La casta avanza: autosalariazo y freno a la imprescindible obra pública
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EL DIARIO digital
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El gobierno pampeano se dio el gusto de celebrar en la semana que se fue un par de hitos vinculados con una de sus principales propuestas de gestión: el mentado plan energético provincial encontró un hito con la firma del contrato para la construcción del primer parque fotovoltaico, en tanto que avanzó en una nutrida y enriquecedora audiencia pública el proyecto para instalar la planta de biomasa en Lonquimay.
El traspaso a esa mirada energética, haciendo hincapié en las renovables en una transición para salir de las "fósiles", no ha sido nada sencillo ni implica un pasaje de lo negro a lo blanco, sino que es un camino en el que aparecen complicaciones, nuevos actores e intereses en disputa.
El gobierno provincial no la tuvo fácil en este tiempo para acomodar el carro de esas nuevas intenciones de Pampetrol, además en un contexto donde el funcionamiento de la empresa estuvo sometido a tensiones políticas, dentro del propio oficialismo y con planteos de distintas oposiciones.
A los dimes y diretes en torno a la representación en el directorio (una pelea entre el PRO y el tiernismo) se sumaron críticas severas del representante opositor en la conducción (el radical Hugo Pérez), además de algunas miradas no muy convencidas dentro del propio oficialismo y hasta el desafortunado derrape del ministro de Hacienda Ernesto Franco cuando en la Legislatura soltó aquella referencia a la situación impositiva.
Después, la licitación de la explotación petrolera tradicional en el área Medanito tuvo desde el año pasado obstáculos de distinto tipo que obligaron a la realización de tres trámites diferentes para al fin encontrar una puja competitiva en términos que conformen a los distintos involucrados, pero además saliéndose del guión inicial que preveía la construcción de un parque fotovoltaico.
Algunos cambios internos en la SAPEM, entre ellos el nombramiento de una gerenta de Negocios, aceitaron mejores funcionamientos y en el caso del parque fotovoltaico de Victorica hubo avances concretos que permitieron la firma de ese primer contrato durante la semana que se va, con la firma Ingalfa, que es ahora una de las líderes del sector y viene precedida de buenos antecedentes por sus obras en otras provincias.
Tampoco es un secreto que en ese proceso de cambio se entrometen intereses políticos incluso oportunistas, que sacan rédito de la queja más que de la propuesta, tal como ocurrió con la iniciativa de la planta de biomasa, además defendida por un funcionario que justo en la semana previa tuvo sus días más desafortunados en la gestión.
El subsecretario de Ambiente Fabián Titarelli quedó en el centro de la escena y aún resuenan los pedidos para que deje el cargo, pero lo cierto es que la audiencia en Lonquimay finalmente se llevó a cabo, sirvió para que se hicieran los planteos necesarios y para que también ese emprendimiento haya dado un paso adelante de lo que el oficialismo anuncia con entusiasmo como otro mojón hacia la posibilidad de lograr que la provincia tenga en un par de décadas soberanía energética.
...y una de arena...
La Pampa apareció seriamente involucrada en una causa de reventa de armas con sobreprecios, mencionada en una denuncia que está desde diciembre del año pasado en un Juzgado Federal porteño y que describe hechos oscuros que sin embargo se habían mantenido ocultos para el caso de nuestra provincia.
Las explicaciones públicas que intentó dar el exjefe de Policía Roberto Ayala, quien fue el funcionario que concretó la compra de esas 160 pistolas Beretta bajo la lupa investigativa, dejan picando más interrogantes que certezas e incluso ponen a la vista algunas costumbres de las autoridades estatales que no son precisamente las deseables en un sistema democrático.
Tal como informó El Diario, la Dirección General de Fabricaciones Militares compró armas de manera directa e irregular a la empresa italiana, y además pagó esas armas con un suculento sobreprecio, según la acusación.
Luego esas armas les fueron revendidas a los gobiernos locales de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de San Juan y de La Pampa: el informe asevera que nuestra provincia pagó por esas 160 pistolas el triple de lo que realmente valen, en una operación millonaria que se concretó entre fines de 2017 y principios de 2018, cuando Juan Carlos Tierno era el ministro del área y Carlos Verna el gobernador.
Llamativo es que frente a esa situación, el único exfuncionario que aceptó referirse al tema públicamente (el exjefe Ayala) haya dicho tan suelto de cuerpo que "yo no sé lo que cuesta un arma; yo usé mientras estuve en la Policía, yo como retirado no tengo armas. No sé lo que cuesta una pistola".
No parece un argumento serio en boca de la persona que ordenó la compra de esas armas, y tal como él mismo dice "la provincia ha sido estafada y defraudada en todo caso… Habría una opción que perjudicaría a la provincia y se podría presentar como querellante en la causa".
A simple vista no parece haber duda de que La Pampa fue estafada, porque se le revendieron armas al triple de su valor, pero el asunto es quiénes fueron los responsables de esa estafa, ya sea por acción o por omisión; quiénes fueron los que permitieron que se concretara ese negocio tan inconveniente para la provincia.
La alusión a una "opereta" para tratar de relativizar la situación se cae a poco de andar, aunque como bien dice el jefe policial también sería oportuno auscultar porqué los organismos de contralor pampeanos no hicieron alguna advertencia u observación.
La acusación formulada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no duda en aseverar que se trata de un hecho de corrupción, frente al cual los superiores de Ayala (Tierno y Verna) han coincido en hacer "silenzio stampa".
