Una reparación histórica y los fantasmas de la peor violencia 

Una de cal…

La Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia decidió en su sesión de esta semana concretar una reparación histórica con comunidades de pueblos originarios: se aprobó la transferencia de dos inmuebles, uno en Parera y otro en General Acha, a las comunidades Rankül Nahuel-Auca y Ñancufil Calderón, respectivamente.

Lo que podría haber sido una resolución unánime de la representación que tiene el pueblo en la Legislatura provincial quedó a mitad de camino, porque en el marco de un proceso electoral que contagia ese tipo de decisiones, la oposición que integra la alianza Juntos por el Cambio prefirió votar en contra aduciendo motivos más parecidos a excusas que a argumentos.

La reunión legislativa contó con presencia de las comunidades beneficiadas y eso generó una emoción literalmente extraordinaria, desacostumbrada en las sesiones que generalmente son trámites burocráticos sobre asuntos ya conversados y en general acordados previamente.

La oposición prefirió no dejar su nombre inscripto en ese acto que las comunidades interpretaron como histórico, ya que el PRO y la UCR encontraron un inconveniente aparentemente no subsanable: en un exceso de celo plantearon que su postura es que cada vez que el Estado provincial ceda un inmueble, lo haga "con el compromiso del beneficiado de darle un destino específico con un fin comunitario que lo justifique".

La historia del Estado provincial y las distintas comunas está repleta de cesiones de este tipo, a sectores sindicales, privados, religiosos, y en general no se sabe que haya habido alguna resistencia de este estilo, o que se le encuentre una "quinta pata al gato" para oponerse a lo que en realidad es una reparación. Por otra parte, la plana nacional de Juntos por el Cambio no ha sido precisamente tan destacada por cuidar que no se dilapiden los recursos del Estado.

Tal vez uno de los verdaderos motivos de la disidencia haya que buscarlo en una advertencia que hizo, por ejemplo, el lonko de la comunidad Nahuel Auca, Pedro Coria, quien festejó la decisión bajo la siguiente aclaración: "la tierra es para vivir y los territorios para cuidarlo. Siempre evaluamos y decimos que el Estado es el mismo que viene de la conquista y tenemos gobiernos en este Estado, más sensibles o menos sensibles. El gobierno de La Pampa, comparado con cualquier otro, principalmente con el de Jujuy, es un gobierno sensible".

El radicalismo local viene de tenderle una alfombra roja al gobernador jujeño Gerardo Morales, quien no solo motorizó una reforma constitucional bajo cuestionamiento en perjuicio de los pueblos originarios que cuidan una serie de territorios, sino que además ordenó una violenta represión sobre la protesta social que disparó esa modificación de la carta magna que rige los destinos provinciales.

La UCR pampeana privilegió su campaña electoral, en la que propicia que Morales sea vicepresidente de la Nación, y a su modo abrazó la causa extractivista, en el marco de una serie de políticas públicas que no se han preocupado por disimular el racismo y la estigmatización de pueblos indígenas.

Morales y sus seguidores no solo siguen reivindicando la represión con la que respondieron a la protesta social, sino que han aprovechado ese despliegue de violencia para hacer proselitismo, en competencia con Patricia Bullrich y Javier Milei para contentar a los sectores de la población que piden mano dura y venganza, a su vez agitados por los medios del establishment porteño.

… y una de arena…

La situación en la que un niño de apenas 8 años se comunicó con la Policía para advertirle que en la familia lo estaban golpeando puso en evidencia muy diversos costados de una problemática que sacude las fibras más íntimas de una sociedad que además viene especialmente conmovida por este tipo de episodios a partir del infanticidio de Lucio Dupuy, cuyos fantasmas volvieron a rondar en estos días.

El pibe pidió auxilio por vía de un celular acusando a su madre y a su padrastro de violentarlo, lo cual implica por un lado que la institución policial actuó al menos en ese caso puntual de manera acorde, y que el estado de cosas llegó a tal punto que el propio niño no encontró mejor modo de zafar de lo que estaba viviendo que ese reclamo de socorro.

Sólo imaginar la situación genera angustia, y permite detectar que en el camino hubo numerosas fallas de la sociedad adulta, que forzaron a ese nene a dejar su etapa de inocencia para ponerse resguardo o conseguir el cuidado que evidentemente no apareció en otros ámbitos o personas.

Ya está suficientemente repasado que en el infanticidio de Lucio, además de la conducta delictiva y cruel de quienes estaban a su cargo, se desnudaron claras falencias estatales a la hora de prevenir y salvar: ni la escuela, ni Salud Pública, ni la Policía, ni vecinos y vecinas, ni el Poder Judicial pudieron alertar respecto de lo que estaba ocurriendo en el seno de esa familia antes del fatal desenlace.

En este caso, fue el propio niño el que tuvo que tomar esa responsabilidad, que obviamente no le compete.

También es parte de la problemática la reacción de la comunidad de manera posterior a ese tipo de hechos: así como hay medios de comunicación que se inclinan al morbo y al sensacionalismo, hay autoridades públicas que dejan mucho que desear, con más razón frente a circunstancias como esta y en un contexto en el que no precisamente pueden jactarse de gestiones exitosas.

La respuesta que dio el responsable de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Rodrigo Lofvall ante una consulta de El Diario habla a las claras del riesgo que implica que los egos y la soberbia personal puedan imponerse por sobre la función que le corresponde a un funcionario público.

Lofvall pudo estar enojado con El Diario, o stressado por la situación, que se acumula a una larga serie de episodios desafortunados que involucran al área, pero ni así se puede justificar su teoría de que "no le debo explicaciones a nadie, ni a la comunidad, ni a un medio de comunicación, ni a vos".

Es de esperar que esa tesis haya sido motivo de debate en el organismo, e incluso entre los superiores, porque es una falsedad absoluta: Lofvall, como cualquier funcionario público pero más aún en un sector de semejante sensibilidad, sí que le debe explicaciones a la comunidad.

No se trata de hacer leña del árbol caído ni caer en un facilismo ramplón, pero no hay que descartar que una de las razones por las que estos episodios se repiten ante un Estado ausente o por lo menos desatento, es esta postura desidiosa de parte del funcionariaje de distintas jurisdicciones y poderes.