privados ilegales", argumentando que afectan el salario neto de los trabajadores y aumentan el costo total de contratación para las empresas.
Un estudio de la consultora Zentrix expuso la magnitud del financiamiento en juego:
Los 10 principales gremios del país manejan un flujo anual que ronda los USD 685 millones, proveniente de descuentos obligatorios aplicados también a trabajadores no afiliados.
En el caso del Sindicato de Camioneros, por ejemplo, la cuota solidaria más otros conceptos equivale a un descuento de $845.401 pesos por año a cada trabajador, generando un ingreso anual al gremio de $206.522 millones.
El informe estima que la recaudación promedio de los 3 millones de asalariados formales encuadrados en los principales convenios (Comercio, Camioneros, Construcción, Sanidad, Metalúrgicos, etc.) equivale a $327.000 por trabajador al año.
Los autores de la investigación señalaron que esta situación revela un esquema de "alta concentración, escasa transparencia y conducciones que se sostienen durante décadas gracias a este flujo permanente de recursos".
