Violencia escolar en agenda y una patoteada mendocina

Una de cal…

El gobierno provincial accedió de inmediato a un planteo gremial para tratar en la paritaria docente "condiciones laborales", que es el eufemismo que se eligió para poner en agenda lo que en los pasillos y en las conversaciones cotidianas es referido como hechos de violencia en las escuelas.

La conflictividad social que estalla en las aulas, como puede ocurrir en otro ámbito de encuentro masivo y transversal, merece desde ya una mirada preocupada y ocupada del Estado y de los sectores que están involucrados de manera directa.

En todo este tiempo, incluso, queda la sensación de que hay espacios de representación o de la comunidad educativa en general que parecen haber naturalizado determinadas circunstancias, que no solo son episodios concretos de violencia extraordinaria, sino un largo y complejo proceso en que hasta las funciones lógicas de la docencia se ven modificadas por ese entorno.

Ese fue el primer disparador de los planteos que hizo públicos un grupo de "autoconvocados", como se autodenominan quienes decidieron visibilizar la problemática, sacarla a la calle y ponerla en la agenda pública.

Ese reclamo, que salió de las bases y que desde ya tiene motivaciones políticas -en el mejor de los sentidos- no fue atendido, al menos de manera prioritaria, por el gremio que agrupa a la mayoría de trabajadores y trabajadoras, que de todos modos intentó recomponer su accionar y llegó a plantearlo de modo formal cuando la demanda ya se había extendido por otras vías.

El ejercicio del poder sindical vuelve imperioso que quienes ejercen esa representación afinen su atención sobre determinadas problemáticas que a veces están más allá del sistema burocrático, y que si no son consideradas a tiempo van generando un caldo de cultivo o un malestar más extendido y riesgoso.

A la vez, parece haber una tendencia a cierta negación por parte de quienes tienen niveles de responsabilidad estatal, como si asumir esa realidad y describirla implicara que es culpa de quienes tienen cargos públicos: en todo caso lo que no pueden hacer funcionarios y funcionarias es meter bajo la alfombra determinadas situaciones, que además son harto evidentes.

Es imposible que no haya conflictos en el día a día: es la consecuencia esperable, inevitable de un combo de crisis social, económica y política, sumada a las propias características de las edades de quienes asisten a escuelas y colegios, en un mundo en transformación permanente, con el agregado de un futuro en duda y a la salida de una pandemia que implicó una severa cuarentena.

En este caso, la fuerza del contexto, que está a la luz desde hace tiempo, apuró los trámites de modo tal que los planteos -que primero fueron de un sector en un colegio pero que enseguida se extendieron a otros ámbitos- tuviera el eco suficiente como para que el Estado reconociera la necesidad de poner el asunto sobre la mesa.

…y una de arena…

Ni siquiera después de la queja pública de La Pampa el gobierno nacional se hizo eco de los reclamos públicos y formales por su nueva conducta inconstitucional en perjuicio de nuestra provincia para garantizar un privilegio a Mendoza al pactar la posibilidad de un avance de la presa El Baqueano.

Peor todavía, al cómplice silencio de las autoridades del gobierno central se sumó el tono patoteril y pendenciero con el que el gobierno de la provincia cuyana decidió responder a los argumentos históricos, políticos y ambientales que La Pampa expuso en diversos ámbitos públicos e institucionales.

El pacto que fueron a mirar con Mendoza el ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón, ya ha sido dicho en estas líneas, es otro abuso que vulnera la confianza de pampeanos y pampeanas, que pasa por encima de la Constitución Nacional, que ningunea los derechos hídricos de nuestra provincia pero también los derechos ambientales de la población.

De alguna manera, además, constituye una traición a las políticas públicas que el mismo gobierno nacional sostiene en otras circunstancias y a los compromisos que la propia secretaria de Energía tomó en su última visita a nuestra provincia.

Esos arreglos logrados bajo la mesa, en general con la connivencia de otros poderes instituídos (el Judicial muy especialmente) son también el fruto de una suerte de Ley de la Selva en la que Mendoza aprovecha su capacidad de lobby, generada por su pertenencia territorial, por el manejo de recursos que tiene y que no es comparable al de otras jurisdicciones, y también por el peso electoral que tiene en el mapa nacional a partir de su cantidad de habitantes.

Pero no hay en esas resoluciones un solo detalle que tienda a la justicia, y además de ser una aventura impracticable porque ni siquiera existirá el agua que permita esa generación de energía con que se ilusiona el proyecto, lo que hay es una deformación del sistema federalista, ya que una provincia que se pretende dueña de los recursos naturales ni siquiera hace un movimiento para consultar a otros estados que forman parte de la cuenca del recurso hídrico que ser verá afectado.

En ese terreno plagado de incoherencias y despropósitos ni siquiera llama la atención que para responder a la queja pampeana el gobierno mendocino no haya podido ensayar argumento alguno y en cambio haya mandado a que su ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, se comportara como un barrabrava para "pedirle" al gobernador Sergio Ziliotto "que se compre una vida y se deje de joder".

El funcionario mendocino incurre así en otra conducta que por lo menos debería generarle vergüenza a su propio gobierno, pero que sobre todo debería hacer algún ruido entre las autoridades nacionales, para terminar de comprender que ese estilo arrebatado e iracundo es el exacto complemento que corresponde a un accionar avasallante que se lleva puestos los derechos, el federalismo, la Constitución y los recursos hídricos.