La casta avanza: autosalariazo y freno a la imprescindible obra pública
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EL DIARIO digital
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Una de cal…
El gobierno provincial anunció en la semana que se fue una nueva construcción masiva de viviendas sociales: se trata de casi 500 soluciones habitacionales en 30 localidades de La Pampa, a partir de la operatoria que empezará a implementarse tras las decisiones oficiales y la firma de los convenios necesarios.
Aun en ese contexto, y sin esquivar tampoco la promoción de las políticas públicas pampeanas que intentan afrontar esa demanda popular, el gobernador Sergio Ziliotto tuvo que admitir que "tenemos un gran déficit habitacional", puesto que una de las más patentes necesidades en la provincia es la de un techo propio.
El jefe del Ejecutivo fue oportuno y oportunista en su discurso, incluso al plantear la problemática de la "grieta", en un contexto donde no es ningún secreto que las autoridades políticas y las agrupaciones partidarias viven en panorama pre-electoral aunque se vote el año que viene.
El gobernador pampeano se jactó, con algunas evidencias que se lo permiten, de que en la provincia las viviendas se construyen sin generar divisiones respecto de la pertenencia partidaria de quienes tienen a cargo las distintas jefaturas comunales.
Insistió en que las relaciones políticas, institucionales y hasta personales que hay en la provincia se contraponen a las lógicas que imperan en los grandes centros urbanos, donde la "grieta" se torna incluso un negocio: esos planteos de Ziliotto son singulares en el manejo de la Provincia (sus antecesores preferían no profundizar tanto); aportan conceptualmente a una discusión del federalismo y recuperan aquello de que "a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños".
El planteo es también un anticipo de la lucha discursiva que se viene, porque es muy claro que los modos porteños intentarán colarse -como ya lo hicieron en las legislativas del año pasado- para agitar el proselitismo de Juntos por el Cambio y eso implicará necesariamente fustigar los logros de los gobiernos pampeanos desde el regreso de la democracia.
Estas líneas han abundado respecto del déficit habitacional, que es problema central desde 2015: el gobierno macrista discriminó a La Pampa y la dejó en el abandono, no construyó una sola vivienda social en 4 años y redujo lo que era un ritmo anual superior a las 1.000 soluciones habitacionales para algunos de los sectores más alejados de ese derecho.
Pero además en el mismo período se recortó la posibilidad de la clase media, se anularon los créditos hipotecarios accesibles, se tergiversó el ProCreAr para llevarlo a UVA y a grandes rasgos se dejó a las clases populares fuera de la posibilidad de soñar con su vivienda propia.
El aporte provincial en ese contexto fue limitado: el que permitieron los recursos existentes, los programas en marcha y las políticas en vigencia, que desde ya no alcanzan como respuesta masiva a una necesidad permanente, extendida y eje central de la remanida justicia social.
…y una de arena…
La justicia social como concepto cruza transversalmente la historia argentina y aunque según los sectores políticos prefieren reformularla con otros conceptos no hay dudas, en general, de que es una aspiración mayoritaria de quienes están preocupados y activos en asuntos de la cosa pública y de las comunidades en general.
No es novedad que hay intentos para pisotear esa tradición nutrida de hechos, episodios, discursos y épicas, pero tampoco resulta tan sencillo que conceptos como la meritocracia -por ejemplo- se instalen con la misma potencia, desarrollo y alcance.
En estos días la justicia social, como siempre, está en debate, no solo a partir de que la falta de respuestas oficiales a la inflación achica cotidianamente el salario del sector trabajador, sino porque hay otros ámbitos y espacios donde la posibilidad de acercarse a la dignidad, pero también sus obstáculos, aparecen en el centro de la escena pública.
Nación anunció en las últimas horas que dará de baja y suspenderá una serie de programas Potenciar Trabajo, avalando con su decisión oficial una operación política y mediática previa, que de todos modos impuso algunas "incongruencias" -es fue la palabra elegida por el establishment y el "partido judicial"- que representan un ínfimo porcentaje respecto de las personas que están involucradas en ese plan.
El Ejecutivo nacional no disimula en las últimas horas su intento de congraciarse en parte con una porción social que patalea contra "los planes", en general desde la ignorancia y el prejuicio, acicateada por los medios que promocionan los discursos de odio, el racismo y la persecución.
También ponen en el centro de la escena la cuestión de la justicia social algunos movimientos perseverantes que se dan en nuestro territorio, donde en general es reconocida la respuesta positiva del Estado respecto de cuestiones salariales y laborales, pero el hecho de que La Pampa salga tan bien parada en comparación con otras jurisdicciones no implica que no haya deudas pendientes, limitaciones y carencias.
El planteo que hacen las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras monotributistas del área de Salud obligará al gobierno, tarde o temprano, a buscar una respuesta a una demanda que asoma justa y que además está movida desde el dolor porque la incorporación de otro personal la dejó de lado y no la tuvo en cuenta.
El otro conflicto sonoro y extendido es en la dirección de Rentas, donde los trabajadores se quejan de que el adicional que reciben se distribuya con otros espacios del área: las dos partes en pugna parecen muy firmes en su posición y coinciden en una actitud que resta transparencia al debate público, puesto que a diferencia de lo que ocurre con otros reclamos gremiales o sectoriales, se mantiene oculto el monto concreto respecto del cual están discutiendo ()y que además es dinero que pertenece a los y las contribuyentes de La Pampa).
