La provincia vivió su peor semana en relación al coronavirus: se dispararon los casos y eso obliga a insistir en la necesidad de concientización, mientras que la situación en que quedaron involucrados varios funcionarios avergüenza al Poder Judicial.

Una de cal…

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El Ejecutivo provincial, por una decisión política que tomó el Ministerio de Salud y que tuvo el respaldo de las más altas autoridades, decidió exponer como corresponde a tres funcionarios judiciales que violaron algunas de las normativas que establece la cuarentena, según describe la propia denuncia: el juez del Tribunal de Impugnación Penal Pablo Balaguer, el juez correccional Miguel Vagge y el fiscal general Guillermo Sancho.

En el mismo acto, el poder político actuó de modo ejemplar y diligente con un funcionario del área de Salud (Pedro Arcuri) que compartía la misma reunión nocturna: lo separó del cargo y lo incluyó entre quienes tendrán que dar respuesta ante el Poder Judicial.

La situación generó convulsión y reacciones, porque además había presentes en el lugar otras personalidades que gozan de privilegio y ocupan espacios de poder, como el empresario Carlos Ruiz, quien aceptó la existencia de ese “asado”.

También se generó conmoción porque entre los presentes en ese encuentro había sujetos contagiados con coronavirus, y después del encuentro los funcionarios mantuvieron contactos con otras personas o acudieron a sus lugares de trabajo y se vincularon con empleados y empleadas.

Se entiende como absolutamente lógica la reacción del gremio que agrupa al sector judicial, que reclamó prontamente la realización de hisopados a los funcionarios involucrados, y expuso un proceder quizá perezoso y por lo menos contradictorio del Poder Judicial, que por ejemplo estuvo muy veloz para dictar la feria cuando apareció el “caso de la verdulera” pero que ante esta situación quedó paralizado, quizá también como consecuencia del escándalo.

De todos modos estuvo presto el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, que con su rápida aparición pública al menos aportó algo de transparencia al episodio y contribuyó a aventar una porción de las sospechas siempre reinantes respecto de que por ser funcionarios judiciales los acusados serán mejor tratados que cualquier otro ciudadano.

En cambio, desde el Ministerio Público Fiscal aparecieron nuevos ruidos, no solo por las excusaciones hasta comprensibles que se produjeron para investigar el caso, sino por el inoportuno reproche que la autoridad que afrontará el expediente (Jorge Marcelo Amado) hizo al Ejecutivo provincial.

Amado, en un rol difícil de explicar, se ocupó de mediatizar su mensaje político, opinando en contra de la participación del Ejecutivo en la causa, aun cuando hay involucradas altas autoridades, una situación que por lo tanto abre la necesidad de que el poder político ponga sobre el tema la mirada, para evitar que primen posibles comportamientos propios de “la familia judicial” y para de algún modo representar el interés ciudadano.

Más aún porque uno de los involucrados directos es tan luego el fiscal que motorizó –con particular mano dura– todas las investigaciones que se hicieron a personas comunes por no respetar las normativas vinculadas con las restricciones por cuestiones sanitarias.

Después de que trascendiera una situación que, aun cuando se trata de conductas particulares avergüenza en general al Poder Judicial, los integrantes de esos organismos públicos tienen la doble responsabilidad de cumplir con su tarea y hacerlo además con un decoro que la sociedad reclama y necesita especialmente en este momento.

…y una de arena…

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Mientras tenía lugar ese escandalete en los rincones del poder, en la calle, en los barrios y en la vida real, la preocupación y la angustia aumentaron de modo proporcional a la cantidad de casos de COVID-19 que empezaron a conocerse en la provincia.

El contagio que, casi todo lo demuestra, inició su brote por los contactos entre Pellegrini y Catriló llevó al gobierno provincial a tomar la rápida decisión de volver a la Fase 1 de la cuarentena a las localidades con situaciones que generan inquietud, entre ellas las dos principales ciudades de la provincia.

La atinada respuesta del poder político, que hasta este momento había manejado la crisis con medidas y tono oportuno y con éxito en los resultados, es de todos modos insuficiente como respuesta a una situación que, está demostrado por lo que se ve en el resto del país y del mundo, requiere especialmente de la responsabilidad social.

Y desde ya que no solo de la responsabilidad social: la capacidad que tengan las áreas de Epidemiología y de Salud en general no se agotan únicamente en su capacidad técnica o la utilización efectiva de los recursos disponibles (humanos y materiales) sino también en el modo de comunicar sus acciones y decisiones.

En los días previos a que estallara el brote hubo ciudadanos y ciudadanas que de buena fe, no bajo alguna motorización político-partidaria o bajo la ofensiva del “anticuarentenismo”, se inundaron de dudas a interrogantes porque ante consultas concretas por síntomas o posibles vínculos estrechos recibieron respuestas no del todo satisfactorias.

En ese sentido, habitantes de la comunidad santarroseña expresaron con cierta consternación que detectaron que no en todos los espacios del área de Salud el profesionalismo y la cordialidad son los deseables: esos cortocircuitos que en un tiempo “normal” pueden ser menores, en momentos y frente a cuestiones tan sensibles como las que ahora necesariamente aborda toda la población, se vuelven centrales respecto de sus efectos.

También es necesario insistir en que, como repiten las autoridades cada vez que pueden, el coronavirus es novedoso y por lo tanto desconocido en numerosos de sus aspectos: eso implica que la humanidad es ignorante de ciertos costados de la pandemia.

En ese marco, nada bueno puede esperarse de la reacción de algunas minorías poco empáticas que eligen ponerse en riesgo para hacer ver sus problemas, en un contexto complejo y de difícil resolución: pueden entenderse situaciones de angustia personales y sectoriales, pueden comprenderse intereses afectados, pero eso no justifica ni mucho menos la falta de consciencia y la exposición a situaciones de peligro.

Un detalle importante de la decisión oficial al anunciar la Fase 1 fue la actitud de los representantes políticos de la oposición principal (la UCR y el PRO), que con su presencia en la conferencia de prensa respaldaron las medidas, lo cual es un aporte de madurez aun cuando a la hora de dar “buenas noticias” el propio oficialismo quizá no había tenido tan en cuenta a esos sectores.