Opinion

Una puerta abierta al diálogo y una confusión extendida

El STJ, después de semanas de conflicto, decidió recibir al gremio y prestar su oído para escuchar planteos y demandas de trabajadores y trabajadoras; la Justicia Federal se declaró incompetente en el conflicto de UTELPa y se extiende la situación de legitimidad puesta en duda.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

Al terminar la semana, un poco de calma llegó al Poder Judicial pampeano después de días y semanas de agitación y confrontaciones: al fin el Superior Tribunal de Justicia abrió sus puertas a un diálogo con los sectores movilizados para tratar de encauzar un conflicto que no paraba de crecer.

Aunque suene obvio, los estamentos de poder suelen descomprimir este tipo de incómodas situaciones simplemente prestando el oído con algo de sinceridad, adoptando una básica empatía para entender el interés de quienes están en la otra vereda, que además la mayoría de las veces están en posición más vulnerable.

Esa circunstancia también ocurre frente a los poderes políticos que comandan el Estado, y que a veces parecen incapaces de la sencilla práctica de oír los planteos que tienen para hacerle espacios que ni siquiera son contrincantes.

Incluso esa falta de comprensión respecto de lo que le sucede a otros, activa -siempre dicho desde el punto de vista político- comportamientos paranoicos que a su vez derivan en mecanismos defensivos que consisten en agredir al otro, en vez de entenderlo.

En el caso del Poder Judicial, el conflicto escaló de manera intensa en las últimas semanas y el encuentro de trabajadores y trabajadoras del sector se masificó y se desarrolló con más potencia, una circunstancia que de por sí demuestra que las demandas de la dirigencia gremial estaban bien guiadas.

Aplaudidas, asambleas, batucadas, posicionamientos públicos, documentos y acompañamientos de otros sectores sindicales fueron generando mayor volumen político, hasta forzar al STJ a entender que las puertas cerradas implicaban mayores costos que sentarse a conversar.

Así como el gremio -con aval de la Intersindical- llegó en esa circunstancia a quejarse de la "patronal clasista oligarca", también reconoció el gesto de Hugo Díaz, que como presidente del máximo organismo judicial finalmente levantó el teléfono antes del paro del último jueves para convocar a un encuentro.

No mucho más que eso pretendía en esta instancia el SITRAJ, que destacó elementos absolutamente básicos de este tipo de vínculos: hubo elogios para la decisión de dejar fuera de juego las intermediaciones que dilatan negociaciones que por sí mismas no son tan complejas ni enroscadas.

Desde ya que esa "reunión positiva" que cerró la semana no es ni por asomo el principio de una solución, pero es claramente modificar el rumbo de las acciones que se venían desplegando, puesto que además de ser un primer paso en las conversaciones descomprime un conflicto creciente y abre expectativas de que puedan mejorarse no solo condiciones laborales sino de vínculos entre trabajadores y trabajadoras y autoridades.

…y una de arena…

Si las elecciones en el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia ya habían dejado un tendal de confusiones, la intervención de distintas instancias del Poder Judicial terminó de ponerle una frutilla a ese postre difícil de digerir.

Es que la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa de elevar la causa para que la Corte Suprema de Justicia defina cuál es la instancia competente se complementó con algunos fundamentos que no precisamente arrojaron luz sobre la situación, sino que más bien abrieron el abanico de "hechos interpretables".

El acto eleccionario quedó judicializado porque la lista opositora interpreta que el oficialismo actuó de modo anómalo e incorrecto, ya que la Junta Electoral hizo que a una serie de votos depositados en una urna les fuera automáticamente interpretada su voluntad de sufragar en la otra.

Por esa circunstancia ocurrió que el escrutinio provisorio le daba el triunfo a la oposición y el recuento definitivo le dio la victoria al oficialismo en la Seccional Santa Rosa.

En el proceso, hubo más desconcierto: la conducción de UTELPa decidió que la seccional, para que no quedara paralizada, mantuviera sus actuales autoridades hasta que hubiera una definición sobre el asunto. El oficialismo argumentó que así está establecido en el estatuto, aunque la oposición considera que esa circunstancia no está escrita de manera explícita.

La Justicia provincial fue la primera que se sacó el papeleo de encima: se declaró incompetente y el expediente pasó a la Justicia Federal, que hizo lo propio (coincidieron la fiscala Iara Silvestre y el magistrado Juan José Baric).

Pero el juez coló en ese dictamen algunas referencias que arrimaron más rarezas, y que lo obligaron en las horas subsiguientes a hacer aclaraciones públicas.

Baric escribió -en lenguaje más propio de un comentario periodístico editorial que de resolución judicial- que considera "prudente dar intervención al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, quien deberá designar un funcionario a fin de que realice los actos administrativos y de conservación patrimonial fundamentales para el desenvolvimiento de la Seccional Santa Rosa de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Provincia de La Pampa, hasta que exista pronunciamiento sobre la cuestión negativa de competencia planteada".

Después "aclaró" que no estaba refiriendo a una intervención en términos tradicionales, y que ni siquiera consideraba "obligatorio" que el Ministerio cumpliera alguna tarea sobre el asunto: "si el Ministerio considera que no es necesario su intervención lo informa y siguen las cosas como hasta ahora", redondeó.

Con lo cual la situación amenaza por permanecer tal cual está, en extrema confusión y con la legitimidad puesta en duda, por los tiempos de los tiempos, ya que está bastante claro que la Corte Suprema de Justicia no se abocará prioritariamente a esta situación, y que su costumbre suele ser actuar sin plazos y sin tomar demasiado en cuenta lo que puedan estar necesitando en algún rincón de provincia.

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