Una respuesta humana y el ninguneo de un conflicto

Una de cal…

Las personas que residen en dos asentamientos de Santa Rosa encontraron finalmente durante la semana que se fue una respuesta concreta, y positiva, de parte de la Cooperativa Popular de Electricidad respecto del servicio de energía eléctrica para las viviendas que ocupan en esos predios.

Se trata de vecinos y vecinas que se afincaron en los espacios que ya tienen por nombre "El Nuevo Salitral", en el noroeste de la capital, y "Micaela García", en la zona inmediatamente cercana al barrio Santa María de La Pampa.

Esos dos sectores de Santa Rosa se conformaron en los últimos años a partir de la imperiosa necesidad de contar con tierra y vivienda, consecuencia del déficit habitacional que creció de modo estrepitoso en el período del gobierno neoliberal que discriminó a la provincia y no construyó una sola vivienda social en cuatro años.

Esa circunstancia ya ha sido muy explicada, incluso en estas líneas, que han señalado también la ausencia de políticas públicas provinciales suficientes en ese sentido, algunas de las cuales fueron apareciendo justamente al calor de la demanda popular.

Hoy ese déficit sigue haciendo estragos en la población pampeana, además en un contexto de crisis que achica el poder adquisitivo de manera descomunal y en un panorama donde está a la orden del día la especulación del mercado inmobiliario que impone precios exorbitantes a los alquileres.

En ese marco, la conformación de los asentamientos asomaba como inevitable, por más que no sea el modo más ordenado y que incluso bordee la frontera de la ilegalidad: la realidad se impuso por sobre cualquier normativa, y la referencia a la supuesta "organización política" de esos movimientos también queda chica y con el tiempo inexistente ante la palmaria evidencia de la necesidad.

Las personas habitantes de esos barrios -a los que se suma un tercer espacio, "El Amanecer"- tuvieron que atravesar un período que les parecía interminable hasta que la Municipalidad y la Cooperativa se pusieron de acuerdo en algunas reglas básicas y dejaron de patear la pelota o de observar esa coyuntura con los ojos de la burocracia en vez de abordar la problemática con una mirada que ponga en primer plano esa necesidad imperiosa de un grupo humano.

Desde ya que algunas demoras y precauciones son entendibles por parte de esas instituciones, y de hecho ahora será un tema el modo en que se afrontará el costo de las obras necesarias, pero bienvenido sea que al fin la cuestión fundamental se haya puesto en el centro de la escena.

Sería interesante que las estrategias, políticas públicas y propuestas a futuro que pueda haber apunten a mejorar la calidad de vida también con un orden institucional, pero mientras tanto estos grupos de familias no podían seguir siendo considerados como inexistentes, porque esas mismas personas viven de un modo que ni siquiera eligieron porque les parezca lo más fácil, sino que no les quedó otra.

 …y una de arena…

 La oposición política reclamó que autoridades públicas brinden explicaciones en la Legislatura provincial explicaciones sobre la situación de violencia que se padece en los establecimientos escolares.

Los bloques del PRO y del radicalismo se pusieron de acuerdo en convocar para escuchar ese informe tanto al ministro Pablo Maccione como al defensor de Niñez y Adolescencia, Juan Pablo Meaca.

El mensaje de la alianza opositora es crítica respecto del accionar, o la falta de accionar, del Ejecutivo ante lo que describen como un incremento de los episodios conflictivos: las fuerzas opositores insisten en la tonalidad de sus exposiciones, que prefieren hacer hincapié en los cuestionamientos al oficialismo antes que aportar ideas propositivas.

Es una de las funciones de la oposición política, desde ya, y sobre todo un estilo que las mismas fuerzas y dirigentes que las integran parecen haber decidido para el espacio que integran.

Mucho más allá de esas conveniencias y oportunismos, que suelen ser parte del juego político partidario, las áreas oficiales alcanzadas por la problemática también tienen unas cuantas deudas pendientes, no tanto con la dirigencia política que ahora se alarma por estos episodios, sino con la comunidad educativa que día a día convive en los establecimientos.

Las respuestas públicas que han dado las autoridades del Ministerio de Educación no solo han sido insuficientes y ambiguas, sino que no han estado a la altura de las circunstancias y aparentan no solo estar lejos de elaborar posibles soluciones sino incluso a una importante distancia de comprender qué es lo que realmente está pasando.

En ese contexto, también el gremio que agrupa a la mayoría de la docencia quedó mal parado, a partir de defecciones evidentes en el contacto y la representación de trabajadores y trabajadoras que venían haciendo hincapié en estas realidades pero que por lo visto no fueron escuchados en tiempo y forma.

Esa conducta llevó a que la representación más genuina en el inicio del conflicto estuviera en manos de grupos que se denominan a sí mismos "autoconvocados", que fueron los que plantearon el tema ante la opinión pública y que muy prontamente consiguieron masificar sus demandas, en demostración de que era un asunto en la agenda que sin embargo estaba ninguneado por los entes oficiales.

Ahora, con el tema ya instalado y una inevitable sensación de que el conflicto ha sido abordado de manera tardía, Educación tendrá que dar explicaciones, además en un panorama en el que el gobierno llega al final de su mandato, y por lo tanto de un ciclo, y se supone que tiene en su radar la posibilidad de generar cambios que mejoren los aspectos más flojos de su gestión.