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La voluntad política de reducir la arbitrariedad de la Corte

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El gobernador de La Pampa y sus pares firmaron un documento donde propician un máximo organismo judicial más moderno y más federal: esa batalla política y cultural es una deuda de la democracia.

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EL DIARIO digital

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Una de cal…

El gobernador pampeano Sergio ZiIliotto fue uno de los jefes provinciales que firmó el documento donde se advierte respecto de una necesidad que no es precisamente novedosa, pero que necesita de acciones para volverse realidad: una renovación de la Corte Suprema de Justicia.

El planteo es consecuencia de una serie de decisiones políticas del máximo organismo judicial, que cada vez más representa una caricatura de los peores vicios del Poder Judicial, la única de las organizaciones de gobierno que desde su propio modo de conformarse desdeña de las formas democráticas.

La centralización del poder en cada vez menos manos, y además en representantes de las mismas clases sociales dominantes y de los territorios geográficos históricamente privilegiados, han exacerbado la tendencia de la Corte a ejercer su poder de modo abusivo y sin atender mínimamente los planteos genuinos que puedan hacer espacios más cercanos a los clamores populares.

La tradicional postura machista de la llamada "justicia" también se ve potenciada con la actual configuración cortesana, donde las cuestiones de género más básicas ni siquiera son tomadas en cuenta para los formalismos.

Hay en debate una serie de proyectos para configurar una nueva Corte Suprema, a la altura de las necesidades sociales y de los tiempos que corren, haciendo el intento de despojar a quienes ocupen esos altos cargos de una serie de características que distinguen a esos cortesanos y que los alejan del común de los mortales.

El máximo organismo judicial pasó a lo largo de su historia por diversas etapas, muchas de ellas atadas a los vaivenes políticos del país, pero sin dudas es el más atrasado de los poderes de gobierno y el que menos necesidad tiene de escuchar los reclamos populares y las demandas de la ciudadanía, puesto que sus cargos no necesitan de ninguna reválida mediante adhesiones o simpatías.

Resultó una vergüenza la Corte de los ''''90, que se constituyó en una simple herramienta para que el gobierno justicialista neoliberal pudiera concretar a su antojo la "reforma del Estado" en tiempos de globalización y bajo un festival de corrupción, todo eso además atado a una "reconciliación" que metía bajo la alfombra el Terrorismo de Estado y a la imposición imperial del Consenso de Washington no solo en asuntos económicos.

A la salida de esa Corte sobrevino una integración que posiblemente haya sido la mejor de su historia, según reconocen desde distintos ángulos políticos, puesto que impuso facetas novedosas y de avanzada, priorizó los Derechos Humanos, abarcó las perspectivas de género y ambiental y de alguna manera hizo honor a la llamada "independencia" de criterio.

…y una de arena…

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La Corte actual nació renga durante el macrismo, cuando al ubicar a dos de sus miembros el gobierno neoliberal hizo el intento de meterlos por la ventana, mediante un insólito decreto al que después el Congreso avaló.

Independientemente de esas metodologías, quedó consagrada una conformación de tendencia filopatronal, retrógrada en varios aspectos y que se ganó su lugar en la historia (no precisamente en el bronce) cuando pretendió consagrar el 2x1 en beneficio de los delincuentes de lesa humanidad.

Una reacción popular por medio de una movilización masiva demostró que el comportamiento antidemocrático del Poder Judicial también tiene límites: aunque no haya voto popular en la elección de sus miembros, aunque se sostengan en sus cargos in eternum y aunque no paguen impuestos como lo hace el resto de la ciudadanía, las autoridades judiciales a veces también tienen un freno para hacer lo que se les antoja.

Eso no impidió que en los últimos años hubiera una desembozada operación para incidir en decisiones políticas, en general trazando alianzas con sectores de las organizaciones de Inteligencia y con las corporaciones mediáticas.

Protagonistas estelares de esas maniobras se han mantenido impunes y siguen ejerciendo sus cargos simplemente porque gozan de los favores del poder fáctico, que funciona mucho más allá de las normas que rigen al resto de la ciudadanía.

La intervención cortesana respecto del Consejo de la Magistratura (el organismo creado por la Constitución para la selección de autoridades judiciales y su sanción) fue la frutilla de ese postre: en una decisión totalmente desfasada en el tiempo y cargada de intereses, el organismo declaró inconstitucional una ley que se había sancionado 15 años antes y aprovechó la volada para imponerse en la presidencia de ese cuerpo.

Si el Ejecutivo o el Legislativo hubieran dado ese paso abusivo, la reacción del otro poder del Estado, de la opinión pública y de la comunidad en general, hubiera sido escandalizada, pero en este caso pasó como si se tratara de una decisión institucional absolutamente natural porque la medida contó con la complicidad de la oposición política y de los medios del establishment, en afán de perjudicar al actual oficialismo.

Ahora el Congreso hace el intento de salvar de alguna manera la institucionalidad, a partir del debate en el que durante la semana que se fue tres reconocidos pampeanos del Derecho (Gustavo Arballo, Andrés Gil Domínguez, Francisco Marull) brindaron sus posicionamientos, cada cual desde diversas perspectivas, a fin de que se pueda salir del mejor modo de una maraña que asoma riesgosa.

Los gobernadores de las provincias decidieron entonces meterse en ese juego, donde desde ya que no hay ingenuidades ni accionares desprovistos de conveniencias, pero donde a la vez aparece la necesidad social de que el Poder Judicial tenga un límite, puesto que por momentos parece estar ejerciendo el poder con mayores atribuciones que las personas que fueron votadas para ello.

La manía de manejar los tiempos de acuerdo a los antojos y utilidades es uno de los aspectos que facilitan las arbitrariedades por parte de quienes ejercen ese poder, del mismo modo que se potencian los atropellos a medida que esas potestades quedan en menos manos, y que esas pocas manos representan a poderes ya dominantes o a jurisdicciones geográficas históricamente privilegiadas.

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