Anuncios para una esperanza y realidades sombrías

Una de cal…

El gobierno pampeano protagonizó en la semana que se fue un par de actos públicos en los que en tono positivo y optimista marcó el rumbo del futuro que se imagina, aunque por ahora atado a la posibilidad de que la macroeconomía se estabilice y la inflación deje de corroer el poder adquisitivo del sector trabajador.

Los números oficiales respecto del aumento de precios marcaron que julio fue otro mes en el que los bolsillos del pueblo perdieron frente a la especulación y las variables que incrementan los valores de los productos de primera necesidad.

En ese contexto, sin embargo, hay indicadores que reafirman el crecimiento de la actividad económica e incluso del empleo, pero bajo la advertencia de que una inaceptable proporción de los trabajadores registrados están por debajo de la línea de pobreza.

En ese contexto, los gobiernos también se esfuerzan por dar "buenas noticias" y sostener los ánimos de una población golpeada no solo por esa realidad sino por la incertidumbre y el desánimo que se genera.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto acompañó al presidente Alberto Fernández y otras autoridades en el acto de firma de contratos vinculados con el gasoducto Néstor Kirchner: esa obra es estratégica y podría modificar la realidad argentina a partir del año que viene, si es que se concluye una de sus fases, a partir de la disposición de energía que también abriría las puertas a la exportación.

Ese gasoducto pasaría también por La Pampa y es lógica la expectativa provincial en esa vinculación con el proceso productivo de Vaca Muerta.

Ziliotto también hizo su propia presentación en la provincia, al encabezar el informe del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV) respecto de la cantidad de viviendas que se construirían en el período de gobierno 2019-2023: son 4.919 casas que se harán en La Pampa con el objetivo de paliar un déficit habitacional inédito, que llega a alrededor de 20 mil familias, según los cálculos oficiales.

Esa falta de viviendas se hizo notable en los últimos años, sobre todo durante la etapa del gobierno nacional macrista, que no construyó una sola casa social y fue a contramano del promedio hasta entonces habitual, que era de unas 1.000 viviendas anuales.

A eso se sumó la falta de políticas provinciales para el sector, a excepción de algunas iniciativas que en ese momento eran menores y que recién empezaron a ponerse en marcha al cobrar noción de la dependencia del gobierno central para intentar garantizar desde el Estado el acceso a un derecho básico y elemental como el del techo propio.

El gobierno neoliberal discriminó a La Pampa y fue dañino en muchos aspectos, pero esencialmente en lo que tiene que ver con las políticas de vivienda, a partir del interés que prefirió defender (en este caso, el de los bancos y el poder financiero): además de no invertir en viviendas sociales destruyó los mejores aspectos del programa ProCreAr o condenó a sus adjudicatarios al pago de los créditos mediante la aplicación del intragable índice UVA.

Remontar esa cuesta no es nada sencillo, pero la esperanza es que el movimiento que se nota en la materia, y que reaviva a la industria de la construcción -que a su vez dinamiza a otros sectores de la economía- encuentre dentro de algunos años sensaciones más parecidas a la felicidad del pueblo.

…y una de arena…

Frente a esas ventanas abiertas al futuro, con algún grado de confianza, se perciben otras perspectivas populares e institucionales desde las cuales asoma dificultoso imaginar un destino de bondades.

En estos días la disputa política por el aumento del boleto de colectivo en el municipio focaliza en el enfrentamiento entre el oficialismo y una oposición que exacerba sus resistencias, pero el fruto final y concreto de esa circunstancia es que los sectores trabajadores terminarán afrontando de su bolsillo un costo cotidiano que les seguirá complicando la existencia.

La docencia pampeana decidió una medida de fuerza para visibilizar también en La Pampa las realidades que golpean al sector, en este caso puntualmente en Chubut, pero también en otras provincias donde a los padecimientos económicos de trabajadores y trabajadoras se suman la persecución política y judicial por parte de quienes ostentan el poder y contra representantes sindicales.

Por algo es que el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad Alfredo Carrascal también salió en estos días a advertir sobre algunas impresiones respecto de lo que se viene, pero no a partir de una interpretación caprichosa o demasiado subjetiva, sino de elementos reales y de asuntos que las economías sociales ya vienen padeciendo.

En ese sentido, al atraso de las tarifas en la provincia que ponen en riesgo a las entidades solidarias se suman algunas medidas que se ven venir por parte del nuevo ministro de Economía, que se adivinan a partir de sus antecedentes y de las prioridades discursivas, que remachan sobre la necesidad de controlar planes sociales y achicar subsidios pero no ponen en el centro de sus preocupaciones la sideral renta de quienes "cortan el bacalao", dijo Carrascal.

El dirigente también mencionó el rol que viene cumpliendo el Ente Nacional de Comunicaciones, desde el inicio de la gestión comandado por el sector massista, y donde es evidente el vínculo con el Grupo Clarín y la falta de voluntad política para cambiar asuntos estructurales que permitan, entre otras cosas, que el Estado y las cooperativas puedan ser jugadores de importancia en el terreno de las telecomunicaciones, donde por ahora las multinacionales actúan a su antojo y conveniencia.

Ese panorama también es posible, en gran parte, gracias al comportamiento connivente de importantes porciones del Poder Judicial, siempre muy dispuesto a obrar en beneficio -casi de modo asociativo- con los medios de comunicación del establishment, que son en realidad representaciones de corporaciones que involucran otros suculentos negocios.

Ese rol se ha dado para sí también la mismísima Corte Suprema de Justicia, un organismo desfasado respecto de los intereses populares, con comportamientos vetustos, exacerbado en su machismo, su clasismo y su centralismo, y que en la semana que se fue volvió a quedar en el centro de las miradas pampeanas, a partir de la demanda de que se otorgue una audiencia a la Provincia para que el fallo que ese mismo organismo firmó deje de ser letra fría en un papel y se haga práctica la recuperación de una parte del caudal del río Atuel para el territorio pampeano.