Reivindicación de la soberanía política y desprecio por la "pampeanidad"

Una de cal…

El gobierno provincial finalmente definió e informó de manera oficial el cronograma para las elecciones del año que viene: no hubo sorpresas, puesto que las fechas de algún modo eran calculadas, y además es un esquema prácticamente calcado respecto de lo ocurrido en los últimos comicios del mismo tipo.

La votación del año que viene se hará el 12 de febrero dentro de los partidos para definir en internas sus candidatos, y el 14 de mayo para elegir directamente quiénes serán las autoridades provinciales y municipales.

Las fechas de los comicios, además, coinciden con convocatorias que se han realizado en otras provincias.

El llamado oficial tiene al menos dos costados de análisis: por un lado, anuncia que el año que viene habrá múltiples jornadas comiciales, puesto que además de las autoridades pampeanas también se elegirán funcionarias y funcionarios nacionales; por otro lado, garantiza que la provincia hará el esfuerzo por diferenciar los debates e intereses que se ponen en juego fronteras adentro respecto de los que estarán en el candelero del gobierno central.

El peronismo pampeano ya había trazado este esquema, que por eso mismo hasta resulta "natural", en 2019, cuando el gobierno nacional estaba en manos de la alianza.

La potestad provincial para fijar su propio calendario electoral es un modo de soberanía política, a lo mejor negada o disimulada simplemente porque para la oposición no es negocio proselitista en esta hora darle alguna razón al oficialismo.

Eso no impide detectar algo que no solo es evidente sino hasta asumido por el peronismo pampeano: su decisión, fruto de la necesidad, de despegarse de un gobierno nacional que no genera simpatías, que no ha estado a la altura de las circunstancias y que en general provocó entre sus votantes más decepciones que encantamiento.

En síntesis: el PJ pampeano también define estas fechas electorales de acuerdo a sus conveniencias.

Pero eso no implica que esté incurriendo en alguna ilegalidad o que sea una resolución ilegítima, sino más bien todo lo contrario: el Ejecutivo actuó de acuerdo a la potestad que está prevista en la normativa vigente, y más específicamente en la Constitución Provincial. 

Si a la oposición le tocara ganar las próximas elecciones para gobernar la provincia, tendrá la obligación de fijar el cronograma electoral siguiente, y tendrá que hacerlo de acuerdo a esas mismas reglas de las que ahora reniega.

Sin embargo, hubo una reacción opositora que no se compadece con otras actitudes en situaciones similares: a coro, los distintos partidos que no son el oficialismo hicieron furibundas críticas, con argumentaciones diferentes pero claramente guionadas, pisoteando incluso los posicionamientos que esos mismos espacios han tenido a lo largo de su historia.

…y una de arena…

El argumento de que convocar a elecciones en forma "desdoblada" -la palabra opositora preferida- genera más gastos no se compadece del todo con la realidad, puesto que aun cuando se hicieran los actos comiciales de manera paralela esos costos tienen que ser afrontados por la Provincia, pero además es un fundamento que instala la idea de que finalmente la democracia es pura pérdida, y exacerbada esa postura hasta terminaría en una lógica según la cual sería mejor salirse del sistema para "ahorrar".

En otras épocas, cuando la dirigencia opositora pampeana obedecía más a sus propias lógicas que a la bajada de línea que viene de territorios porteños, su propia dirigencia supo sostener como una buena idea la separación de las elecciones provinciales de las nacionales, justamente porque facilita que el electorado discuta y ponga en valor los asuntos de nuestra aldea y no quede atado a otras puestas en escenas.

En algún momento, con atendible madurez, la oposición hasta planteó la posibilidad de que exista un esquema en el que también los municipios sean en este sentido autónomos, para que la elección de sus autoridades no dependa de algunos "arrastres".

El gobierno radical de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, es uno de los que ya anticipó su decisión de votar antes que en el nivel nacional: ¿el radicalismo también considera en ese caso que es una jugarreta, una maniobra artera, o un gasto innecesario?

Ese pataleo parece en realidad una estrategia proselitista, si se quiere también atendible y lícita, pero en todo caso menos genuina: el radicalismo y el PRO comprobaron el año pasado, al menos para la circunstancia de ese momento, que la oposición extrema, incluso sin necesidad de demasiada argumentación, podía tener rédito electoral.

A partir de esa aparente certeza, que en las legislativas del 2021 incluso llevó a cruzar algunos límites que habitualmente no se vulneraban en las campañas pampeanas, es posible que haya otra vez un escenario en el que las corporaciones porteñas del establishment desembarquen en la provincia para hacer pesar sus intereses, lo cual implica derramar sobre La Pampa el contenido tóxico de sus lógicas políticas y mediáticas.

Frente a ese dañino riesgo, con más razón el Estado y los habitantes de La Pampa tienen la obligación de reivindicar la soberanía de sus decisiones: es la dirigencia política (del espacio que sea) la que tiene que tener esa meta en su horizonte, para zafar de las potencias del centralismo y para que las posturas "federalistas" no se conviertan en meros maquillajes de ocasión.

Está escrito: hubo un tiempo en que, sobre todo, sectores de la dirigencia radical cobraron completa conciencia de esa situación, aunque es obvio el contagio que genera el vínculo cada vez más estrecho con espacios que operan desde otros métodos y con una ideología que relativiza hasta el desprecio la importancia de la "pampeanidad".