El lenguaje, también rehén del negocio electoral

El gobierno porteño prohibió el uso del llamado "lenguaje inclusivo" en el sistema educativo, y además bajo la advertencia de que se aplicarán sanciones a quienes se rebelen ante la resolución.

Se trata de una decisión radical, de dudoso alcance concreto, que lo que instala sobre todo es un clima autoritario y cuyo objetivo, claramente, es lograr adhesiones políticas de una porción del electorado. De ahí que los delfines pampeanos de la misma fuerza hayan copiado la idea y ahora propagandicen esa problemática que antes ni les interesó.

No hay en el uso del lenguaje inclusivo ninguna característica que pueda volverlo dañino para las personas que conforman la comunidad educativa, donde además esa utilización es absolutamente minoritaria y marginal: puede aparecer en una charla informal, en alguna consigna pintada en un pizarrón, pero no forma parte de la columna vertebral institucional y curricular.

Sin embargo, en afán de instalar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, la alianza neoliberal reincide en su estrategia de buscar un negocio a partir de la exacerbada "grieta": para sumar votos, ese espacio de la derecha necesita radicalizarse, incluso "robando" las adhesiones que en los últimos tiempos parecen haberse volcado al filofascismo disfrazado de "libertario".

El efecto concreto y perdurable de la decisión oficial es, finalmente, el bastardeo de un debate que podría ser enriquecedor y cae así en un terreno más bien berreta, en el que se fogonean los posicionamientos fanatizados, sin mucha argumentación.

Ni hace falta aclarar que el lenguaje inclusivo no resulta precisamente uno de los temas de interés social en esta hora de crisis: ni por su urgencia ni por su verdadera importancia es algo que en esta instancia vaya a modificar la vida de la ciudadanía.

Pero sin embargo, el solo hecho de prohibir, echar mano a sanciones, endurecer el discurso de la persecución y la estigmatización, embanderarse con la homogeneización, pinta a las claras cuál es el posicionamiento ideológico de ese gobierno centralista frente a la práctica educativa, y mucho más allá de las palabras bonitas que aceptan la disidencia y la democracia.

La educación porteña está muy basada en el negocio de escuelas y colegios privados, en una ciudad que es la más rica del país, que tiene el ingreso per cápita más alto -con una diferencia a veces escandalosa respecto del resto- y que sin embargo sigue siendo privilegiada con fondos nacionales para atender sus necesidades.

Y así y todo, no es precisamente una prioridad la inversión educativa, sino que por el contrario a veces parece que el Estado propiciara un vaciamiento tendiente a la destrucción de la educación pública: maltrato a docentes, escuelas con pésima infraestructura, marginaciones de distinto tipo.

Por otro lado, es probable que en el mediano plazo la medida de Rodríguez Larreta -aun con apoyo ferviente de un sector conservador de la población- caiga en el ridículo y se demuestre un fracaso, no solo porque el lenguaje es dinámico e impone el cambio por su propia naturaleza, sino porque las generaciones más jóvenes tienen incorporado el uso del lenguaje inclusivo con una naturalidad que contraste con el drama que hacen los espacios más cavernarios cuando escuchan la palabra "todes".