La verdad sobre Lucio, más cerca; el ajuste y la represión, también

Una de cal…

La realización del juicio político en la Legislatura provincial para determinar cuál fue el rol de dos funcionarias judiciales intervinientes, y más precisamente si incumplieron de algún modo sus funciones, permitió echar luz sobre el proceso previo al infanticidio del que fue víctima el niño Lucio Dupuy.

Las autoridades a las que sentaron en el banquillo son la jueza de Familia de General Pico Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Ajenadra Catán, quienes fueron acusadas a partir de planteos legislativos y luego de las manifestaciones públicas insistentes y reiteradas por parte de la familia paterna.

El gran punto en cuestión, según esas acusaciones, es que las funcionarias intervinieron en el expediente mediante el cual se determinó que Lucio debía vivir con su madre, Magdalena Espósito, quien a la postre fue una de las condenadas por el homicidio ocurrido en Santa Rosa.

El acto institucional permite que lo que hasta ahora fueron declaraciones públicas, o comentarios en las redes, o referencias al paso, se conviertan en testimonios concretos, explicaciones que requieren de cierta precisión o rigor, y una necesaria presentación de pruebas, o al menos indicios.

Después de que desfilaran 33 personas en su carácter de testigos, y cuando aún faltan algunos trámites para completar el trámite investigativo, lo que el juicio está dejando a la luz es que múltiples factores incidieron en la vida de Lucio y posiblemente en el fatal desenlace, pero poco puede achacarse desde el punto de vista formal a la magistrada y a la asesora.

Es paradójico, pero ese mismo trámite que permite en este momento que algo más parecido a la verdad completa salga a la luz, parece ser más la consecuencia de una mirada social y mediática sobre el caso, que de la real existencia de algún dato concreto que permitiera el reproche sobre la intervención judicial de las funcionarias.

A esta altura, a partir de los relatos aportados por la propia familia paterna, parece claro que cuando Lucio fue entregado a su madre no hubo ante las autoridades intervinientes ninguna referencia a la posibilidad de hechos de violencia, y más aún esa decisión de que el niño se fuera a Santa Rosa fue más bien la consecuencia de un acuerdo entre las partes, sin que las autoridades estuvieran involucradas directamente.

Desde ya que la decisión final la tomará el jurado interviniente, pero es imposible evitar la sensación de que a partir de una comprensible angustia e impotencia, algunas de las personas que más afecto sentían por Lucio, y que por lo tanto quedaron envueltas en el dolor y la tristeza, empezaron a buscar culpas a como diera lugar, quizá sin medir demasiado si ese arrebato perseguía real justicia.

A esa ofensiva, que quizá ni siquiera tuvo mala intención pero sí es carente de racionalidad plena y de equidad en el tratamiento de las personas, se plegaron sin mirada crítica algunos medios de comunicación y, lo que es más grave, algunas autoridades legislativas, que posiblemente ahora deberán salvar su conducta inicialmente apresurada.

…y una de arena…

El gobierno nacional hizo dos anuncios centrales durante la semana que se fue, en los cuales pareció perseguir el objetivo de confirmar lo que plantearon diversos sectores políticos respecto de que la gestión que encabeza Javier Milei llega con la intención de aplicar ajuste con represión.

Esa nueva realidad, que anticipa la repetición de tristes escenas de hambre y desocupación, derramará hacia todo el país, incluyendo a La Pampa, donde el gobernador Sergio Ziliotto anticipó que si la ultraderecha ganaba las elecciones se complicaría la posibilidad de poner en marcha el programa pensado para la provincia: esas advertencias repitió ante intendentas e intendentes de toda la región y todos los sectores políticos, que se reunieron en Winifreda.

El gran ajuste gran lo anticipó el ministro de Economía Luis Caputo, un viejo conocido de los argentinos interesados por la cosa pública que saben que "el Messi de las finanzas" es un especialista en la timba financiera que por eso mismo en su presentación aludió a números, macroeconomía e indicadores, sin mencionar nunca personas, ni trabajadores, ni salarios.

La gran noticia que acompañó al ajuste salvaje es que "vamos a estar peor que antes", según redondeó el ministro, aunque desde ya que él no es de los que estará peor, ya que otra gran revelación del Caputazo es que vuelve intocable a la casta, que según las promesas del presidente iba a ser el sector que pagara los platos rotos.

La devaluación bestial ya achicó de un plumazo los salarios, la importación libre derivará en una inevitable desindustrialización y por lo tanto en fábricas cerradas y despidos, la recesión impactará en el comercio y en más desocupación y persianas bajas, el "no hay plata" llevará a la caída de la recaudación impositiva de las provincias y no hay que hacer magia para adelantar que esos ánimos de necesidad y angustia ocasionarán también hechos de inseguridad y violencia.

Por eso mismo otra de las alas del gobierno, también proveniente de Juntos por el Cambio, se puso la gorra rápidamente: la ministra Patricia Bullrich, que ya fue funcionaria de otras dos experiencias de gobierno ajustador, anunció con gusto su protocolo represivo, cuestionado directamente por inconstitucional, con el que pretende impedir la protesta social.

Lo hizo con el discurso que la caracteriza, en tono pendenciero y provocador y con arrebatos despectivos hacia los protocolos anteriores, a los que pretende descalificar como "garantistas", cuando esa es justamente la característica de la Constitución Nacional.

La ofensiva del ajuste y la represión fue severísima en una primera semana de gobierno, que hasta parece que hubiera sido un año entero: están palmariamente demostradas cuáles son las intenciones del gobierno que se planteaba como "lo nuevo" y como un ataque a la casta, cuando en realidad asoma como una experiencia deseosa de terminar con la democracia tal como la conocimos hasta hoy.