La tragedia que no fue y la obra de nunca acabar

El azar estuvo del lado de la comunidad y un episodio que perfectamente podría haber sido una tragedia no se cobró víctimas humanas prácticamente por milagro. 

Aún así, el derrumbe del techo de la Cooperativa Popular de Electricidad dejó una sensación de inseguridad e impactó de lleno a partir de las imágenes impresionantes de la destrucción de esas oficinas donde cotidianamente circulan decenas de trabajadores y trabajadoras y centenas de clientes de la entidad solidaria.

Las primeras explicaciones de la dirigencia responsable de la conducción, lógicamente, no pudieron profundizar sobre las hipotéticas razones de semejante episodio, y tampoco estuvieron muy a la altura de la demanda ciudadana al momento de analizar implicancias e impactos del hecho.

Transcurridos algunos días de la sorpresa y la estupefacción, la CPE se dio la posibilidad de estudiar el panorama y definir en el seno de su cuerpo de delegados algunos pasos a seguir, entre ellos el de ordenar una pericia para determinar qué desidia o negligencia pudo haberse cruzado en el camino.

Ese estudio estará en manos de profesionales que no son de la provincia, aparentemente porque en La Pampa no había quienes aceptaran encargarse de la tarea, quizá ante la sensibilidad que podría implicar llegar a algunas conclusiones como parte de ese análisis.

El presidente del Consejo, Alfredo Carrascal, aseveró que en ese cuerpo de conducción nadie estaba al tanto de alguna necesidad urgente de tomar decisiones vinculadas con esa estructura: de ese modo deslindó responsabilidades, o al menos dejó a salvo el rol que cumplió la dirigencia.

Sin embargo, ya en las primeras horas posteriores al hecho florecían versiones y comentarios de que el techo estaba apuntalado desde hace años, aseveraciones de que su estado no era el mejor y relatos sobre la caída de mampostería en las jornadas previas al desenlace. Esa mirada fue ratificada por el trabajador Horacio Ramos, del área de Obras Civiles.

Solo un estudio un poco más serio, lo cual requerirá de responsabilidad y paciencia, aportará algo más de luz a un proceso en el que también debe ponerse bajo la lupa el accionar de alguna empresa privada que haya tomado intervención.

Mientras tanto, no faltaron en el ámbito de la opinión pública y de las redes sociales miradas sobre el asunto que van desde la sensatez hasta los discursos de odio, además de críticas sindicales lógicas, en reclamo de mejores condiciones de seguridad para quienes se desempeñan en el lugar

Por un lado, cierto es que la dirigencia de la CPE ejerce esa tarea desde hace años y en ocasiones el solo paso del tiempo requiere de mecanismos y herramientas especiales para evitar el aburguesamiento o la inercia y poder sostener así la legitimidad de una representación: la lista única sostenida en el tiempo ha provocado incluso que los actos eleccionarios sean cada vez menos participativos.

Por otro lado, no hay duda de que sectores interesados en apropiarse de la conducción de una entidad solidaria de funcionamiento a grandes rasgos ejemplar, están permanentemente atentos a la posibilidad de dar el zarpazo, por los mecanismos que fueren, sobre una institución que si algo tiene es que le pertenece al pueblo de Santa Rosa.

…y una de arena…

La semana que se va dejó un colmo entre los colmos: aun después del laudo presidencial y cuando el propio gobierno mendocino parecía haber cobrado definitiva noción de que la aventura de Portezuelo del Viento había llegado a su fin, surgió una propuesta insólita pero real.

Nada menos que el diputado nacional Julio Cobos, que supo ser gobernador mendocino y vicepresidente de la Nación, soltó la propuesta de que la provincia cuyana directamente pase por encima de las decisiones institucionales del país y encare el inviable emprendimiento sin atender a ningún otro interés.

La situación parece como escapada de una película de aquellos vaqueros del oeste que sacaban chapa de acuerdo a su prepotencia o su cantidad de pólvora, pero proviene sin embargo de la usina de un dirigente político que se ha llenado la boca hablando de republicanismo, mencionando la importancia de las instituciones y haciendo campaña en torno al federalismo.

Aunque la historia ya le tiene reservado un lugar a Cobos, desde ya, y no es precisamente el de leal representante de la voluntad popular, sobre todo después de que conspiró contra el gobierno del que formó parte.

Más allá de asuntos personales, el federalismo de Mendoza parece ser defender exclusivamente el interés de Mendoza, sus conveniencias exclusivas, y aun cuando eso implique perjudicar no solo a otras provincias sino al ambiente mismo.

El juego mendocino también parece ser tirar de la cuerda permanentemente, meter presión sobre distintos estamentos, instalar en la opinión pública pero también en la dirigencia nacional que La Pampa es intransigente, que actúa por capricho o resentimiento, cuando en realidad lo único que ha hecho la provincia -e incluso con demoras y tibiezas- es defender sus derechos más elementales.

Es por eso mismo que el propio Cobos, pero además con guiños de otros sectores dirigenciales e institucionales, desempolvó otra vez la idea de que Mendoza se aparte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), una demostración de su incapacidad para entablar conversaciones y consensos.

La historia de Mendoza en cuanto a sus comportamientos con los recursos hídricos se repite como tragedia y como farsa, posiblemente porque pese a la sistemática vulneración de derechos nunca encuentra una sanción acorde a los daños y perjuicios cometidos, y hasta se da el lujo de incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque en apariencia se cierren sucesivos capítulos (el fallo de la Corte por el Atuel, el laudo presidencial por el Colorado) la actitud de la provincia cuyana, sistemáticamente egoísta, permite aventurar que difícilmente habrá paz, al menos hasta que su dirigencia se ponga a la altura de las circunstancias de un sistema auténticamente democrático y federal.