La mafia judicial en el foco y una pelea por la extensión de los privilegios

Una de cal...

La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional por parte del presidente de la Nación incluyó entre los 27 temas a tratar los vinculados con el Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la necesidad de una reforma en el sector y, en síntesis, lo que desde hace tiempo se resume como el funcionamiento de una mafia judicial.

Esas temáticas, que la oposición política mete bajo la alfombra entre otras razones porque tiene una evidente alianza con esos sectores de la "república", habían sido anticipadas por el presidente, pero en su gestión ha sido tan dado a la manía de retroceder sobre sus propios pasos que nadie podía aventurarse antes de la formalización del llamado.

Aunque la situación corre el riesgo de convertirse en un espectáculo para la manipulación del show mediático, también es tiempo de que las instituciones se permitan ese paso de revisar comportamientos que en otro contexto serían escandalosos y que simplemente no lo son porque se han naturalizado la manipulación y el abuso de poder.

Con diversas excusas, el sistema político ha preferido en largos años facilitar ese accionar de un poder que es a las claras el más antidemocrático y el más dinosáurico, pero que sin embargo incide cada vez más en la vida de la población, y también de los organismos públicos, al punto de que últimamente se otorga facultades más propias del Ejecutivo y del Legislativo.

No solo ha ocurrido que la reforma judicial se patea eternamente, sino que además las denuncias por hechos evidentes, o las revelaciones de episodios de corrupción son finalmente morigeradas hasta perderse en el tiempo.

Como alertó en las últimas horas el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, el actual oficialismo también ha sido cómplice de ese penoso funcionamiento institucional, que entre otras cosas facilitó la designación de dos ministros de la Corte Suprema que habían sido insólitamente nombrados por decreto por Mauricio Macri, y con la propia aceptación de los involucrados.

Ese escándalo, sin embargo, se tamiza con diversas argumentaciones, se desdibuja, se deja caer en el olvido y se desaparece de los medios del establishment, que como confiesan en sus propias propagandas a la realidad la pueden hacer tapa o la pueden tapar.

Es dudoso qué derivaciones tendrá el proceso que se abre en el Congreso, en el que referentes pampeanos como el gobernador Sergio Ziliotto o el constitucionalista Andrés Gil Domínguez son citados como testigos, pero en todo caso asoma como positivo que ciertos aspectos siempre ocultos y oscuros puedan tener algún rayo de luminosidad ante la mirada atenta de la opinión pública.

Otra buena noticia derivada de la convocatoria a sesiones extraordinarias, es que se les haya pedido a senadores y senadoras que traten una normativa que por alguna razón quedó empantanada sobre fines del año pasado: el proyecto de Alcohol Cero, impulsado desde La Pampa por la Fundación Estrellas Amarillas, fue torpeado por el lobby bodeguero, pero en el último poroteo antes del receso contaba con los votos necesarios para convertirse en ley.

…y una de arena…

En función totalmente alejada de su rol institucional y convertido en un propagandista del PRO, el jefe de Gobierno porteño y pretendido candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta desembarcó en nuestra provincia con el tono que suele caracterizar a una porción de la dirigencia de ese espacio y de ese territorio.

Larreta llegó con la misión de dar un espaldarazo a su delfín local, el diputado nacional Martín Maquieyra, en la puja interna que tiene Juntos por el Cambio, pero mucho más que ello dio la sensación de venir a difundir entre pampeanos y pampeanas supuestamente ignorantes una especie de verdad revelada sobre asuntos de actualidad.

Puntualmente, Rodríguez Larreta aseveró que La Pampa no tiene porqué meterse en la situación que privilegia a la ciudad que gobierna, ya que -aseguró- a nuestra provincia no le causaría ningún efecto que la coparticipación se reparta según el criterio que piensa aplicar la Corte Suprema de Justicia, que de algún modo ya adelantó en una cautelar algunas razones y argumentos.

La ciudad de Buenos Aires es la predilecta del poder y del mercado, es por lejos la ciudad más rica del país, la que tiene los máximos beneficios la mayoría de las veces en perjuicio del resto de la Argentina, la que disfruta del mayor ingreso per cápita, es el territorio donde los poderes institucionales y fácticos residen y arreglan condiciones y es la que con potencia cada vez mayor aplica un centralismo que causa permanentes efectos e impactos en toda la Argentina.

Ignorar esa realidad, ocultarla o manipularla para tapar otros intereses, no puede durar toda la vida. 

La teoría de Rodríguez Larreta es que la plata que se le destine a su ciudad, en un fallo que temporalmente justo aparece para saciar la necesidad de recursos de su campaña electoral, no implica ningún recorte o ajuste sobre el resto de las provincias, como si el dinero del Estado no fuera un recurso finito, o como si la plata contante y sonante surgiera por generación espontánea.

Si hay una torta para repartir y el Poder Judicial dispone de una porción desmesurada para la ciudad de Buenos Aires, necesariamente las otras porciones, las que corresponden a las provincias del "interior" se reducirán en beneficio porteño.

La falta de humildad del dirigente del PRO lo impulsó a ese discurso según el cual -pese a que hay una decena de gobernadores sosteniendo la defensa de los intereses provinciales- se cree con la seguridad de que es el único especialista en "federalismo", e intenta convencer al resto de que ese planteo no puede tener ninguna resistencia.

Desde una forma maniquea de dibujar la realidad, limita la discusión y establece de manera ramplona que cualquiera que se opone a esa visión es "totalmente kirchnerista", como acusó al gobierno de Sergio Ziliotto.

Lejos de esa realidad, hay incluso dirigentes opositores que desde la sensatez de defender el interés de las provincias advierten sobre la inconveniencia de los recortes que implicará una decisión de fondo que reduzca los ingresos de unos para engordar las arcas porteñas y la caja de Larreta. El diputado nacional Martín Berhongaray es en ese sentido uno de los que abrió el paraguas sobre el asunto.